Aunque desde marzo, cuando llegó el coronavirus al país, no hay espectáculos deportivos con público, el Poder Ejecutivo actualizó recientemente la normativa sobre el registro y derecho de admisión de los hinchas violentos, manteniendo un criterio que viene de la anterior gestión del Ministerio del Interior: los clubes, organizadores del evento, son los responsables del control de ingreso y deben contratar para ello seguridad privada, mientras que la Policía actuará en las tribunas si la situación lo amerita.
Así lo explicó en diálogo con la diaria el gerente nacional de Deportes, Gerardo Lorente, quien redactó un decreto fechado el 5 de enero que “reguló el procedimiento y las causales” de ingreso a la lista de hinchas impedidos de asistir a los eventos deportivos. Esto surge de una anterior disposición del Poder Ejecutivo de 2016 —ahora derogada—, que encargó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) la confección del registro, que se aplica desde entonces y lo integran unos 700 hinchas sancionados, aunque “no existía un plazo de duración de la medida”.
El nuevo decreto “establece las causales para que las personas ingresen, divide las conductas entre leves, graves y gravísimas, y determina que el plazo de la sanción debe quedar fijado de antemano por cada federación” deportiva, dijo Lorente. Es que ahora se prevé que el registro se aplique para todos los deportes y no sólo el fútbol, y que quienes sean sancionados no puedan asistir a ningún evento de este tipo. Otra “innovación”, según el funcionario, es que se otorga al hincha “el derecho de revisión” de la sanción y la posibilidad de “pedir pruebas”.
Tal como consignó El Observador días atrás, la máxima pena por hechos de violencia será la inhabilitación de asistir a eventos deportivos por 15 años. El ingreso al registro de hinchas podrá ser determinado por el Poder Judicial al dictar un fallo, o por las federaciones deportivas, a iniciativa de los clubes o por solicitud del Ministerio del Interior. Hasta ahora, explicó Lorente, una comisión creada en la órbita de la AUF definía “en función de lo que había hecho” la persona “si entraba o no, sin un plazo previsto de antemano”. Si la infracción es considerada leve, la sanción será de seis meses a un año, si es grave entre uno y cinco años, y hasta 15 por los hechos más graves.
En esta última categoría entran “la tenencia o disparo de armas de fuego o la participación en delitos tales como homicidio, lesiones graves o gravísimas, secuestro, rapiña, copamiento, proxenetismo, o delitos sexuales” asociados al espectáculo deportivo, indica el decreto.
El establecimiento de un plazo de antemano busca dar garantías a los hinchas y también evitar que dirigentes puedan hacer gestiones para que una persona salga del listado que le impide asistir a los estadios, dijo el gerente de la Secretaría Nacional de Deportes (SND). A su vez, se dio un plazo de 120 días a la AUF para que evalúe “en función de la conducta” los tiempos de sanción de los 700 hinchas que ya integran el listado por haber participado en hechos de violencia en el pasado.
La Policía dentro o fuera de los estadios
El actual titular de la SND, Sebastián Bauzá, fue entre 2010 y 2014 presidente de la AUF, y su salida tuvo que ver con la decisión del gobierno de José Mujica —con Eduardo Bonomi como ministro del Interior— de no enviar más policías a los partidos de fútbol hasta que los clubes no aprobaran un código de sanciones más severas por los hechos de violencia. Ya sin Bauzá en la AUF, eso derivó en la regulación de 2016 y la decisión de que sea la seguridad privada la encargada del control de los hinchas en el ingreso y dentro de los estadios.
Este criterio fue cuestionado desde el inicio por los clubes y dirigentes del fútbol, que entendían que el Ministerio del Interior abandonaba funciones que le corresponden. Lo mismo opinaba el actual presidente, Luis Lacalle Pou, que siendo senador en 2015 presentó un proyecto de ley para que la Policía se encargara del derecho de admisión.
Pasaron los años y cuando en enero de 2020 se conoció el borrador de la ley de urgente consideración (LUC) que preparaba la coalición de gobierno, se informó que la Policía volvería a las canchas, revirtiendo la medida de la administración frenteamplista. “La admisión o exclusión de personas de los espectáculos deportivos y de otros espectáculos de carácter masivo constituye una facultad del Ministerio del Interior, en el marco de su competencia, la cual será ejercida por este a través de la Policía Nacional”, decía el anteproyecto.
Meses más tarde, la LUC salió del Parlamento con modificaciones en este punto. Por un lado, se estableció que “las personas físicas o jurídicas organizadoras de los espectáculos públicos podrán ejercer el derecho de admisión”, y por otro se dispuso que el “derecho de exclusión [sacar del lugar a un espectador violento] es una facultad que podrá ser ejercida, indistintamente, por el organizador del espectáculo público o el Ministerio del Interior”.
En esa misma línea va el decreto de principios de este mes, que indica que los clubes y federaciones, como organizadores del evento, “están obligados a adoptar, bajo su más estricta responsabilidad, todas las medidas necesarias para evitar que cualquier persona, mayor o menor de edad, que se encuentre incluida en el registro de personas impedidas, ingrese a un espectáculo deportivo, sea este de carácter oficial o amistoso, nacional o internacional”. A esos efectos, “quedan obligados a controlar el ingreso de las personas a los escenarios deportivos” mediante la contratación de seguridad privada.
Al respecto, Lorente sostuvo que la SND, en coordinación con el Ministerio del Interior, optó por “mantener la legislación anterior y perfeccionar algunas cosas”, y que se decidió continuar con el criterio “histórico de darle al organizador el derecho de admisión”. Subrayó que al agregar al Ministerio del Interior dentro de quienes pueden hacer uso del derecho de exclusión, la Policía podrá “actuar de oficio” ante hechos de violencia.
“La idea es que los clubes sean los encargados de la seguridad del espectáculo, pero pudiendo contar con colaboración del Ministerio del Interior. El criterio no es que de la puerta hacia adentro es responsabilidad de ustedes y nada más; eso no corre más, ahora se va a colaborar y la Policía entrará a la cancha si hay necesidad. Pero tampoco el Ministerio del Interior tiene recursos infinitos”, comentó el gerente de la SND.
Agregó que el nuevo procedimiento, tanto para el derecho de exclusión como para el registro de hinchas, comenzará a aceitarse a medida que se aplique, es decir cuando retorne el público a los estadios. Sin embargo, la Policía trabaja en la identificación de hinchas de Nacional que tiraron bengalas desde fuera del Centenario en la final del Torneo Intermedio ante Wanderers, disputada el 14 de enero. “Si se los identifica irán a la lista, porque el decreto plantea como una causal el uso de pirotecnia, tanto dentro como fuera del estadio”, informó Lorente.