Según informó el periodista Eduardo Preve con un posteo en X, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) intimó a Rampla Juniors a rescindir su contrato con la sociedad anónima deportiva (SAD) Soriano Fútbol Club, que desde inicios de 2025 administra el club. El MEC prepara una resolución de “intimación a la ejecución de la rescisión bajo apercibimiento de intervención”. En otras palabras, si no se rescinde con la SAD, intervendrá la institución, resolución que podría darse en los próximos días. Rampla Juniors tiene contrato con Soriano Fútbol Club por 30 años.
La intimación del MEC pretende hacer cumplir una decisión que se votó en una asamblea de socios en noviembre de 2025, poco después de que el conjunto picapiedra sellara su descenso al fútbol amateur y profundizara su crisis deportiva e institucional, que la llegada de la SAD, financiada por el empresario estadounidense Foster Gillett, prometía revertir.
En esa asamblea de socios también se aprobó la moción de declarar persona no grata a Gastón Tealdi, presidente de la SAD, y la de intimar a esta a cancelar los adeudos establecidos en el contrato, por unos siete millones de dólares. La comisión directiva del club votó en contra de ambas mociones.
El expresidente del club, Ignacio Durán, habló en nombre de los socios en el programa 100% Deporte (Sport 890) y reveló que el involucramiento del MEC en el tema se dio gracias a tres socios de Rampla que hicieron la gestión en la cartera “para que esto tuviera una decisión formal y adquiera más fuerza”. Según Durán, “la resolución está hecha y solo faltaría la firma del ministro [de Educación y Cultura, José Carlos Mahía]”, por lo que “es cuestión de días”. El abogado y exdirigente picapiedra señaló que “después sí se viene una parte bastante compleja”, en la que “es el club el que va a tener que tomar un camino legal con un equipo de abogados para no solo rescindir, sino habilitar los daños y perjuicios, producto de este incumplimiento que, como bien saben, hace dos años que están, y han sido promesas y promesas, y la verdad es que ha sido todo una gran mentira”.
Las deudas que arrastra Rampla ya condujeron a una intervención judicial en marzo, cuando la Justicia decretó el concurso necesario y ordenó el embargo de la institución. “Es un proceso largo y en general se trata de buscar algún recurso para que los acreedores puedan, al menos, cobrar algo en el corto o mediano plazo” explicó entonces Tealdi. El proceso incluye la designación de un síndico –en este caso, la Asociación Uruguaya de Peritos– que analiza las deudas a pagar en función de la lista de acreedores y del patrimonio del club.
Consultado por la diaria, Tealdi expresó que “si la intimación del MEC es que cumpla con la rescisión del contrato con la SAD, eso es imposible porque Rampla está intervenido judicialmente y las decisiones de carácter contractual y económico las toma el síndico y no la asociación civil”. Según el presidente de la SAD, “es muy difícil que el síndico quiera rescindir contrato [con] la SAD, cuando es la única que le puede dar la posibilidad de solucionar todo el lío y que Rampla se mantenga en competencia”.
