La inteligencia artificial no trabaja sola

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La discusión sobre la IA suele concentrarse en cuántos empleos podrían desaparecer, pero sus efectos son más amplios, dado que modifica la asignación de inversión, concentra poder productivo, puede aumentar el costo del capital y redefine quién se apropia de las mejoras de productividad. Para Uruguay, el desafío no consiste en detener la tecnología, sino en evitar que su incorporación profundice la dependencia, la desigualdad y la precarización del trabajo.

Durante los últimos años, el debate público sobre la IA ha oscilado entre dos extremos. Por un lado, se anuncia una revolución productiva capaz de multiplicar la eficiencia, democratizar el conocimiento y liberar a las personas de tareas rutinarias; por otro, se presenta un futuro de desempleo masivo y vigilancia permanente.

Ambas perspectivas capturan una parte del problema, pero pueden perder de vista una cuestión más elemental: la IA no se desarrolla en el vacío. Necesita capital, energía, infraestructura, minerales, centros de datos, semiconductores, sistemas de refrigeración, redes de telecomunicaciones y trabajo humano. Es, por tanto, una transformación digital apoyada en una acumulación material de enorme escala.

Un reciente artículo del economista Gilles Moëc¹ plantea una hipótesis provocadora: la IA podría estar “canibalizando” la economía mundial. La expresión no significa que la tecnología destruya necesariamente toda la actividad económica, sino que su expansión puede absorber una proporción creciente de los recursos y desplazar inversiones necesarias en otros sectores.

Según el artículo, los cuatro grandes grupos tecnológicos conocidos como hiperscalers² podrían invertir unos 650.000 millones de dólares en 2026, casi tres veces el monto de 2024. Al mismo tiempo, la inversión estadounidense fuera del sector tecnológico se sitúa 11% por debajo del nivel de 2019. En efecto, las actividades tecnológicas representarían cerca de dos tercios de la inversión privada no residencial de Estados Unidos.

La advertencia no es que toda inversión tecnológica sea improductiva; la cuestión es otra. Si la expansión de la IA demanda más ahorro, energía, equipamiento y capacidad industrial de lo que la economía mundial puede suministrar rápidamente, el ajuste puede producirse mediante tasas de interés más altas, mayores precios de insumos y desplazamiento de inversiones tradicionales.

El problema, por tanto, no sería solo una eventual burbuja financiera, sino que podría emerger una economía de dos velocidades: un núcleo tecnológico concentrado, dinámico y altamente capitalizado, junto con actividades productivas que enfrentan costos crecientes, menores márgenes y dificultades para invertir.

Antes de la productividad está la inversión y, en efecto, una parte importante del discurso favorable a la IA se apoya en sus posibles impactos sobre la productividad. Si cada trabajador puede producir más en menos tiempo, las empresas reducen costos, la economía crece y la sociedad obtiene más bienes y servicios.

El argumento es razonable, pero entre la inversión inicial y la mejora de la productividad existe un proceso complejo. Las organizaciones deben adquirir tecnología, adaptar procesos, formar personal, reorganizar tareas, verificar resultados y corregir errores. En muchos casos, la primera consecuencia no es una reducción inmediata de costos, sino un aumento de gastos y necesidades de infraestructura.

El artículo de Moëc construye dos escenarios hacia 2035. En ambos, la inversión tecnológica continúa creciendo 7,5% anual en términos reales, mientras la inversión no tecnológica cae 2%. Incluso suponiendo que la IA elevará en un punto porcentual el crecimiento potencial, la inversión privada no residencial de Estados Unidos pasaría de alrededor de 15% a 19% del PIB. Sin esas ganancias, llegaría a aproximadamente 21%; de hecho, el propio autor aclara que no se trata de una predicción exacta, sino de un ejercicio para evaluar la sostenibilidad de la trayectoria actual.

La distinción es fundamental, porque una tecnología puede ser altamente productiva en el largo plazo y generar, durante su expansión, desequilibrios significativos; puede mejorar la eficiencia de las empresas que logran adoptarla y, al mismo tiempo, encarecer el financiamiento o los insumos para aquellas que quedan fuera de la frontera tecnológica.

También puede aumentar la productividad sin que sus beneficios se distribuyan de manera equitativa; que una empresa produzca más por hora trabajada no determina automáticamente si ese excedente se traducirá en mejores salarios, menor jornada, más empleo, mayores ganancias o precios más bajos. La productividad es una posibilidad técnica y su distribución es un conflicto económico y político en permanente tensión.

Esta perspectiva obliga a reformular la pregunta sobre el verdadero impacto en el mercado laboral. No alcanza con intentar calcular cuántos puestos de trabajo serán sustituidos; la IA actúa primero sobre las tareas, luego sobre la organización del trabajo y finalmente sobre la cantidad y calidad del empleo.

La evidencia disponible no respalda, por ahora, la idea de una desaparición inmediata y generalizada del trabajo. Un estudio conjunto de la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial estimó que entre 26% y 38% de los empleos de América Latina y el Caribe podrían estar expuestos a la IA generativa. Sin embargo, solamente entre 2% y 5% se encontrarían ante un riesgo de automatización completa con las capacidades tecnológicas actuales. En cambio, entre 8% y 14% podrían experimentar una transformación orientada al aumento de productividad.³

Exposición no significa necesariamente sustitución. En efecto, un empleo está expuesto cuando una parte relevante de sus tareas puede realizarse o complementarse mediante IA. El resultado depende de cómo se incorpore la tecnología, de las decisiones empresariales, de la capacidad regulatoria del Estado y del poder de negociación de los trabajadores.

Un administrativo puede utilizar IA para reducir el tiempo dedicado a redactar informes, clasificar documentos o responder consultas. Eso podría permitirle concentrarse en tareas de mayor valor; pero la misma herramienta podría utilizarse para aumentar su carga de trabajo, reducir la plantilla o vigilar cada acción que realiza. Y lo mismo aplica para otros casos. Por tanto, la cuestión central no es exclusivamente si la IA “crea o destruye empleo”; el verdadero interrogante es qué tareas sustituye, cuáles intensifica, cuáles crea, qué capacidades desvaloriza, quién controla el proceso y quién se apropia de las ganancias resultantes.

El riesgo más inmediato puede no ser el desempleo tecnológico masivo, sino una transformación desigual del trabajo: reducción de puestos de atención directa al público, desigualdad salarial, intensificación de ritmos, pérdida de autonomía, vigilancia algorítmica y, sobre todo, debilitamiento de la capacidad colectiva de negociación.

Además, los beneficios no se distribuyen de manera uniforme o mecánica y la evidencia internacional indica que las personas con mayor educación, mejores ingresos y acceso a herramientas digitales suelen estar en mejores condiciones para complementar su trabajo con IA. Los trabajadores con menor formación, vínculos más precarios o tareas altamente estandarizadas tienen menos capacidad para capturar esos beneficios.

Puede darse así una paradoja latinoamericana: la brecha digital protege temporalmente algunos empleos de la automatización, pero también impide que esos trabajadores accedan a las mejoras de productividad. La exclusión tecnológica funciona simultáneamente como impulso y como freno.

Uruguay enfrenta esta transición desde una posición particular, dado que cuenta con importantes fortalezas institucionales (conectividad, experiencia de gobierno digital, empresas de tecnología, capacidades universitarias), infraestructura energética relativamente robusta y una tradición de regulación y negociación colectiva.

Así pues, el país aprobó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2030, concebida para abarcar al sector público y privado. La estrategia tiene como objetivos el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la soberanía, la formación de capacidades y la construcción de marcos regulatorios. También reconoce explícitamente las limitaciones derivadas del tamaño de la economía y del presupuesto nacional.

Sin embargo, una estrategia general no resuelve por sí misma el problema económico. Uruguay tiene una baja inversión en investigación y desarrollo en comparación con los países avanzados. Además, enfrenta esta transformación desde una base de inversión relativamente débil.

Esto significa que Uruguay puede ser un usuario relativamente avanzado de tecnologías producidas en otros países, sin participar proporcionalmente en la generación del valor, las patentes, la infraestructura o las plataformas que las sostienen. El peligro no es quedar completamente fuera de todo esto, sino incorporarlo de manera dependiente: pagar licencias y servicios externos, entregar datos, adaptar la organización productiva a plataformas extranjeras y recibir apenas una fracción de las ganancias.

La dependencia tecnológica ya no se limita a importar máquinas. Incluye la dependencia de modelos, nubes, capacidad de cómputo, estándares, datos, servicios digitales y decisiones algorítmicas que no siempre pueden auditarse desde el país. La pregunta estratégica es qué lugar ocupará Uruguay en esta división internacional del trabajo. ¿Será apenas consumidor de sistemas desarrollados en el exterior, o podrá construir capacidades propias y utilizar la tecnología para transformar sectores productivos nacionales?

Las oportunidades existen. La IA podría mejorar la productividad agropecuaria, la logística, la salud, la educación, la administración pública, la gestión energética, la investigación y los servicios profesionales, pero el resultado no será automático; dependerá de que exista una política productiva orientada al desarrollo, con objetivos nacionales y no solamente una suma de adopciones empresariales individuales.

Frente a estos riesgos suele plantearse una falsa oposición entre innovación y regulación. Según esta mirada, cualquier norma podría retrasar la adopción tecnológica y perjudicar la competitividad, pero la experiencia histórica muestra lo contrario. Las transformaciones tecnológicas más profundas siempre requirieron instituciones que organizaran sus efectos: normas laborales, sistemas educativos, políticas industriales, derechos de propiedad, infraestructura pública y mecanismos de protección social.

Regular la IA no significa decidir qué tecnología puede existir; significa establecer las condiciones bajo las cuales puede utilizarse cuando afecta derechos, empleo, ingresos y decisiones relevantes para las personas. En el mundo del trabajo, una regulación básica debería garantizar al menos el derecho a saber cuándo se utiliza un sistema de IA; conocer su finalidad, acceder a los criterios relevantes de funcionamiento, impugnar decisiones automatizadas, proteger datos personales, impedir abusos de vigilancia, identificar responsabilidades humanas y evaluar previamente los impactos laborales.

También debería establecerse la obligación de informar y negociar con las organizaciones de trabajadores antes de introducir sistemas que modifiquen sustancialmente la organización del trabajo, la evaluación de desempeño, la asignación de tareas, la contratación, las promociones o los despidos. La IA no debería convertirse en una forma de eludir la responsabilidad empresarial. Detrás de una decisión algorítmica siempre existe una organización que selecciona el sistema, define sus objetivos, alimenta sus datos y decide utilizar sus resultados.

Pero la regulación laboral es solo una parte. Uruguay necesita políticas públicas que intervengan sobre la estructura económica de la transición. Eso supone invertir en investigación, educación, infraestructura digital y capacidades públicas, apoyar a pequeñas y medianas empresas, promover infraestructura compartida de datos y cómputo, condicionar apoyos públicos a la creación de empleo, la formación y la transferencia tecnológica, utilizar las compras públicas para desarrollar soluciones nacionales y evaluar los efectos energéticos, ambientales y territoriales.

También es necesario construir sistemas “soberanos” de información; sin estadísticas sobre adopción tecnológica, tareas afectadas, ramas de actividad, salarios, productividad y condiciones de trabajo, el país discutirá la IA a partir de impresiones o de estudios elaborados para otras economías.

Entonces, ¿existe alguna oportunidad o giro positivo? Sí, pero no está garantizado. El desarrollo de la IA puede permitir que las personas dediquen menos tiempo a tareas repetitivas, accedan a más conocimiento y produzcan más y mejor. Puede fortalecer capacidades públicas, mejorar la prevención sanitaria, democratizar herramientas profesionales y facilitar la participación de pequeñas empresas en actividades antes reservadas a grandes organizaciones.

También podría abrir una discusión histórica sobre el tiempo de trabajo, dado que una parte de la mejora podría permitir reducir la jornada –estrictamente, los tiempos de trabajo– sin disminuir salarios. Lo que para una empresa aparece como ahorro de costos puede convertirse, mediante negociación colectiva y política pública, en mayor tiempo libre y mejor calidad de vida. Pero el “giro positivo” requiere disputar la orientación de la tecnología y la distribución de sus beneficios.

La historia económica enseña que ninguna innovación importante distribuyó espontáneamente sus frutos. Los aumentos de productividad se transformaron en mejores salarios, jornadas más cortas y protección social cuando existieron instituciones, organización colectiva y decisiones políticas capaces de convertir el progreso técnico en progreso social.

El escenario deseable no es una economía sin IA, pero tampoco una economía organizada alrededor de las necesidades de unas pocas plataformas globales. El objetivo debería ser una economía capaz de adoptar tecnología sin perder autonomía, aumentar la productividad sin expulsar trabajadores, utilizar datos sin vulnerar derechos y generar riqueza sin concentrarla aún más.

La IA puede contribuir a una transformación productiva positiva para Uruguay, pero eso exige dejar de tratarla como una herramienta neutral. Es una infraestructura económica, una relación de poder y un campo de disputa sobre el futuro del trabajo. La pregunta decisiva no es qué hará la IA con nosotros, es qué instituciones construiremos para decidir qué queremos hacer con ella.