El blockchain y el sector público: un mundo de posibilidades

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El blockchain, la tecnología de la que hemos hablado en varias columnas, continúa siendo objeto de debate hasta el día de hoy. Para algunos, representa la mayor innovación tecnológica de la última década y tiene un sinfín de aplicaciones. Para otros, es un concepto más dentro de una extensa lista de palabras que se ponen de moda para luego desinflarse sin pena ni gloria. En este caso, como en muchos otros, haremos un alegato en favor de la primera aproximación.

En efecto, esta tecnología, que básicamente permite generar una base de datos abierta, distribuida –un solo punto de falla no compromete la totalidad del sistema– y extremadamente segura, oficia como la base de muchas otras que siguen floreciendo casi cotidianamente con nombres cada vez más estrafalarios. Por ejemplo, es el caso de las criptomonedas, del famoso metaverso, que nadie sabe explicar bien qué es y en qué se diferencia de la realidad virtual y de la realidad aumentada, y de las finanzas descentralizadas –DeFi–, que también hemos abordado previamente desde este espacio.¹

Sin embargo, el blockchain reviste inmensa versatilidad y funciona como soporte para muchas cosas más, que pueden ser menos sexies y más aburridas que el metaverso, pero que son igual o más importantes, como el sector público, por ejemplo.

El Estado y el blockchain

Para entender cómo puede esta tecnología ser igual de relevante para cosas tan distintas, como lo son las criptomonedas y las actividades del sector público, es importante recordar cuál es su esencia fundamental. Y esa esencia, como fue señalado, es la de una base de datos con características de infraestructura particulares. ¿Y quién es uno de los mayores generadores y almacenadores de datos en las sociedades modernas? Sí, efectivamente es el Estado. Pero vamos por partes. Primero, para entender el potencial que tiene, y las aplicaciones que ya se están desarrollando en este ámbito, vamos a recurrir a algunos ejemplos.

De Estados Unidos a Corea del Sur

Reno es una ciudad del condado de Washoe, perteneciente al estado de Nevada, que cuenta con un poco más de 225.000 habitantes, según el último censo. Su alcaldesa se llama Hillary Schieve, y viene promoviendo un plan de blokchainificación para la ciudad. Este plan abarca todo tipo de cosas, desde las loterías locales que utilizan este soporte para fomentar la transparencia y evitar la corrupción y las manipulaciones hasta las ventas de NFT para promover el arte local –que no son más que elementos en un blockchain–, pasando también por las votaciones y por otras tantas actividades que tradicionalmente han estado bajo la órbita del sector público.²

En Busan, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, los ciudadanos pueden acceder a servicios gubernamentales “no presenciales” verificando su identidad a través del blockchain. De esta manera, las personas acceden a estos servicios mediante una aplicación móvil y evitan tener que realizar los tediosos procesos presenciales con los que todos estamos, lamentablemente, muy familiarizados.

Pero tampoco tenemos que irnos muy lejos para encontrar otros ejemplos similares. Por el contrario, en nuestro país también se está comenzando a experimentar con esta tecnología dentro de la administración pública.

Uruguay, blockchain y sector público

Hace unos meses se anunció una iniciativa que, si bien voló por debajo del radar, puede configurar el primer paso en una dirección relevante de la que podremos derivar múltiples beneficios. En efecto, nos referiremos en lo que sigue a una de las primeras utilizaciones a –relativa– gran escala del blockchain dentro de la administración pública uruguaya.

Concretamente estamos hablando de la iniciativa implementada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y UTE, que fue anunciada a finales de setiembre y que refiere a los Certificados de Energía Renovable.³ Estos certificados representan un documento que asegura que determinado porcentaje de la utilización energética de una organización proviene de fuentes renovables. Operativamente, el MIEM ocuparía el rol de la “administración” de la plataforma mientras que UTE “proveería” el blockchain. Estrictamente, según fue señalado, lo que se utilizará es la blockchain de Energy Web Chain, una organización que busca “acelerar la descarbonización de la economía global” y que opera en más de 25 países.

Como toda innovación pública, esta iniciativa surge de una combinación entre la disposición de las autoridades y las exigencias externas. En ese sentido, son cada vez más los actores privados que solicitan “verificar” las características, y particularmente las fuentes, de la energía eléctrica que se utiliza en sus procesos. Y, en línea con nuestra argumentación, no habría mejor manera de proveer seguridad a estos agentes que emitir certificados en una tecnología que, por diseño, no puede ser corrompida ni alterada, y que además es de acceso abierto. Este proyecto, según fue anunciado, comenzaría este mismo mes.

¿Cuáles serían los siguientes pasos?

Todo tiene que tener un comienzo, y esta iniciativa efectivamente constituye un paso en la dirección correcta. No obstante, no deja de ser una aplicación específica y relativamente de nicho. Si pensamos hacia adelante, e intentamos comprender cuál es el verdadero potencial que tiene esta tecnología dentro de este ámbito de aplicación, puede ser útil partir del marco de referencia que nos ofrece Vitalik Buterin, el creador del blockchain Ethereum.

Según Buterin, las aplicaciones públicas de blockchain que pueden resultar útiles y relevantes caen, a grandes rasgos, en dos categorías.⁴ Por un lado, la utilización de blockchains para crear versiones más confiables, transparentes y verificables de los procesos ya existentes. Por el otro, su utilización para implementar nuevas formas de propiedad para la tierra y otros activos escasos, así como formas nuevas y experimentales de gobernanza democrática. De aquí en más mi foco de atención estará puesto en el primer caso, porque creo que los beneficios potenciales son más sencillos de entender y porque su implementación es más factible desde la perspectiva política.

En ese sentido, cualquier proceso que se beneficie de ser más confiable, transparente, y verificable es un buen candidato para incorporar esta tecnología. Pero, cuidado: a diferencia de lo que sostienen algunos miembros de este ecosistema, no son todos. Por el contrario, existen casos de uso donde una base de datos centralizada es mucho más eficiente que un blockchain.

Por ejemplo, hace poco tiempo la Intendencia de Montevideo, junto al Bid Lab y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) lanzaron un llamado para realizar la verificación automática del permiso de construcción en Montevideo. El departamento recibe entre 700 y 1.500 permisos de construcción por año, y el procesamiento de muchos de ellos es manual y tedioso; demanda muchos recursos y es pasible a errores humanos, dado que son intrínsecos a cualquier proceso que se realiza de forma manual. Sin embargo, no es difícil visualizar un sistema que:

1. Tome la solicitud del permiso de construcción.
2. Localice el punto sobre el cual se está solicitando el permiso, quizá conectando a través de la API de Google Maps o de un servicio propio.
3. Compare esa solicitud contra los requisitos del área seleccionada. Dependiendo de la complejidad de los requisitos y del formulario de solicitud, puede ser desde lógica básica hasta procesamiento de lenguaje.
4. Si se cumplen los requisitos, emite un certificado mediante un blockchain para la empresa solicitante. Si no se cumplen los requisitos, explica cuál es el requisito que no se cumple dentro de la postulación.

Este último paso, que a priori puede parecer superfluo para el flujo y la solución que se pide (no es intrínsecamente necesario si lo que se busca es solamente automatizar el proceso), le otorga una potencia mucho más grande al proyecto, principalmente por la interoperabilidad. Es decir, múltiples dependencias estatales podrían tener acceso a la blockchain. De esta manera, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo podría tener acceso para leer y para editar el blockchain (crear nuevos permisos, retirarlos, y editarlos). Pero no solo eso, también el Ministerio de Economía, o la DGI, podrían tener, digamos, acceso de solo lectura, pudiendo consultar y verificar que las empresas tengan dicho permiso sin solicitarles documentación alguna. Todo esto con el agregado de que el sistema sería totalmente transparente, cada emisión y registro estaría visible de manera pública, y se ahorraría tiempo y dinero en trámites.

Este es tan solo un ejemplo de los miles que podrían aumentar la eficiencia y la transparencia (y por tanto la credibilidad) de la administración pública mediante el uso de blockchain. En efecto, esto es lo que es la tecnología bien entendida: una herramienta al servicio de las sociedades para mejorar la vida de las personas. Por eso, esperemos que este solo sea un primer paso de un largo recorrido.