El informe que presentó días atrás al Parlamento el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) sobre el mercado de combustibles y las reformas a implementar era esperado por varios actores. De fondo lo que subyace es el debate por el nivel de las tarifas públicas y su impacto en la competitividad de los sectores productivos, y la promesa del gobierno durante la campaña electoral de atender ese reclamo reduciendo el costo del gasoil y las naftas.
Otro tema ligado es la discusión sobre la desmonopolización de Ancap, que fue incluida en el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) por el gobierno, pero no tuvo apoyo de los socios y se eliminó. En cambio, se estableció en esa negociación que el valor de los combustibles deberá tener como referencia el precio de paridad de importación (PPI) –un cálculo teórico que realiza la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA) y ya generó polémica– y ahora el MIEM confirmó un cronograma de adecuación que prevé que en tres años, y tras varias etapas de cambios graduales, los precios se ajusten por el PPI.
El proceso de reformas vinculadas al mercado de combustibles y a Ancap deriva también de la LUC, ya que allí se acordó la formación de un comité de expertos que designó el MIEM, que se encargó durante fines de 2020 de generar un documento de diagnóstico y con posibles medidas. Sobre esa base, que fue criticada por gremiales del agro, los estacioneros y el Frente Amplio (FA), el MIEM armó el informe que entregó a la Asamblea General el miércoles pasado.
Luego de conocidas estas medidas del MIEM, el senador blanco Sebastián da Silva dijo en su audición en Radio Rural que le trasladó al ministro de Industria, Omar Paganini, que “envíe de forma urgente al Parlamento [un proyecto de ley para] la eliminación de la obligación de mezclar 5% de biodiésel” en la elaboración del gasoil. La decisión implicaría el cierre de la planta Capurro de Alcoholes del Uruguay (ALUR) –subsidiaria de Ancap y que genera unos 40 empleos– y fue anunciada previamente a los legisladores de la coalición por el ministro Paganini.
Tras ese encuentro, el senador colorado Tabaré Viera dijo que debían analizarse en detalles las propuestas del MIEM “teniendo en cuenta todas las consecuencias”, y mencionó que para el biodiésel la idea era “bajar” el porcentaje exigido por ley pero no eliminarlo. Además, declaró que “la desmonopolización es un tema laudado; Ancap va a seguir siendo monopólica”.
A pesar de que el punto de la desmonopolización quedó por fuera de lo acordado en la LUC, en el análisis elevado al Parlamento el MIEM ingresa en la discusión y cuestiona los “sobrecostos” de refinar petróleo localmente.
“El mundo ha cambiado mucho desde la crisis del petróleo, donde aprovisionarse de crudo ya era un desafío y el mercado de derivados era meramente de oportunidad y muy volátil. Hoy existe un mercado de derivados profundos y con muchos proveedores, de tal manera que resulta difícil considerar la actividad de refinado como estratégica”, dice el documento.
En el documento se sostiene: “Es cierto que la actividad de la refinería implica la generación de valor agregado nacional, y que, en tal sentido, si resulta competitiva es interesante poder desarrollarla en el país. También existe un debate acerca de los costos que la decisión de refinar aquí puede implicar y si los mismos son razonables. Un valor agregado a precios superiores a los internacionales donde se afecta la capacidad de competencia de amplios sectores de la producción, puede terminar destruyendo el producto interno bruto en términos netos. La pregunta es ¿cuántos empleos no se generan por el sobrecosto?”.
Esta línea argumental del MIEM está alineada a la visión de las gremiales del agro que piden la desmonopolización; sin embargo, es utilizada en el documento para defender el esquema de adecuación gradual de las tarifas de los combustibles al PPI. El análisis añade que para Ancap fijar tarifas por PPI “es un desafío” ya que las primeras mediciones de la Ursea mostraron una brecha de 1,36 pesos y 6,38 pesos en naftas y gasoil, respectivamente.
Dentro de esa búsqueda de eficiencia para Ancap está la decisión de buscar un socio privado para la planta de pórtland de Paysandú. Este tema genera diferencias en el directorio de Ancap, presidido por el colorado Alejandro Stipanicic, junto a dos directores blancos y uno de CA, informó el diario El Observador el viernes.
Una fuente que habló con la diaria dijo que la eliminación del biodiésel era una medida lógica porque la mezcla no mejora la calidad del gasoil, como sí ocurre con las naftas y el etanol, aunque el eventual cierre de la planta Capurro de ALUR disparará una negociación que terminará con Ancap adelantando dinero a la firma Cousa para rescindir un contrato vigente por el servicio de molienda hasta 2028.
Por otra parte, la fuente confirmó que Ancap continuará mezclando en las naftas un 10% de etanol, pese a que la ley de 2007 que obliga a introducir biocombustibles de producción nacional tiene por límite 5%. En el informe del MIEM se defendió la continuidad de las plantas de etanol de ALUR en Bella Unión y Paysandú, y el informante destacó que hubo una “muy buena zafra” de caña en el norte que redundará “en una caída de costos” de producción.
A su vez, hay una disputa entre Ancap y la Ursea, con el MIEM terciando, sobre el reconocimiento del sobrecosto que implica la producción nacional de etanol en el cálculo del PPI. Esto porque la petrolera estatal entiende que la Ursea subestimó los costos y además los toma por el límite legal del 5%, lo que Ancap buscará negociar a futuro cuando se actualice el cálculo teórico sobre la paridad de importación.