El “viento de cola”, la competitividad o el atraso cambiario son distintas aristas de un mismo debate sobre los factores que determinan la evolución de la economía uruguaya. Es que un país chico y que tiene al mundo como mercado sufrirá ciclos económicos bastante alineados a variables que puede anticipar o gestionar, pero no controlar. Así como en la pospandemia ese escenario exterior llevó a una mejoría en el frente macroeconómico, desde hace algunos meses la cosa cambió y los efectos no han tardado en manifestarse.
Hace pocos días se conoció que el producto interno bruto (PIB) cayó 1,4% en el segundo trimestre frente al trimestre previo y 2,5% en la comparación interanual. El dato estuvo influido fuertemente por la sequía, un efecto negativo que se revertirá próximamente, pero también los analistas consultados por la diaria observaron señales de menor dinamismo vinculadas a la baja de los precios internacionales y a la situación de Argentina.
Estos dos lastres para la actividad ya están afectando el nivel de recaudación y hacen que el déficit fiscal vuelva a ser un factor de preocupación. Tanto en el caso del PIB como en el de las cuentas públicas, las proyecciones del gobierno empiezan a verse amenazadas.
Como contrapeso en términos de gestión económica, hay variables que han venido evolucionando favorablemente, como la inflación y el salario real, al tiempo que el mercado laboral ha mostrado un mayor dinamismo en los últimos meses, pese a que el último dato interrumpió parcialmente ese proceso.
Sequía, commodities y Argentina
El informe del Banco Central sobre el PIB mostró que el agro cayó 27% interanual en el trimestre y la energía eléctrica se redujo 12%, explicando así la sequía y sus coletazos casi la totalidad de la caída. Sin embargo, “en los otros sectores de actividad predominó un panorama de menor dinamismo”, señaló Alicia Corcoll, gerenta de la consultora Exante.
En efecto, en la comparación interanual también cayeron la construcción (-6,6%) por la finalización de las obras de la nueva planta de UPM, el comercio (-1,8%) y la industria (-1,5%). En visión del gerente de CPA, Nicolás Cichevski, “la sorpresa negativa fue el impacto de Argentina en la economía uruguaya”.
“La sequía es algo transitorio, habrá una próxima cosecha mejor y es un efecto del que la economía se va a recuperar en 2024 o hacia fines de este año. Pero lo de Argentina nos va a acompañar en cualquier escenario electoral [en diciembre asume un nuevo gobierno] porque todos los caminos son recesivos” para el país vecino, indicó. Entonces, este factor será “hacia adelante la principal fuente de preocupación” para la economía local: “La temporada turística va a ser mala” y el comercio seguirá sufriendo por la brecha de precios a raíz de la diferencia cambiaria y las restricciones para la compra de dólares.
Paradójicamente este fenómeno de retracción de las ventas ocurre en un contexto de mejora del salario real y de repunte del consumo. Según los datos del Banco Central del Uruguay (BCU), el gasto de los hogares creció 4,8% interanual. Sin embargo, Cichevski señaló que por “la fuga del consumo hacia Argentina” no hubo un correlato de lo anterior en la recaudación, al caer 2% en el año lo ingresado por impuestos al consumo –IVA e Imesi–.
Para Agustín Iturralde del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), la mejora del salario real ha permitido “la reactivación del consumo en general”, y sostuvo que la afectación por la diferencia de precios con Argentina está mayormente concentrada “en supermercados y farmacias”.
El otro factor determinante es el valor de los commodities, que colige con el precio del dólar, dos variables externas –aunque la segunda con ancla local– que generan debate y reclamos de exportadores. Es que, de acuerdo a la visión empresarial, existe un atraso cambiario –el dólar no responde a los indicadores globales y está más barato en Uruguay– que afecta la competitividad.
Según el último informe de política monetaria del BCU, hay una brecha de 15% entre el tipo de cambio real y sus fundamentos, lo que confirma esa situación de atraso cambiario. Como consecuencia, los números de exportaciones mostraron una caída de 6,3% en el segundo trimestre, luego de un 2022 récord.
Para Cichevski, “al margen de la sequía y el tipo de cambio, el problema del sector agroexportador son los precios internacionales”. Explicó que la situación debe proyectarse “de acá a dos años”, porque hay un combo de factores que influyen: el escenario de “tasas de interés altas” en Estados Unidos y “China creciendo poco”, lo que reduce su demanda y lo que paga al mundo por los alimentos.
El analista marcó que el promedio actual de los precios de exportación “está igual que en el período 2015-2019”, una etapa “mala” para Uruguay, con casos como la carne y la celulosa que tienen valores bajos en términos históricos.
También Iturralde coincidió en poner el foco en este asunto: “La evolución del precio de los commodities y de las exportaciones va a ser el determinante para los números [del PIB] en los próximos meses. Si bien el consumo seguirá cinchando y prevemos un 2023 donde la economía uruguaya vaya de menos a más, hay un repunte inferior al esperado por la lentitud de la reactivación económica de China”.
Asimismo, Corcoll sostuvo que “la baja situación de competitividad” está afectando “en varios planos a la actividad económica”. Por ejemplo, la industria viene perdiendo fuerza desde 2019, y la rentabilidad de muchas empresas “se está resintiendo”. Agregó que, aunque aumente algo el valor del dólar en el año, no habrá una “corrección significativa” de la disparidad cambiaria con Argentina u otros mercados.
Proyecciones en duda
Con un panorama de afectación de la actividad y la recaudación por dos frentes principales, menores exportaciones y fuga del consumo hacia Argentina, los analistas empiezan a dudar de que se pueda cumplir la meta de crecimiento del gobierno y el objetivo de reducción del déficit fiscal. De hecho, este último indicador ya viene en una trayectoria ascendente desde setiembre del año pasado, cuando alcanzó su menor valor del período (2,5%) y empezó a crecer hasta llegar a 3,9% en los 12 meses cerrados a julio –último dato disponible–.
En el proyecto de Rendición de Cuentas que remitió al Parlamento, el Ministerio de Economía y Finanzas previó que la actividad crecería 1,3% este año, tomando ya en cuenta la afectación de la sequía, porque la proyección se rebajó desde el 2% previo. A su vez, las autoridades esperan un resultado fiscal de -3,3% del PIB al cierre del año.
De acuerdo al análisis de Cichevski, que la economía “crezca más de 1% en promedio en el 2023 es muy complicado”, porque hay un primer semestre “malo” y aunque exista un repunte de la actividad el dato anual “estará más cerca del 0,5% que del 1%”.
El resto de los analistas también esperan una variación del PIB dentro de estos márgenes. En el CED, manifestó Iturralde, anticipan un crecimiento en torno a 1%. Corcoll, por su parte, advirtió que en Exante rebajaron su proyección a 0,5% –promedio anual–.
La economista complementó que si bien el número muestra “un desempeño muy magro” en el 2023, habrá un “mayor dinamismo” de la economía en el segundo semestre, y que el PIB cerraría el año “2,5% más arriba que al cierre de 2022”. Entre los factores de empuje aparecen “la reversión del golpe de la sequía” y la puesta en marcha de la segunda planta de UPM.
Por el lado del déficit, Iturralde señaló que “probablemente no se va a cumplir” el objetivo del gobierno de entregar las cuentas públicas con un rojo de 2,5% del PIB, sino que será mayor. “Después de una muy buena evolución hasta finales de 2022, ahora van ocho meses de un deterioro relevante del déficit. Amerita poner mucha más atención, y entiendo que tanto la situación del dólar como la afectación del comercio formal están jugando su partido. Aún no se prenden las alarmas, pero es un nivel de déficit que muestra tensiones”, indicó.
Sobre la evolución del resultado fiscal en los últimos meses, Cichevski indicó que “hay tres o cuatro décimas que son adelantamiento de inversión pública”, un gasto que saldrá de la medición a 12 meses en el próximo tiempo, “pero igual eso te deja un déficit en torno a 3,5% que es más alto que la proyección” oficial.
En perspectiva, según el gerente de CPA, “el gobierno va a terminar con un resultado fiscal mejor al que recibió”, pero por encima de las proyecciones oficiales para este año y el cierre del período. “No es preocupante, pero sí una luz amarilla. Aún este nivel de déficit no es consistente con la estabilización del ratio deuda/PIB y entonces el margen de aumento del gasto continuará siendo limitado. No es que haya riesgos de perder el grado inversor, pero sí hay una piedra en el zapato para el próximo gobierno”, resumió.
Salario y empleo
El debate sobre la evolución salarial ha estado en el foco de la agenda pública desde la pérdida registrada en pandemia, que surgió de un acuerdo entre las partes, bajo la promesa del gobierno de que vendría luego la recuperación para los trabajadores. Ese compromiso comenzó a cumplirse en julio, cuando la variación del poder de compra comenzó a aumentar en términos interanuales.
Hugo Bai, economista del Instituto Cuesta Duarte, dijo que en el primer semestre del año producto de “la negociación colectiva y la desaceleración inflacionaria vienen creciendo los salarios”, aunque aclaró que es un dato general y hay “heterogeneidad” entre los distintos rubros. Además, señaló que “esto no quiere decir que no hayan perdido” poder de compra los trabajadores, porque durante el tiempo que duró la recuperación “vivieron con menos”.
En el proceso de mejora del salario real tiene fuerte influencia la caída de la inflación, con un índice de precios del consumo que tuvo en agosto su menor valor acumulado en 18 años (4,1%). Para los analistas, la inflación podría repuntar algo hacia el final del año, pero coinciden en que estará cercana al techo del rango meta (6%).
El otro campo donde se juega el partido desde la óptica de los trabajadores es el empleo, y según Bai existe “un empuje en el mercado laboral” luego de un 2022 casi “estancado”. Esa evolución se vincula “a un mejor desempeño de la oferta laboral”, porque luego de la baja que tuvo la tasa de actividad en la pandemia, cada vez más gente trabaja o busca empleo. Según la última medición del Instituto Nacional de Estadística, hay 1.700.000 ocupados y casi 153.000 desocupados.
De todas formas, el mercado aún no logra absorber la mayor oferta de trabajadores, “lo que impide ver una mejora del desempleo, que todavía está en el orden del 8%”. En una mirada sectorial, Bai dijo que hay datos –aún no concluyentes– que muestran “que la salud y la actividad rural crecieron en peso relativo”, mientras que el servicio doméstico, la gastronomía y la hotelería perdieron fuerza.
Para Cichevski, la mejora del empleo responde a que “a la salida de la pandemia” hubo un período donde “el PIB creció arriba de 5% por dos años y la inflación alta hizo que el salario real casi que no creciera; con esa ecuación de costos las empresas vieron margen para contratar y hoy aún vivimos un efecto rezagado”. Entonces, ahora “hay que ver si es sostenible” esta situación del mercado laboral, señaló, con un PIB que ya mostró señales de menor dinamismo y dos amenazas externas que seguirán.