El episodio, si bien es muy poco conocido, fue mencionado tempranamente en el libro del periodista español José Barcón Olesa, Monografía completa de la Región del Colla (1902), y ha sido investigado recientemente en los trabajos de Nicolás Duffau y del autor de esta crónica. El estudio de este hecho pone en evidencia la dinámica especulativa de las empresas de tierras, el problemático estatus de las tierras ejidales y la situación de inestabilidad de los ocupantes y poseedores criollos.
Con la fundación de las colonias valdense y suiza, a partir de la década de 1860, las tierras comenzaron a valorizarse. “La astucia individual cedió el paso al negocio financiero y éste surgió prepotente y avasallador, apoyado en la razón de la fuerza”, comenta Barcón Olesa, quien escribió cuando estos sucesos aún permanecían en la memoria local.
La villa del Rosario poseía una vasta extensión de terreno público o del común, conocida como el “Rincón de la Virgen” o “Rincón del Rosario”, de 19.000 hectáreas y habitada por numerosos vecinos, muchos de ellos sin títulos de propiedad o con una titularidad discutible. En 1874, la empresa “La Cosmopolita” adquirió esas tierras al Estado, desconociendo los derechos de la Comisión Auxiliar de la villa del Rosario, y propuso un plan de colonización. La empresa estaba representada por Justo Carassale y Felipe de la Torre, quien había sido juez de paz en Rosario. Cabe recordar que, en la jurisprudencia de la época, no estaba claro si la administración de los terrenos ejidales correspondía a las villas o al Estado nacional.
La empresa colonizadora, no obstante, prometió respetar las adjudicaciones realizadas por la Junta Económico-Administrativa. El plan preveía fraccionar la propiedad en terrenos destinados a la agricultura e instalar 200 familias antes de que transcurriera un año. La empresa dividió los terrenos en chacras de 15 hectáreas. Sin embargo, en cuanto al compromiso de respetar los predios concedidos, solo reconoció la propiedad de aquellos que tenían 20 años de posesión. Además, redujo las extensiones a 20 cuadras (es decir, 15 hectáreas), pese a que los pobladores ocupaban anteriormente superficies de 30 o 40 cuadras, y algunos incluso de hasta 120, debido a las concesiones realizadas en 1810. Como consecuencia de estas disposiciones, unas cien familias quedaron en una situación delicada, ante el riesgo de perder toda o parte de sus tierras.
Este negociado, iniciado durante la gestión del presidente Ellauri, tuvo un desenlace sangriento con la llegada del Militarismo. En junio de 1876, el juez letrado de lo civil de la 2.ª Sección (Rosario), Daniel Granada, ordenó realizar la mensura de los terrenos de chacra. Para esa tarea fue designado juez de mensura Felipe de la Torre. También se solicitó auxilio a la subdelegación de Rosario, para que enviara efectivos de la fuerza pública a respaldar las operaciones. Como muchos pobladores se resistían a que la empresa realizara las mensuras, terminaron por alzarse en armas para defender sus propiedades.
De armas tomar
El gobierno envió entonces un escuadrón de caballería y un batallón de infantería, a las órdenes del coronel Farías y de los mayores Beltrán y Máximo Santos. La resistencia fue cruenta y quizás una de las más obstinadas que se recuerden en el departamento por aquellos años. Se calcula que cien vecinos participaron en el levantamiento, armados con lanzas. El enfrentamiento dejó dos muertos, Pedro Suárez y Victorio Rivero, además de numerosos heridos y detenidos. En la prensa de la época, el periódico montevideano La Democracia comentó que las fuerzas del gobierno habían llegado a la región para “sacar caballos y arrear vagos”.
En agosto de 1876, la Policía promulgó un edicto en el que ofrecía garantías a los pobladores que se habían opuesto a las mensuras en el Rincón de la Virgen. El enfrentamiento también afectó a los estancieros de la zona. Para la incursión militar se habían requisado caballadas de la región y de San José, lo que motivó, ese mismo mes, un reclamo de los vecinos ante el jefe político Máximo Blanco.
Una vez establecidos los colonos, en su mayoría valdenses, la empresa incumplió algunas de sus promesas. Esto motivó reclamos de la Junta Económico-Administrativa departamental y del cónsul suizo. Al parecer, las gestiones no tuvieron efecto, ya que, según recuerda Barcón Olesa, todos los reclamos chocaron con los “sagrados intereses de la empresa que realizaba el negocio, con el apoyo de los fusiles”.
En este enfrentamiento no hubo motivos xenófobos. Cabe señalar que en el ámbito rioplatense se produjeron diversos brotes de xenofobia. Uno de los episodios más conocidos fue el de los crímenes de Tandil. En 1872, un profeta sui géneris apodado “Tata Dios” condujo a un grupo de criollos que asesinó a 36 extranjeros. Además de la xenofobia, hubo motivos políticos: cuando ocuparon la plaza principal, lo hicieron al grito de “¡Muerte a los masones! ¡Muerte a los extranjeros! ¡Viva la Confederación Argentina!”.
La rebelión en el departamento de Colonia, en cambio, fue contra la empresa y no contra los colonos valdenses que iban a adquirir las tierras. Según la documentación disponible, después de los sucesos no hubo intercambios conflictivos entre criollos e inmigrantes. Sin embargo, el episodio dio lugar a la aparición de memorias contrapuestas.
A raíz de este conflicto se conformaron dos memorias: una vinculada a la villa del Rosario y de carácter criollo, y otra inmigratoria, relacionada con la comunidad valdense. Cada una interpretó los acontecimientos de un modo particular, a partir de los tópicos ideológicos de la época: criollismo frente a europeísmo y civilización frente a barbarie.
La primera memoria se desarrolló durante las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del XX. Estuvo marcada por la revalorización del pasado histórico de la villa del Rosario y por una mentalidad de carácter criollo. Su principal expresión fue el libro de Barcón Olesa. En sus páginas, los miembros del ejército, aliados de los “usurpadores” de la empresa, son calificados de “cosacos”, “forajidos” y “sediento[s] de sangre”, mientras que los pobladores criollos aparecen caracterizados como “arrogantes”, de “insuperable valentía” e “intrépido[s]”. Según esta interpretación, los manejos arbitrarios de una empresa con evidentes fines especulativos habían afectado los derechos de pacíficos “productores” que, “con su sudor”, explotaban aquellas tierras. Pero no solo eso: también se habrían vulnerado las antiguas prerrogativas de la villa del Rosario, al arrebatarle gran parte de su ejido. De este modo, la defensa narrada por Barcón Olesa adquiere tintes de epopeya, en la que los pobladores protegen su solar nativo frente a ambiciones foráneas.
La otra memoria, elaborada desde la comunidad valdense, no negaba el conflicto ni las dudosas prácticas de la empresa, pero tendía a justificar el episodio con el argumento de que los pobladores expulsados eran vagos, ladrones y “gente de mal vivir”. Su erradicación habría sido, desde esa perspectiva, necesaria para impulsar la colonización agrícola y el progreso. Esta memoria se construyó durante la primera mitad del siglo XX, cuando la colonización valdense ya estaba asentada en el departamento de Colonia y en el Río de la Plata. Sus principales articuladores fueron dos integrantes de la jerarquía eclesiástica: los pastores Ernesto Tron y Emilio H. Ganz.
Con el paso del tiempo, ambas memorias y el episodio que les dio origen cayeron en el olvido. Para una identidad departamental que hizo del progreso y la armonía sus principales pilares, este conflicto y sus consecuencias trágicas fueron, (¿y continúan siendo?) sin duda, difíciles de procesar.
