A partir del 1º de octubre comenzó a ser obligatorio el registro de los canes del país por medio de un sistema de chipeo que permite la identificación del perro y de sus dueños, que deberán hacerse cargo de la tenencia de forma responsable. Desde enero de 2018, además, todas las mascotas deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Animales de Compañía. Pasado el lapso legal, las autoridades comenzarán a fiscalizar el cumplimiento de esta “exigencia” y en caso de faltas pondrán multas.
La colocación de chips estaría a cargo de veterinarios acreditados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Quienes dirigen la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba) son los que iniciaron esta política de chipeado.
Alejandro Benech, responsable del Departamento de Pequeños Animales de la Facultad de Veterinaria (Fvet), perteneciente a la Universidad de la República, explicó: “El chip es una cápsula que mide unos pocos milímetros de largo; es muy parecida, en la forma y en el tamaño, a un grano grande de arroz. En el interior tiene un mecanismo electrónico que no lleva batería, que se activa con un lector y tiene la información que el fabricante le quiere poner. Ahí se puede poner el nombre del animal y del propietario con su cédula, la dirección, y si el animal está castrado o no”.
Benech aseguró que desde el punto de vista sanitario, la colocación del chip no representa un riesgo para el animal. “La colocación es como una vacuna, se coloca en forma subcutánea en una zona a la que él no puede llegar, que es en la cruz, por el cuello, y está fabricado de un material totalmente inerte al que el organismo no reacciona, entonces es como si no tuviera nada. Lo único que puede llegar a pasar, que es muy raro, es que ese microchip pueda migrar en el subcutáneo y cuando lo vayan a buscar no esté en el lugar en el que se puso”. María del Carmen Cuns, asistente del Departamento de Pequeños Animales de la Fvet, destacó que no es necesario renovar el microchip, ya que este le queda para toda su vida.
Según Benech, “una cosa que llama la atención es que dentro de los datos no se pone el plan sanitario del animal; no se pone si tiene vacunas, si está desparasitado o no”. Cuns opinó que “por ese lado también está incompleto; es otra cosa más que criticamos quienes no estamos de acuerdo con el uso del chip. Teniendo en cuenta la salud pública, que es una sola, de los animales y de la gente, sería importante saber si tiene las vacunas contra enfermedades que son transmisibles al ser humano”.
“Se supone que la implementación del chip ya comenzó. Hay veterinarias que tienen un cartel que dice que allí se coloca el microchip, o sea que el sistema estaría funcionando, pero no sabemos si alguien ya lo hizo” aseguraron ambos. Cuns mencionó que no hay obligación por parte del veterinario: “Es sólo si quiere. En el caso del microchip, en lo personal no lo sugiero, por el momento”.
“Tampoco hay una postura unánime entre los veterinarios; algunos están a favor y otros en contra, pero la mayoría de nuestros conocidos no está muy de acuerdo”, comentó Benech. Además, colocarlos no tendría que ser parte de la tarea del doctor, “porque la función del veterinario es mantener un estatus sanitario de la población canina adecuado para que, primero, los perros tengan una buena calidad de vida, y segundo, que no haya enfermedades que pasen al humano”, destacó el veterinario.
Uno de los propósitos de este microchip es controlar la superpoblación canina. Benech mencionó un “plan global” en el que el chipeado sería una de las posibles soluciones, “pero el microchip en sí mismo no, porque, justamente, con eso se puede controlar a los animales y a los dueños, pero no se puede identificar a los animales callejeros porque no tienen un responsable, entonces no es la solución”.
Cuns comentó que una de las posibles soluciones, si se llegara a identificar a todos los perros callejeros, sería “castrarlos, castrar hembras y machos, pero ya que esos perros no van a ser chipeados porque nadie se va a hacer cargo del costo –porque son animales que no tienen dueño–, la solución sería bastante complicada. Sería básicamente como la patente; sólo los dueños que se preocupan por sus perros se la ponen. Habría también que plantear algún plan pensado para que esta cirugía no tuviera un costo importante para la gente”. Benech agregó: “Las castraciones gratuitas son otra herramienta que no ataca directamente al problema real que son los perros callejeros, porque se castra perros que tienen dueño. Está bien, pero no soluciona el problema. No dicen qué es lo que van a hacer con estos perros [los callejeros]”.
Encerrados
Un tema muy polémico fue la implementación de las perreras en nuestro país.
“La perrera en realidad es una mala palabra, porque a los que vivimos la perrera sabemos la forma en la que actuaba, y no estaba bien. En muchos países la perrera existe: es un sistema más de ese plan global que tiende a controlar a los perros callejeros. En realidad, en los países en que funciona y es aceptada, la perrera lo que hace es recoger a los perros de la calle y los lleva a algún refugio, que tiene que estar en condiciones adecuadas; incluso se los vacuna, se los castra y se los mantiene un tiempo prudencial, determinado por la reglamentación, para conseguirles dueño; los animales que no llegan a ser adoptados son sacrificados, o se quedan en algún refugio que los tiene de por vida”, detalló el veterinario. En Uruguay la ley de protección a los animales prohíbe el sacrificio de los perros, por lo que ese mecanismo mencionado por Benech no se podría usar. La alternativa de mantenerlos “es un sistema muy caro”, resaltó el académico, y agregó que el gobierno uruguayo no explicó cómo lo implementaría. Los que gestionan el tema hasta ahora son los refugios por iniciativas personales y “no están dando abasto”, destacó Benech. Cuns agregó: “Hay muchos refugios pero ya no aceptan más perros, porque no tienen lugar físico, ni la parte de economía para poder mantenerlos”.
Benech expresó que en la campaña la preocupación por esta superpoblación es mayor que en la ciudad, ya que los perros vagabundos atacan al ganado, y eso afecta la actividad ganadera del país. En cambio, en la ciudad existe un mayor control sobre los canes porque “hay muchas personas que les dan de comer, que los cuidan, y tienen más costumbre de estar en contacto con la gente”, explicó.
Basándose en una encuesta publicada por la Cotryba, Benech dijo: “No se conoce la cantidad exacta de perros en Uruguay; hay una aproximación de 1.700.000 caninos, sin saber cuántos son callejeros o vagabundos de ese total”.
Rocío Chirico, Evelyn Lizarazu
Artículo publicado en La fresca, publicación hecha por estudiantes de la educación media pública de Uruguay.