Días atrás el Poder Ejecutivo emitió un decreto que fue celebrado como “un logro” por los promotores privados de la construcción, ya que rebajó a una tercera parte —de unos 6,7 millones de dólares a 2,3 millones de dólares— el monto mínimo para acceder al régimen especial de exoneraciones destinado a los proyectos inmobiliarios. Esta disposición amplió los beneficios para el sector establecidos en abril por el gobierno.
El régimen especial para grandes obras fue instaurado en 2016 y luego modificado en 2018, aunque los montos mínimos para acceder eran bastante más altos. “El espectro que podía abarcar era muy limitado”, señaló el gerente ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU), Aníbal Durán. Pero tampoco había plena conformidad con el decreto que emitió el gobierno en abril, que impuso como monto límite 60 millones de Unidades Indexadas (UI), unos 6,7 millones de dólares, porque “el grueso de los promotores que construyen entre 2.000 y 4.000 metros no llegaban” a postular.
Por eso la gremial inició contactos con el presidente Luis Lacalle Pou, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Así lo contó Durán en un reciente editorial que escribió para la revista de APPCU, en el que agradece que “el presidente una vez más honró su palabra”. De hecho, el decreto del Poder Ejecutivo menciona que los cambios surgen por “planteos por parte del sector de la construcción sobre la necesidad de ampliar el elenco de inversiones elegibles”.
¿Qué cambia con la nueva disposición? El abogado Federico Camy, del Departamento de Impuestos de Grant Thornton Guyer & Regules, explicó que el régimen de exoneraciones abarca los proyectos de construcción de inmuebles con destino a vivienda u oficinas, así como los emprendimientos de urbanización. A su entender, el reciente decreto genera un segundo esquema de beneficios destinado a “obras medias”, que superan las 20 millones de UI o 2,3 millones de dólares de inversión (sin contar el terreno) y no accedían a ingresar al régimen para grandes obras.
En ambos casos, los constructores son exonerados del pago del Impuesto al Patrimonio (IP), tributos de importación, el IVA pago a los proveedores, y acceden a una exención diferencial para el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) que pagan los proyectos en función de su ganancia. En este último caso el porcentaje a descontar de la liquidación de IRAE va creciendo gradualmente en función de la inversión, desde 5% para los proyectos de 2,3 millones de dólares a 40% para los que superan los 64 millones de dólares.
Algunos requisitos exigidos son: que el proyecto sea presentado antes de que finalice 2021 a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) —oficina que funciona en la órbita del MEF—; si es obra nueva que sea inscrita en el Banco de Previsión Social (BPS) a partir del 1º de diciembre de 2020 y se complete en los 60 meses posteriores a tener el permiso de construcción del gobierno departamental, no pudiendo excederse más allá del 30 de abril de 2025; y para obras ya inscritas en el BPS (con o sin actividad al día de hoy) donde resta ejecutar al menos 20 millones de UI, se pide completar el proyecto en 48 meses desde la presentación a la COMAP y no más allá de abril de 2025.
Camy sostuvo que a este esquema de exoneraciones se debe sumar el régimen de vivienda promovida, que también brinda beneficios a los constructores y fue modificada al inicio del gobierno —atendiendo el planteo de APPCU de eliminar los topes de precios para una parte de las construcciones—. El abogado indicó que las medidas son “un empujón para que se lancen nuevas obras”, y que los proyectos inmobiliarios generan empleo y dinamizan la actividad en barracas, cementeras y otros proveedores.
Según Durán, el gobierno “captó lo que significa invertir en la industria de la construcción privada, sustancialmente en vivienda”, y “entendió lo que es ‘el círculo virtuoso de la obra’”. Para el gerente ejecutivo de APPCU, los promotores privados ahora deberán “responder con inversión”.