Uruguay 2030: los nuevos supuestos y la trayectoria fiscal prevista

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Consideraciones generales

El equipo económico presentó el martes el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2025 ante el Parlamento, que ingresará a través de la Cámara de Representantes para su tratamiento.

Como fue analizado, esta Rendición de Cuentas incorpora incrementos presupuestales adicionales a los que habían sido previstos en el Presupuesto aprobado el año pasado, de forma de atender las cuatro áreas que fueron definidas como prioridad: infancia, seguridad pública, educación y atención a personas en situación de calle.

De esas cuatro áreas, la primera es la que concentra el incremento adicional (31,4 millones de dólares para 2027), orientado a unificar y fortalecer los cuatro instrumentos de transferencias monetarias vigentes actualmente en la llamada Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia. Con esta estrategia se busca recortar un 25% de la pobreza en los niños y niñas de 0 a 3 años.

Perspectivas macroeconómicas

Según las estimaciones oficiales presentadas en la Rendición de Cuentas, la economía uruguaya mantendrá su dinamismo hacia el segundo semestre del año, sostenido por la demanda interna y por la reversión del shock del precio del petróleo.

En ese marco, la economía cerraría el año con un crecimiento de 1,6%, apenas por debajo del registro de 2025 (1,8%). Sin embargo, para los años siguientes, el escenario previsto continúa anticipando una aceleración de la actividad, con tasas proyectadas consistentes con el crecimiento potencial, en el entorno de 2,2% y 2,4% (gráfico 1).

Esta perspectiva se sustenta en una mejora de la situación regional y recoge un crecimiento mayor de las exportaciones, favorecidas por un tipo de cambio real más competitivo y por el impulso asociado a los avances en el frente de los acuerdos comerciales.

A su vez, las nuevas estimaciones anticipan un mayor dinamismo de la inversión, impulsada por el componente público (que volvería a contribuir positivamente al crecimiento luego del retroceso observado en 2025) y también por el privado. En este último caso, señala el documento, “se espera una recuperación impulsada por la ejecución de proyectos de inversión de mediano porte y por el fortalecimiento del conjunto de los instrumentos de promoción de inversiones, que han contribuido a facilitar el acceso a los beneficios y a reducir los tiempos de tramitación”.

Cabe destacar que las nuevas proyecciones no tienen en cuenta los impactos asociados al proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida –que está a consideración del Poder Legislativo– ni tampoco los efectos sobre el comercio y la inversión extranjera directa asociados a la implementación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

En suma, el incremento previsto para la inversión en los próximos años revertiría la trayectoria del ratio inversión/PIB, que ha venido retrocediendo en los últimos años. Como advirtió el gerente de la consultora CPA-Ferrere, Nicolás Cichevski, la inversión respecto del PIB volvió a caer en el primer trimestre del año, siendo el decimotercer trimestre consecutivo de repliegue. Como resultado de este proceso, esa relación se ubica actualmente en niveles similares a los que tenía en 2020.

En el caso del consumo privado, que ha sido uno de los motores recientes de la economía, se esperan impulsos adicionales asociados al incremento de la masa salarial, producto de una mejora sostenida del salario real y de un aumento del empleo.

Escenario macroeconómico

En el frente inflacionario, y a partir de una situación inédita en lo que va del siglo (que, entre otras cosas, incluyó un sobrecumplimiento sistemático de la meta y una caída transitoria por debajo del piso del rango de tolerancia), se registraría una aceleración gradual de los precios durante los próximos meses, alcanzando un pico de inflación durante el primer trimestre del año que viene y moderándose posteriormente.

Sobre esta dinámica, el MEF indica que este repunte estaría recostado principalmente sobre un incremento del componente transable de la inflación (que es el que recoge la variación de los precios que se determinan por la oferta y la demanda internacional), afectado por un aumento del tipo de cambio y un repunte de los precios internacionales. Cabe tener presente, en este sentido, que ha sido este componente el que ha explicado la moderación de los precios en el último año, dado que ha crecido a tasas inferiores al piso del rango meta de forma sistemática. El componente no transable de la inflación (que refleja las presiones domésticas sobre los precios), por el contrario, se moderaría hacia adelante convergiendo hacia la meta del 4,5%.

En lo que respecta a los salarios, la proyección incorpora los resultados de la negociación en curso, que es la que se enmarca en la 11ª ronda de Consejos de Salarios y que ha discurrido mayoritariamente en línea con los lineamientos que el Poder Ejecutivo presentó el año pasado (que suponían tres franjas con aumentos diferenciales en función de los ingresos, ajustes nominales y semestrales).

En ese marco, se estima que el salario real continuará creciendo durante el horizonte de proyección, en un contexto que estará caracterizado por la continuidad del proceso de creación de empleo. En otras palabras, la masa salarial continuará expandiéndose, dándole soporte al consumo privado.

Finanzas públicas: proyecciones fiscales

Bajo la nueva configuración del escenario macroeconómico, las proyecciones fiscales apuntan a una estabilidad del déficit del gobierno central - Banco de Previsión Social (GC-BPS) (que es el relevante para la regla fiscal), que se mantendría en torno al 4,1% del PIB durante este año. A partir de ahí, el resultado mejoraría gradualmente hacia 2030, convergiendo hacia el entorno del 2,5% del PIB ese año.

Esa mejora no descansaría en una reducción abrupta del gasto público, sino en una expansión de los ingresos, que según las estimaciones del gobierno pasarían de representar el 27,4% del PIB en 2026 al 28,5% en 2030. Como se había previsto en la Ley de Presupuesto, esta dinámica sería el resultado de la aceleración del crecimiento, la recaudación derivada de las innovaciones tributarias aprobadas el año pasado¹ y la mejora en la eficiencia recaudatoria, que supone además una revisión de las exoneraciones tributarias que forman parte del llamado gasto tributario (entre las que se destacan los cambios en el Imesi a los vehículos eléctricos que fueron realizados mediante el decreto presentado el 30 de junio).

Según el informe presentado días atrás, la estimación de este gasto correspondiente a 2025 se ubica actualmente en torno al 6,9% del PIB. Como señaló el coordinador del Laboratorio Fiscal y Tributario del Centro de Investigaciones Económicas, Gustavo Viñales, el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta de las actividades económicas y el impuesto al patrimonio explican el 87,6% del total, es decir, un 6% del PIB. Ante este guarismo, agregó que resulta “sorprendente que no hagamos una evaluación y revisión del sistema tributario”.

En el caso de los egresos primarios del GC-BPS, las proyecciones oficiales señalan que alcanzará el 29% del PIB este año y que, hacia el final de esta administración, se reduciría levemente hasta el 28,5%. Esta proyección, agrega el texto, contempla la “evolución esperada del gasto endógeno, los gastos comprometidos por normas y compromisos contractuales vigentes, así como las asignaciones presupuestales de este proyecto de ley de Rendición de Cuentas”.

De esa forma, la brecha entre ingresos y gastos públicos, sin contar los intereses de la deuda (lo que se conoce como “resultado primario”), tendería a reducirse gradualmente durante los próximos años, cerrándose hacia 2030.

En síntesis, la programación financiera presentada el martes en el marco de la Rendición de Cuentas prevé una senda de mejora para las cuentas públicas “consistente con la reformulación del marco fiscal promovida por la presente administración”. Esta mejora descansa en un conjunto de iniciativas dirigidas a apuntalar el crecimiento económico, consolidar la institucionalidad fiscal vigente, robustecer la eficiencia recaudatoria de la Dirección General Impositiva y garantizar los recursos fiscales requeridos para atender las prioridades de gobierno.

Joaquín Pascal, Centro de Estudios Etcétera.