El análisis del sistema de seguridad social que debe hacer la comisión de expertos —formada en noviembre con representantes del gobierno, los partidos políticos y los sectores sociales— incluye el régimen de ahorro individual, que gestionan durante la vida activa del trabajador las AFAP y luego termina en una renta vitalicia que paga en función de lo ahorrado el Banco de Seguros del Estado (BSE). Sobre la situación de estas dos áreas, los riesgos que existen y los cambios regulatorios a implementar, existió un contrapunto entre el borrador que se presentó a la comisión de expertos y un documento elaborado por el Frente Amplio (FA).
Como informó el lunes la diaria, tanto el FA como las delegaciones de trabajadores, jubilados y empresarios están preparando sus comentarios, críticas y agregados al documento borrador que divulgó a fin del año pasado el presidente de la comisión de expertos, Rodolfo Saldain —designado por el gobierno—.
El objetivo de este primer informe es hacer un diagnóstico del sistema previsional, y la discusión en función de distintas visiones cobra fuerza porque de esa evaluación surgirán las reformas, que serán analizadas en una segunda etapa por la comisión. El plazo para la entrega del documento final, que debe surgir por consenso o en segunda instancia por mayoría de nueve votos, vence los primeros días de febrero, pero todo indica que habrá una prórroga.
El diagnóstico inicial que divulgó Saldain plantea respecto del régimen de AFAP que la empresa de propiedad estatal República AFAP “cuenta con ventajas en términos de costos medios al duplicar en tamaño a su competidor más cercano, lo que se traduce en menores niveles de comisiones”. La realidad del mercado —República tiene 45% de los afiliados y las otras tres empresas (Sura, Unión Capital e Integración) entre 14% y 17%— junto a la economía de escala que permite bajar lo gastado a mayor cantidad de clientes, “determinan que la administradora más grande tenga menores costos y pueda, por lo tanto, cobrar menores comisiones”.
En línea con lo planteado por la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), que nuclea a las compañías privadas del sector, el borrador sostiene que “el marco regulatorio” sobre las afiliaciones de oficio, que asigna el afiliado que no elige AFAP a la que tiene menor comisión, “ayuda a mantener la posición dominante” y toma en cuenta “una única variable (comisión de administración) y desconsidera la rentabilidad, muy relevante en el proceso de capitalización”. Como corolario de este punto, el documento indica que “existe cierto consenso entre los actores y el Banco Central (BCU) en tanto regulador sobre estas debilidades”.
Esta frase fue criticada por el FA, que en su análisis señala que “existen trabajos que están a disposición de la comisión de expertos, que contradicen las conclusiones que se presentan como ‘de consenso’ entre los ‘actores y el BCU’, que no son tales”. El documento del FA menciona un estudio que presentó República AFAP, que contiene “evidencia sobre la comparación de los dos criterios de asignación de oficio a las AFAP manejados en la discusión: comisión más barata (criterio vigente) y rentabilidad neta (criterio de supuesto ‘consenso’)”; que incluye “un análisis crítico de por qué utilizar como indicador la rentabilidad neta no es un buen criterio de asignación”.
La oposición hace notar que “dicha referencia se omite” en el diagnóstico que divulgó Saldain, “además de varios documentos” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal y el Banco Mundial (BM). En el borrador que se presentó a la comisión de expertos, se recogen también otras propuestas de Anafap: “Analizar la habilitación de uno o más subfondos adicionales” a los dos que existen hoy —el subfondo de acumulación para los menores de 55 años y el subfondo de retiro para los mayores—; y “ampliar” para las AFAP las posibilidades de inversión permitidas por la regulación, que evalúa hoy como “muy limitadas”.
También las AFAP privadas pidieron rever una normativa de 2017 que topeó la comisión que cobran —no puede ser más de 1,5 veces superior a la menor del sistema, que la tiene República— a los trabajadores por la administración del dinero. Sobre esto, el diagnóstico indica: “La posición de todos los actores coincide en que sería bueno modificar el diseño del tope máximo en la comisión, eliminando la menor comisión cómo único criterio a valorar”.
La “sostenibilidad” financiera del Banco de Seguros
El negocio de la renta vitalicia que se paga en función de lo ahorrado en las AFAP lo ofrece sólo el Banco de Seguros del Estado (BSE), ya que las aseguradoras privadas se retiraron del mercado, principalmente porque la lógica del seguro lleva a un descalce de monedas —la jubilación ajusta cada año según la evolución de los salarios, y los instrumentos de inversión no toman en cuenta esta variable—. Por esta situación, la aseguradora estatal “está concentrando riesgos de diversas características que podrían afectar su sostenibilidad en los próximos años”, dice el diagnóstico que divulgó Saldain.
“El diseño de la etapa de desacumulación, en contexto de monopolio de hecho y concentración del riesgo, debe ser reexaminado a partir de las razones que causan la actual situación y las reglas derivadas del marco normativo vigente, teniendo presente, además, la inexistencia de una obligación jurídica del BSE de continuar participando de este mercado”, sostiene el borrador.
Entre otros varios aspectos, se marca que el precio que cobra el BSE está prefijado y “no es suficiente para cubrir los costos y las ineficiencias generadas por problemas de diseño del sistema”, además de mencionar “entre los costos” que carga la aseguradora estatal a “un tributo destinado a la Caja Bancaria” cuya “base de cálculo irá creciendo” a medida que crezcan las jubilaciones por AFAP.
La conclusión del borrador que se presentó ante la comisión de expertos es que la etapa que tiene como único actor al BSE “necesita cambios para lograr mejores condiciones de funcionamiento”, con el objetivo de “asegurar la estabilidad” de la aseguradora de cara al crecimiento de este tipo de jubilaciones. Esto último porque comienzan a retirarse las primeras generaciones de trabajadores que estuvieron obligados a afiliarse a las AFAP, tras la reforma de 1996.
Sobre estos puntos vinculados al BSE, el documento del FA señala que “se requiere mayor profundidad cuantitativa en el análisis, así como comparativa de la evidencia internacional”. El texto indica que “el sistema está comenzando su proceso de maduración y es necesario poner énfasis en el análisis de este tramo” del régimen jubilatorio, y agrega que “la presentación realizada por el BSE que cuantifica los desajustes en la renta vitalicia no está incorporada”.