Con una agenda “ambiciosa” y un escenario internacional poco favorable, el futuro gobierno del Frente Amplio (FA) enfrentará el desafío de impulsar el crecimiento y la competitividad del país, desplegando al mismo tiempo políticas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad, señalaron diferentes economistas consultados por la diaria.
“La clave es crecer más, pero el escenario externo no es favorable. Es necesario mejorar la competitividad y la eficiencia de la economía. Este es el principal desafío y dilema que enfrentará el gobierno. (...) Para impulsar un mayor crecimiento se va a requerir mejores regulaciones y revisar algunos subsidios cruzados que están destinados a sectores poco productivos. Ese tipo de cosas claramente en el corto plazo tiene costos”, señaló a la diaria el economista y gerente de Análisis Económico de CPA Ferrere, Nicolás Cichevski.
Por su parte, el presidente y fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Hernán Bonilla, dijo a este medio que el “gran desafío” será lograr impulsar las políticas sociales propuestas en campaña sin que implique un aumento del gasto y de los impuestos. “Es un objetivo complejo porque los aumentos de gastos previstos son importantes y tendrá que buscarse por el lado de la reasignación. Es un gran desafío”, afirmó Bonilla, que además es profesor de Economía y Sociedad Uruguaya en la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT y se desempeñó como asesor y director de la Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas entre 2020 y 2022.
Por otro lado, el doctor en Economía y profesor de la Universidad de la República Marcelo Bérgolo consideró que el principal reto de la izquierda será encontrar los recursos para financiar su “ambiciosa agenda” de políticas en un “marco de restricciones económicas”. “El gobierno apostará al crecimiento como mecanismo para encontrar financiamiento, aunque es difícil pensar que esto pueda mover la aguja en el corto plazo, en particular si consideramos nuestra trayectoria histórica y el tiempo que puede tomar para que este crecimiento sea sostenible y permita tener los niveles de recaudación necesarios para financiar políticas que fomenten el crecimiento. En este sentido, me parece que se va a tener que pensar en alguna otra manera de encontrar estos recursos”, afirmó Bérgolo, que además es investigador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y está especializado en políticas fiscales y de transferencias en los países en desarrollo.
Escenario internacional menos favorable
Cichevski afirmó que lo primero a tener en cuenta es que, al menos al inicio del gobierno, habrá un escenario externo “menos favorable” debido a que el mundo viene creciendo menos que el promedio histórico y, con la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, se impulsará un mayor proteccionismo y los precios de los commodities serán más “débiles”. Además, la economía china viene creciendo “relativamente poco”, tiene una demanda “menos potente” y el escenario de precios para Uruguay es “menos favorable”, complementó el economista.
“Por tanto, la acción de los mercados va a ser más cauta en el proceso de reducción de tasas de interés que inició este año. Por otra parte, las tasas de interés a largo plazo, de diez o 15 años en general, que son las que suele utilizar Uruguay, están siendo un poco más elevadas. Entonces, en definitiva, no es un contexto favorable para el país”, indicó.
Crecer más
Bonilla consideró que el principal desafío que tiene Uruguay es impulsar el crecimiento económico, ya que el incremento del producto interno bruto (PIB) de los últimos años ha sido “insuficiente” para dar un “salto al desarrollo”. “Creo que hay una serie de reformas vinculadas a cómo lograr acelerar esa tasa de crecimiento”, señaló.
“Hay compromisos de campaña que son costosos y que implican un aumento del gasto público relevante. Hay que ver cómo se financian y, claramente, en mi opinión, el país no resiste más impuestos”. (Hernán Bonilla)
En la misma sintonía, Bérgolo sostuvo que la “clave” es retornar a una senda de crecimiento “sostenido y más equitativo, en particular del que observamos en los últimos cinco años”.
Asimismo, Cichevski consideró que es “fundamental” que Uruguay retome tasas de crecimiento del entorno del 2,5% y 3%, lo que implica un nivel “bastante mayor” a lo que ha crecido en los últimos diez años. “La clave es crecer más, pero el escenario externo no es favorable. Dado eso, es necesario mejorar la competitividad y la eficiencia de la economía. Este es el principal desafío y dilema. (...) Parte de esta agenda para alcanzar un mayor crecimiento va a requerir mejores regulaciones y revisar algunos subsidios cruzados que están destinados a sectores poco productivos. Ese tipo de cosas claramente en el corto plazo tiene costos”.
Medidas para el crecimiento
Bonilla propuso impulsar una serie de reformas para aumentar el crecimiento, en materia de competencia y en tecnología, para poder bajar el costo que enfrentan los ciudadanos y las empresas. “Nosotros publicamos, a principios de este año, un trabajo que demuestra claramente que Uruguay es un país caro en términos comparativos a nivel internacional. Creemos que hay una serie de reformas que hay que hacer, que van desde la reducción de aranceles hasta eliminar la tasa consular para abaratar los productos importados. Consideramos que hay que avanzar en abrir la competencia para productos de higiene personal, que claramente son más caros que en los países vecinos”, agregó.
Sostuvo que también es necesario abrir la importación, distribución y comercialización de los combustibles, así como de las frutas, verduras, pollo y alimentos en general para eliminar las barreras en la entrada. “Eso provocaría una reducción del costo de vida para la población y, en particular, para la población más vulnerable”. Asimismo, aseguró que se debería impulsar una reforma de “simplificación” de la burocracia y de “reducción de costos y de tiempos” en el Estado.
“Hay una reforma laboral que también debe ir por el lado de generar condiciones para que se pueda incorporar la productividad a las negociaciones salariales (...) Todas esas reformas, en conjunto, tendrían un impacto importante para aumentar la tasa de crecimiento de la economía”, reflexionó.
Gabriel Oddone en un conversatorio organizado por el Comité frenteamplista de Ciencias Económicas (archivo, octubre de 2024).
Foto: Gianni Schiaffarino
¿Hay margen?
Una de las principales banderas que enarboló el gobierno de Luis Lacalle Pou para destacar su gestión fue su política económica; sin embargo, en los últimos meses, distintos economistas, e incluso la Confederación de Cámaras Empresariales, manifestaron su preocupación por algunos indicadores.
El 18 de enero, el exasesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante los gobiernos frenteamplistas y economista Martín Vallcorba sostuvo, en diálogo con la diaria, que se registró un estancamiento económico y un deterioro fiscal “significativo” debido a que el gobierno aumentó el gasto del Estado en la “antesala del año electoral”, por lo que no cumplió con su promesa de eliminar la discrecionalidad en la política fiscal.
En el mismo sentido, el senador por el FA y economista Mario Bergara señaló hace unos meses, en diálogo con la diaria, que la actual situación significa una “herencia pesada” para la próxima administración, que tendrá “escasísimos márgenes de maniobra” para aumentar los recursos en salud, educación y políticas sociales.
“En materia de gasto, habrá que priorizar con los recursos que hay en qué se quiere gastar, ¿es válido dar una discusión sobre la seguridad social? Yo no creo que haya margen. Creo que esa discusión no va a ocurrir en 2025, para mí va a quedar para más adelante porque en 2025 la clave va a ser la ley de presupuesto”. (Nicolás Cichevski)
Consultado por el déficit fiscal y las propuestas impulsadas por el FA en la campaña electoral, Bonilla dijo que un “desafío importante” será tener un equilibrio entre el gasto destinado a políticas y las cuentas públicas. “La negociación del presupuesto va a ser bien relevante porque marca la ejecución del gasto del quinquenio y también va a poder dar modificaciones en la política de ingresos del Estado. Hay compromisos de campaña que son costosos y que implican un aumento del gasto público relevante. Hay que ver cómo se financian y, claramente, en mi opinión, el país no resiste más impuestos. O sea que no debería ir por el lado de aumentar impuestos”, agregó. En ese sentido, explicó que sería una “muy mala noticia” que el próximo gobierno del FA aumentara los impuestos.
Priorizar recursos
El equipo económico y el presidente electo han sido “claros” en que se buscará focalizar la atención en las políticas destinadas a la población más vulnerable, no sólo por transferencias monetarias, sino también en materia de vivienda y educación, porque “los jóvenes de hoy son los futuros trabajadores, y si queremos una economía más próspera en 20 años necesitamos mejorar el capital humano, y para eso se necesitaría mejorar los niveles de confort de la población más vulnerable hoy en día”, afirmó Cichevski.
“Esto, obviamente, está en el marco de compromisos en materia de gasto en el entorno de un punto porcentual del PIB. Este cálculo no incluye el eventual gasto que pueda surgir de diálogos sociales sobre la seguridad social. Puede no ser una cifra alta, pero al mismo tiempo la ley de presupuesto deberá presentar hacia 2029, en mi opinión, una reducción del déficit fiscal de menos de un punto por ciento”, añadió. Por lo tanto, los compromisos asumidos por el gobierno y la necesidad de reducir el déficit fiscal requieren fuentes de financiamiento, indicó.
“Si no se quiere generar impuestos, se va a requerir reasignar parte del gasto y se necesita que la economía crezca a un ritmo razonable que le permita aumentar el gasto. Esto es lo que se ha manejado por parte del FA y, al mismo tiempo, se ha analizado una revisión de los mecanismos fiscales, lo que se llama comúnmente gasto tributario”, agregó Cichevski.
El economista subrayó que “en materia de gasto habrá que priorizar con los recursos que hay en qué se quiere gastar. ¿Es válido dar una discusión sobre la seguridad social? Yo no creo que haya margen. Creo que esa discusión no va a ocurrir en 2025; para mí va a quedar para más adelante porque en 2025 la clave va a ser la ley de presupuesto”, indicó.
Sistema tributario más eficiente
Por su parte, Bérgolo afirmó que el FA tiene dos desafíos: “¿Cómo va a financiar políticas que hagan crecer la torta? ¿Y cómo logrará una distribución más igualitaria?”. El especialista aseguró que el “camino más viable”, sobre todo en materia de acuerdos políticos y en las propuestas que generan menos “antipatía” en la población, es enfocarse en reducir el gasto fiscal. Es un espacio “poco explorado”, pero en el que el próximo gobierno tendrá que “meterse de lleno”, estimó.
“Hay espacio en Uruguay para modernizar el impuesto al patrimonio y ampliar la base y las tasas a los impuestos a la ganancia capital individual (...) No hay evidencia académica conclusiva de que recortes impositivos a las empresas o a los ricos genere derrames sobre el resto de la economía”. (Marcelo Bérgolo)
“El principal desafío del FA es definir cómo va a conseguir los recursos para financiar su agenda. En el marco de los compromisos que asumió, como el de no aumentar impuestos, la alternativa es enfocarse en el gasto fiscal y evaluar si puede reducirlo —en tanto todas las estimaciones plantean que es muy alto en términos comparativos— y ser más eficiente en la recaudación de impuestos, esencialmente vía reducción de la evasión”, explicó.
Aseguró que es “difícil escapar” de políticas impositivas que graven las grandes rentas y el capital. “Hay espacio en Uruguay para modernizar, por ejemplo, el impuesto al patrimonio y ampliar la base y las tasas a los impuestos a la ganancia capital individual, personal (...) No hay evidencia académica conclusiva de que recortes impositivos a las empresas o a los ricos generen derrames sobre el resto de la economía, ni que aumentos impositivos sobre estos grupos sean una grave restricción para el crecimiento”, afirmó. El economista explicó que aumentar la carga tributaria a los más ricos y reducirla a los más pobres puede implicar que, en promedio, los impuestos no aumenten.
“Hay que ver exactamente qué implica eso de no aumentar impuestos. El FA se comprometió a no aumentar impuestos; definitivamente esto restringe uno de los instrumentos de política para recaudar y financiar su agenda. Ahora bien, no se comprometió a no revisar el gasto fiscal. Es más, entiendo que posiblemente ese sea un camino más viable en términos cuantitativos para liberar recursos y en términos de la viabilidad política para hacer cambios. Ahora bien, reducir el gasto fiscal no quiere decir que la presión fiscal no aumente, por lo que es algo que hay que tener en cuenta”, agregó.
En referencia a la propuesta de Bérgolo de impulsar un sistema tributario más eficiente reduciendo el margen de evasión, Bonilla consideró que “cualquier política que vaya por el lado de reducir la economía informal es positiva”; sin embargo, no cree que “haya mucho margen para aumentar ingresos por ese lado”.
“Lo que se puede lograr de mejora de la eficiencia de recaudación por ese lado es muy bajo. O sea, no contaría con que se vayan a conseguir muchos recursos. Por lo tanto, yo creo que, si se quiere aumentar el gasto en los niveles que están señalados en las propuestas de campaña del FA, hay que ir por el lado de la reasignación. O sea, sacar plata de un lado para volcarla en donde se quiere aumentar el gasto”, concluyó. Por último, sostuvo que “no es ni posible ni deseable aumentar el nivel de gasto público” y remarcó que sería una “pésima señal” que se incrementen los impuestos.