En julio el Poder Ejecutivo envió al Parlamento su proyecto de Rendición de Cuentas, que incluía modificaciones en la institucionalidad del sector audiovisual. En el texto se derogan casi todos los artículos de la ley de cine de 2008, que creó el Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU) y el Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual, y se implementa en su lugar una Agencia Nacional Audiovisual (ANUA). Distintos actores del sector entendieron que esto podría significar una pérdida del apoyo a los contenidos nacionales, en favor de la prestación de servicios a producciones extranjeras.
En aquel momento, la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (Asoprod) manifestó que la creación de la ANUA podía ser positiva, siempre y cuando en el nuevo proyecto de ley se incorporaran garantías fundamentales, ya que “definiciones poco precisas” dejarían “en una situación de máxima vulnerabilidad a todo el sector”. Asoprod confiaba en que el diálogo con los actores políticos permitiría una negociación, pero el texto que se terminó votando el jueves en la Cámara de Diputados puso a la asociación “en estado de alarma”, ya que el articulado sigue presentando una definición ambigua del tipo de obra audiovisual que se buscaría fomentar.
Micaela Solé, integrante de la directiva de Asoprod, habló con la diaria sobre lo ocurrido desde que se conoció el primer texto hasta ahora. “Entre la primera presentación del proyecto y la segunda, nos escucharon parcialmente. Pero hay un par de puntos fundamentales en los que hacemos hincapié; sin ellos, estamos en contra del proyecto todo. Estamos a favor de la agencia si y sólo si la agencia cumple determinados requisitos”.
“Sigue habiendo una voluntad de dialogar, pero no hay un resultado concreto de cosas que son importantes: básicamente, cuál es la definición de producción audiovisual, qué tipos de cosas se van a fomentar, y a través de qué mecanismos”. Y agregó como inquietud el tema del dinero destinado al Fondo de Fomento, que “como está redactado podría irse entero para el funcionamiento de la agencia. Y se pierde la indexación del fondo, que era lo que se había logrado”.
La intención de Asoprod es que se hagan modificaciones en una de dos instancias posibles: cuando el proyecto del Poder Ejecutivo vuelva a la cámara baja, o en el Senado, en el que entró el lunes para ser discutido. “Son modificaciones de redacción que pueden ser consideradas detalles, o que se pueden hacer en la reglamentación de la ley, pero para nosotros es importante que la ley lo establezca. Porque la ley te protege de las interpretaciones y las arbitrariedades. Y si quedó en la ley, quedó en la ley”, dijo Solé.
Por último, señaló que la propuesta de Asoprod incluyó “muchas preocupaciones que vienen de las otras gremiales y asociaciones”, incluyendo aspectos que no estaban contemplados en la ley de cine de 2008 y que se lograron durante años de trabajo, como las políticas afirmativas y cuestiones de género en los llamados. “De parte de otras agrupaciones hay una estrategia más directa, de ‘la ley no se toca y no queremos la agencia’. Asoprod dice sí a la agencia, pero no a cualquier agencia”.
No a la agencia
En el Sindicato de Trabajadores, Técnicos y Profesionales del Cine y Audiovisual (GremioCine), la posición es más “principista”, según las propias palabras del directivo Daniel Fernandez Cappi. “Discrepamos con la táctica de pensar que el asunto es decir que sí a la agencia ahora y tratar de que sea un ente de política pública desde su concepción. Nuestra posición es que la agencia es una herramienta; no puede ser un instrumento de política pública, porque no lo es. Es una herramienta instrumental”, dijo a la diaria. “Se sustituye un instituto de la Dirección Nacional de Cultura por una agencia que tiene una orientación desde el punto de vista del mercado. No creemos que el mercado sea un instrumento para solucionar”.
“Si la agencia es para matar la política pública, no nos parece. Nuestra estrategia es trabajar en [la Cámara de] Senadores, ya tenemos entrevistas planteadas y pactadas, y vamos a seguir insistiendo en que lo mejor para el país y para todes es que esto pase a comisión”, agregó. “Ahora dimos un paso más, nos pusimos un poco más radicales. Como quedó firme en Diputados, decimos ‘no queremos ninguna agencia’. Porque si esto sigue, se institucionaliza una agencia donde desaparece la política pública con respecto al cine y el audiovisual, que es lo principal y que no debemos perder”.
También criticó que el directorio de la ANUA incluya la participación de privados, a diferencia de lo que ocurre con los organismos de otros países: “No tenemos que estar los privados, y nos incluimos como privados”. “Tenemos 40 días para ver si en el Senado se tuerce esto. Vamos a meter el cuchillo a fondo y si se mejora, se mejora. Siempre lo menos malo será lo mejor, pero nosotros pensamos en el día después”. Y finalizó diciendo que la movilización de GremioCine “seguirá tratando de hacer una alianza lo más amplia posible, y será contra lo que la agencia representa”.