A fines del año pasado, los uruguayos fueron testigos de un tenso enfrentamiento entre el gobierno y Spotify. El centro del conflicto fueron los cambios en la Rendición de Cuentas que reconocían el derecho de los intérpretes musicales a ser remunerados por la reproducción de su trabajo en las plataformas digitales, algo que hasta el momento no ocurría. La empresa consideró que la “falta de claridad” del texto de esta nueva legislación podía obligarla a “un pago adicional obligatorio” y, por ello, el negocio podría “volverse inviable”, así que amenazó con irse del país y llegó a poner una fecha límite de febrero de este año para el retiro de sus negocios en Uruguay.
Mientras los clientes recibían comunicados cada vez más definitorios, un decreto firmado por Luis Lacalle Pou en diciembre destrabó la negociación eliminando toda posibilidad de un pago doble al eximir a las plataformas del pago de estos derechos. Álvaro Delgado, por entonces secretario de Presidencia, había explicado en rueda de prensa que, para establecer las reglas de la nueva distribución de la remuneración, que ahora incluye a los intérpretes entre los llamados “derechos conexos”, se crearía una comisión en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). “Me parece que está bueno escuchar a todas las partes, todos tienen algo para aportar”, había agregado Delgado.
Esa comisión, que también integran la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes (Sudei) y la Cámara Uruguaya del Disco, solicitó que se elaboraran informes a las partes en la búsqueda de un acuerdo. Lo que ocurrió el martes 17 de setiembre, que mereció titulares en algunos medios de prensa, no fue una reunión con la titular del MIEM, Elisa Facio, sino que Sudei entregó su informe a dos de los asesores de Facio. “En la primera reunión ella nos pidió que el informe fuera lo más completo posible, como para darle al ministerio herramientas para avanzar el tema y cómo se podría implementar”, cuenta a la diaria Martha Caviglia, asesora legal de la institución. “El martes lo que hicimos fue entregar ese informe en mano y explicar en qué consistía, pero fue una formalidad”.
“El decreto se aprobó, entró en vigencia el primero de enero y el 31 de enero estábamos citados a una primera reunión”, agrega Caviglia, quien en varios pasajes de la charla destaca la velocidad y la voluntad política. Desde esa fecha, Sudei estuvo recopilando información, que, entre otras cosas, explica cómo funciona el pago de derechos conexos en el sistema analógico. “Lo que hicimos fue decir: ‘Esto es lo que pasa en el analógico’. Si voy a un principio de igualdad y en lo que yo creo que es este derecho, se tendría que extrapolar”.
Para Sudei, de todas maneras, lo importante es el foco de la cuestión, que podría perderse si la rencilla de Spotify vuelve a ser el centro de atención. “Los artistas no perciben los derechos que tienen que percibir, salvo algunos”, explica Caviglia. Eso motivó un reclamo por parte del colectivo, en forma de un “Manifiesto de voluntad de los artistas intérpretes y ejecutantes de Uruguay”, firmado por cientos de artistas, algunos tan notorios como Ruben Rada e integrantes de La Vela Puerca. El texto, que fue entregado junto con el informe el pasado martes, pide a las autoridades que se implementen los mecanismos de fiscalización y sanción para asegurar el cumplimiento de lo aprobado en la ley inicial, más allá de que entienden que hay “deficiencias” en el posterior Decreto Reglamentario. “A este manifiesto lo firmaron artistas socios, artistas no socios, comunicadores, gente que está en el medio y entiende de lo que se está hablando. Pero no es un apoyo a Sudei como institución, es un reclamo para los artistas, que creo que eso es lo que lo hace más legítimo”, remarca la asesora.
“Este gobierno apoyó a los artistas. La ley salió por unanimidad, el presidente dijo que se pusiese en rentas generales, pero Spotify tuvo una fuerza tan grande que terminó destrozando lo que habíamos generado”. Caviglia se refiere a que en una primera instancia las plataformas eran las que debían pagar a los intérpretes y esto se modificó ante el temor al pago doble. La comisión estudiará los informes, sin plazos establecidos para llegar a una resolución. “Hay un ideal que yo no puedo dejar de reclamar, que es como debería ser. Es lo que pasa en el mundo, lo que está probado y lo que funciona. No es lo que eligió nuestro país. Con esta realidad, que es la que eligió mi país, tendríamos que ir por un camino innovador, porque no existe en ninguna parte del mundo. Hay que ponerle pienso”.