El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que establece beneficios impositivos y facilidades de pago de deudas para micro y pequeñas empresas (mypes), tras lo anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou la semana pasada ante la Asamblea General. Además, incluye un “régimen gradual” de tributación para las nuevas empresas que abran este año, en busca de lograr su formalización.
La iniciativa, que ya ingresó al Senado, establece en el primer artículo la exoneración, en los rubros industria y comercio, de 50% de los aportes patronales entre enero y julio de 2021, que tienen una tasa efectiva de 7,5% sobre el sueldo nominal del trabajador. Esto aplica para titulares de empresas unipersonales, socios de sociedades personales, cooperativas y otras formas jurídicas con menos de 19 empleados en relación de dependencia e ingresos menores a 10 millones de unidades indexadas (UI) —equivalente a 48,6 millones de pesos o algo menos de 1,1 millón de dólares— en el último ejercicio. Para contabilizar los trabajadores, se incluye a quienes están en seguro de paro o cobrando algún subsidio del Banco de Previsión Social (BPS).
El mismo beneficio se aplicará, ya sin limitantes en el monto, para “determinados sectores de actividad que se vieron fuertemente afectados por la interrupción de actividades debido a la emergencia sanitaria”. Estos son transporte escolar, cantinas escolares, organización y realización de fiestas y eventos o congresos o ferias, agencias de viaje, transporte turístico y excursiones, empresas concesionarias de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce, transporte aéreo de pasajeros, salas de cine, restaurantes y hoteles.
Para los monotributistas —régimen especial para empresas de pequeña dimensión, que unifica los aportes a BPS y la Dirección General Impositiva (DGI)— que inicien actividades desde enero, se establece que pagarán al Estado los primeros 12 meses por 25% de lo que les corresponde, por 50% el siguiente año y por 100% desde el tercero. Se aclara que esto no aplica para empresas que reinicien su actividad. “Con la implementación de esta medida los aportes durante los primeros 12 meses [de los monotributistas] irían desde 462 a 2.234 pesos aproximadamente”, indicó el Ejecutivo.
Por otra parte, el Ejecutivo faculta al BPS para establecer facilidades de pago para las empresas con deudas contraídas desde mayo de 2018, sea por aportes patronales o al Fondo Nacional de Salud. Se permite financiar lo adeudado en hasta 72 cuotas y postergar el primer pago hasta dentro de un año —en ese caso en hasta 60 cuotas—, calculando todo en unidades reajustables (UR) —que evoluciona con los salarios— y con un interés de 2% anual. A su vez, el proyecto exonera de la obligación de realizar adelantos mensuales de IRAE —impuesto que pagan las empresas sobre sus utilidades— por el período enero-junio de 2021 a las empresas que cerraron ejercicio con ingresos menores a 915.000 unidades indexadas, casi 100.000 dólares.
Otra medida impositiva apunta al Impuesto al Patrimonio —cuya tasa varía entre 0,7% y 2,75% en función de los activos en propiedad— y permite al Ejecutivo, dentro del máximo vigente de abatimiento del tributo de 50%, a “fijar un porcentaje general para todos los contribuyentes que pueden abatir, o establecer excepciones en función de la naturaleza de la actividad, montos de ingresos, u otros índices de naturaleza objetiva”.
Además, se plantea un régimen de facilidades de pago para las deudas con DGI, señalando que la posible pérdida de recaudación por las medidas impositivas mencionadas serán incluidas dentro del Fondo Covid, creado para atender los gastos de la emergencia sanitaria el año pasado.
Evitar “un problema de solvencia” en las empresas
En la exposición de motivos el gobierno defiende la ayuda dada a las empresas en 2020 a partir de la pandemia y sostiene que con el inicio de la vacunación se “abre una nueva etapa”, que incluye evaluar “nuevas medidas en torno a cómo mitigar los efectos negativos y potenciar la recuperación económica”.
El proyecto de ley, indica el gobierno, “pone el foco en medidas relevantes de apoyo a las micro y pequeñas empresas, motor de la economía nacional y generadora de la mayor parte de los puestos de trabajo de nuestra economía”.
El objetivo es que “puedan afrontar la coyuntura de forma que un problema de liquidez ocasionado por un shock abrupto no se transforme en un problema de solvencia”. En otras palabras, que la caída de los ingresos por la pandemia no las lleven a cerrar.
Sin embargo, días atrás, Pablo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeña Empresa, en diálogo con la diaria, calificó de “poca” la ayuda recibida por parte del gobierno y alertó que “se terminó la espalda financiera para abordar los problemas” en este segmento de actividad. Transmitió a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, que más allá de lo anunciado por el presidente pretendían la suspensión de los adelantos de IRAE para todas las firmas, créditos a tasa cero y más inyección de dinero para reactivar el mercado interno.