El proyecto impulsado por el Partido Nacional (PN) para modificar la normativa que regula la forestación en el departamento Colonia se encamina a quedar archivado este viernes, cuando la Comisión de Ganadería, Agricultura, Pesca y Bienestar Animal de la Junta Departamental considere la iniciativa. Según distintas fuentes consultadas por la diaria, debido a las diferencias existentes al interior de su bancada, el oficialismo resolvió no acompañar el proyecto y promover su archivo, una decisión que representa un cambio en el recorrido de una propuesta que había sido impulsada desde el propio partido.
La iniciativa pretendía sustituir dos numerales del artículo 15 de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, aprobadas en 2013, y retirar una de las principales restricciones que Colonia estableció para regular la expansión forestal: el límite del 8% de los suelos con índice Coneat superior a 88 que pueden destinarse a esa actividad dentro de una unidad productiva.
La discusión volvió a poner sobre la mesa el modelo de desarrollo territorial del departamento, las condiciones para la convivencia entre distintas actividades productivas y las competencias de los gobiernos departamentales para establecer regulaciones propias. En ese debate aparecieron cuestionamientos por parte de ediles del Frente Amplio y del propio director de la Dinacea, Alejandro Nario, radicado en Colonia Valdense, por la falta de estudios de impacto y consultas a los sectores involucrados, así como diferencias sobre la relación entre la normativa nacional y las disposiciones que rigen en Colonia.
En diálogo con la diaria, el edil nacionalista y exintendente Walter Zimmer, quien también se opone a esa iniciativa, recordó que durante sus dos períodos (2005-2010 y 2010-2015) al frente de la Intendencia tuvo enfrentamientos con representantes del gobierno nacional y de empresas forestales por los intentos de extender las plantaciones en el departamento.
Zimmer sostuvo que las restricciones vigentes responden a una discusión que Colonia ya atravesó cuando se proyectaba la instalación de fábricas de celulosa en Conchillas -primero por parte del grupo español Ence y posteriormente por Montes del Plata- y cuestionó que ahora se pretenda modificar aquellas disposiciones sin considerar las características productivas del territorio. El exintendente afirmó que durante sus diez años de gestión mantuvo una posición contraria a la expansión de la forestación sobre los suelos de mayor productividad del departamento. Recordó particularmente las discusiones que tuvo por proyectos de plantación en las proximidades de Conchillas y las diferencias con autoridades nacionales respecto de la extensión de las áreas consideradas de prioridad forestal.
Zimmer cuestionó que se pretendiera habilitar plantaciones en tierras que, a su entender, constituyen algunas de las mejores superficies agrícolas y lecheras del país. “Este es un departamento ganadero, lechero y agrícola”, afirmó, y sostuvo que existen “tres o cuatro millones de hectáreas” en otras zonas del territorio nacional que reúnen condiciones para desarrollar la actividad forestal.
Para el exintendente, la discusión no puede limitarse al derecho de los propietarios a decidir qué actividad desarrollar en sus predios. “La tierra vos la podés conseguir, la podés comprar, pero con la tierra no se hace cualquier cosa”, expresó. En ese sentido, defendió la capacidad de las administraciones públicas para establecer regulaciones sobre los usos del suelo en función de las características y necesidades de cada territorio.
El edil también se refirió al proyecto presentado en la Junta y cuestionó la forma en que fue elaborado y discutido. Según sostuvo, durante el tratamiento en la bancada hubo integrantes que no conocían con precisión los alcances de la modificación propuesta y que posteriormente reconocieron su desconocimiento sobre el límite del 8% que establece la normativa departamental.
Zimmer afirmó que la última reunión de la bancada del PN, realizada el miércoles 18, terminó con la decisión de no votar la iniciativa y promover su archivo. Esa resolución política es la que deberá traducirse en una definición formal dentro de la comisión, añadió. En ese sentido, otros ediles nacionalistas consultados por la diaria señalaron que el proyecto “sería archivado” en la tarde del viernes 20 “cuando sea tratado por la Comisión de Ganadería”.
Las restricciones de 2013
La normativa cuestionada por el proyecto nacionalista fue aprobada mediante el Decreto 036/2013, en el marco de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Su elaboración estuvo vinculada con el debate que se produjo en Colonia durante el proceso de instalación de Montes del Plata y con las preocupaciones que generaba la posible expansión de la forestación sobre tierras de elevada productividad agropecuaria.
El artículo 15 estableció condiciones específicas para el desarrollo de plantaciones forestales. Entre ellas, incorporó la restricción que permite forestar hasta el 8% de los suelos de una unidad productiva cuyo índice Coneat sea superior a 88, con una superficie máxima de 100 hectáreas. Cuando se pretende superar ese porcentaje, la normativa prevé una autorización excepcional de la Junta Departamental, previo estudio técnico de un ingeniero agrónomo especializado en el área forestal del Ejecutivo departamental.
El proyecto que ingresó a la Junta el 24 de setiembre proponía sustituir los numerales 3 y 4 de ese artículo. En particular, planteaba que las plantaciones de hasta 100 hectáreas se rigieran por los términos y condiciones del Decreto nacional 405/021, que creó el Registro Ambiental de Plantaciones Forestales.
La diferencia entre ambos regímenes fue uno de los aspectos centrales de la controversia. Mientras la regulación departamental establece una protección específica para los suelos de mayor productividad, el decreto nacional dispone condiciones ambientales para determinados proyectos forestales, pero no reproduce el mismo límite territorial.
En su defensa de la iniciativa, la edila suplente Agustina Durquet sostuvo que el objetivo no era aumentar la superficie forestada, sino armonizar las disposiciones departamentales con la normativa nacional. También cuestionó la utilización del índice Coneat como herramienta para determinar la aptitud de los suelos y defendió la aplicación del sistema USDA, basado en análisis específicos de las características de cada terreno.
Durquet argumentó que existen situaciones en las que suelos clasificados con determinados índices Coneat presentan, al ser analizados mediante otros procedimientos, características productivas diferentes. Según afirmó, la superficie forestada representa aproximadamente el 2% del territorio departamental y no había experimentado un crecimiento significativo desde la aprobación de las restricciones en 2013.
La representante nacionalista sostuvo, además, que la modificación no eliminaría los controles ambientales ni las autorizaciones que deben cumplir los emprendimientos forestales.
Cuestionamientos al procedimiento y los posibles impactos
Uno de los cuestionamientos más contundentes llegó desde el Ministerio de Ambiente. El director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), Alejandro Nario, consideró que la discusión se estaba llevando adelante de manera apresurada y sostuvo que las disposiciones nacionales y departamentales no son contradictorias, como había argumentado Durquet.
En diálogo con la diaria, Nario explicó que la normativa nacional establece criterios generales para evaluar los proyectos forestales, pero eso no impide que los gobiernos departamentales adopten regulaciones específicas para ordenar las actividades en sus territorios.
El funcionario, radicado en Colonia Valdense, sostuvo que la discusión debería comenzar por definir qué modelo productivo pretende desarrollar el departamento. A su entender, las restricciones vigentes responden a una decisión estratégica de la sociedad coloniense, orientada a proteger una estructura productiva en la que la lechería, la agricultura de pequeña escala y la producción familiar tienen un peso histórico.
Nario también advirtió sobre las consecuencias que una expansión forestal podría tener en el mercado de arrendamientos rurales. Recordó que más de la mitad de los tambos arriendan los campos en los que producen y señaló que una mayor competencia por el acceso a la tierra podría encarecer esos contratos y afectar la continuidad de establecimientos lecheros.
El impacto, agregó, no se limitaría a los productores primarios, sino que podría alcanzar a las pequeñas fábricas de queso artesanal y a las plantas industriales que integran la cadena láctea del departamento.
Además de los cuestionamientos productivos, Nario planteó objeciones sobre el procedimiento. Recordó que el artículo 29 de la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible establece que las modificaciones de los instrumentos de ordenamiento deben realizarse mediante otros de igual jerarquía y siguiendo los procedimientos previstos para su elaboración y aprobación.
Por ese motivo, consideró que una modificación de las directrices departamentales requiere instancias de participación, consulta y puesta de manifiesto, además de la intervención de los organismos correspondientes. A su entender, el trámite promovido en la Junta no había contemplado esas exigencias.
Por su parte, el edil frenteamplista Martín Collazo, integrante de la Comisión de Legislación y Régimen, cuestionó desde el comienzo la ausencia de estudios de impacto y de consultas con las organizaciones vinculadas a la ganadería, la agricultura, la lechería y la propia actividad forestal.
Collazo explicó a la diaria que su participación en la comisión que promovió el tratamiento de la iniciativa no significaba que estuviera de acuerdo con su contenido. También rechazó la posibilidad de que una modificación de estas características se resolviera sin escuchar a los actores territoriales.
“Creer que, entre cuatro paredes, en una comisión o en una Junta Departamental, se puede resolver 20, 30, 40 o 50 años de desarrollo productivo del departamento sin salir a hablar con los actores territoriales es una desinteligencia”, había señalado.
El edil frenteamplista también advirtió que el proyecto podía retirar una protección específica sobre los suelos de mayor productividad sin que existiera una evaluación suficiente de sus consecuencias.
La iniciativa había tenido una primera postergación en la Comisión de Ganadería, Agricultura, Pesca y Bienestar Animal, que el viernes 6 no llegó a pronunciarse y resolvió extender el plazo de discusión a pedido del PN. Ahora, dos semanas después, la bancada nacionalista habría optado por no avanzar con la propuesta y promover su archivo.
De concretarse esa decisión, el proyecto no modificará las disposiciones aprobadas en 2013 y se mantendrá el límite departamental del 8% para las plantaciones en suelos con índice Coneat superior a 88.