En el mes de la afrodescendencia en Uruguay, la Organización Social Salvador concurrió la semana pasada a la Comisión de Educación y Cultura del Senado para plantear una serie de preocupaciones sobre la situación de la comunidad afrodescendiente en el sistema educativo y, en ese sentido, reclamar políticas para atender esa desigualdad. Orlando Rivero, integrante de la organización, se refirió ante los senadores a las dificultades de esa población para avanzar a nivel de sus trayectorias educativas y también a situaciones concretas de discriminación.
Respecto a las primeras, Rivero citó varios estudios que, entre otros datos, marcan que las personas afrodescendientes cuentan con dos años menos de escolarización en comparación con el resto de la sociedad. “Las expectativas de que una persona negra en Uruguay termine secundaria son 20 puntos menores que quienes no lo son, en el mismo contexto; es decir, que es negativo nacer en un hogar afrodescendiente, negro”, sostuvo, según consta en la versión taquigráfica de la sesión del 13 de julio. El integrante de Salvador también se refirió a datos que muestran que 95% de los estudiantes de la comunidad afro concurren al sector público y solo 5% al sector privado.
En relación a la situación más estructural que se vincula con esos resultados, Rivero habló de los elevados niveles de pobreza en los que viven las personas afrodescendientes en comparación con el resto de la sociedad uruguaya, lo que también explica que dicha comunidad viva mayormente en las periferias de las ciudades, no solo en la capital, sino también en los departamentos del interior.
Al respecto, Rivero afirmó que las personas negras presentan mayores niveles de analfabetismo funcional, lo que, sumado a una mayor extraedad, lleva a un ingreso muy temprano al mercado de trabajo, pero a puestos de tareas manuales y de mayor precarización y, en el caso de las mujeres, a tareas de cuidados, pero sin formación adecuada para ingresar en el trabajo formal.
Como síntesis, señaló que el “concepto vareliano que supone que la educación genera cambios a nivel de la estructura de la sociedad, no llega a la comunidad afrodescendiente”. En ese sentido, reclamó ante los senadores que el sistema político tome medidas para revertir esa situación.
Rivero se refirió a algunas acciones que deberían ser profundizadas, como el artículo que se votó en la pasada Ley de Presupuesto Quinquenal, que establece que los organismos del Estado deben dar cuenta de las acciones afirmativas que implementen para la comunidad afro. Sin embargo, dijo que ello no aparece en el proyecto de ley de rendición de cuentas enviado al Parlamento recientemente.
Situaciones concretas de acoso y violencia hacia estudiantes negros
El integrante de la organización también planteó que el “maltrato, el racismo y el impacto de la discriminación racial dentro de los centros educativos de primaria y secundaria son muy altos”. “No estamos hablando de bromas, chistes y demás, sino del acoso y la violencia constante”, aclaró.
En diálogo con la diaria, Rivero planteó que casos como el del niño de ocho años al que le impusieron medidas cautelares luego de ser denunciado por acoso sexual y escrachado en su escuela muestran que “la educación termina siendo un lugar de sufrimiento” para niños, niñas y adolescentes negros. De todas formas, como afirmó también ante la comisión, dijo que no se trata de un caso aislado.
Como otros ejemplos, mencionó el caso de un niño de una escuela de Piedras Blancas que, luego de varias golpizas, sufrió “un puntazo” con un lápiz por parte de compañeros o el de otro que asistía a una escuela en Las Acacias, pero su madre tuvo que cambiar de centro educativo después de un sostenido acoso de sus pares, que también incluyó agresiones físicas. En este último caso, el niño no solo la pasó mal en la escuela, sino que también repitió el grado.
Las denuncias de discriminación que llegaron a la organización también incluyen a la educación especial, donde una niña afrodescendiente que tiene síndrome de Down sufrió malos tratos y comentarios discriminatorios, según lamentó Rivero. Además, habló del caso de un adolescente riverense con autismo al que sus compañeros trataron de “mono” durante mucho tiempo y ello le generó diversos traumas.
La discriminación no siempre es ejercida por los compañeros de clase, sino también por las propias familias. Como ejemplo, mencionó el caso de la Escuela Brasil, en donde algunas familias plantearon la necesidad de limitar los ingresos de estudiantes migrantes, muchos de ellos afrodescendientes. En ese mismo centro, dijo que recientemente una niña cubana respondió con violencia a una compañera después de varios meses de acoso.
Más allá de que recientemente la organización planteó el tema directamente al presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Pablo Caggiani, y a la directora de Derechos Humanos del organismo, Nilia Viscardi, quienes plantearon su disposición a abordar el tema, Rivero señaló que el propio sistema muchas veces se encarga de invisibilizar la discriminación. Al respecto, contó de varios casos en los que las inspectoras han disuadido a las familias de presentar denuncias formales, por ejemplo, proponiendo la realización de talleres. De todas formas, aseguró que, en el caso de Primaria, el Programa Escuelas Disfrutables está “desbordado” para atender este y otro tipo de emergentes que surgen a diario en escuelas y jardines públicos.
La invisibilización de la discriminación
Esa invisibilización de la discriminación que viven en el entorno de 20% de los niños y niñas uruguayos también llegó a la propia Comisión de Educación y Cultura del Senado, donde algunos legisladores se mostraron sorprendidos por las denuncias de la organización. No solo eso, sino que la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, incluso negó la existencia de discriminación por motivos étnico-raciales en escuelas y liceos.
Al respecto, Rivero relacionó ese tipo de posturas con la tradición igualitaria que existe en las aulas uruguayas, en las que en el discurso todos son tratados de la misma manera, pero, como muestran los datos y casos que presentó Salvador, en la práctica está lejos de concretarse para algunas comunidades como la afrodescendiente. Según completó, la dimensión de clase no es suficiente para explicar la exclusión del sistema de las personas afrodescendientes, que, por ejemplo, solo llegan en un 4% a la universidad.
En ese sentido, el integrante de la organización dijo que la comunidad afrodescendiente tiene una raíz histórica y otra cultural que marca que “aunque nacimos en Uruguay, provenimos de otro lugar”. Según completó, a partir del color de piel queda claro quiénes no provienen de otras migraciones como la europea, la asiática o la de pueblos originarios y, en ese sentido, su llegada al país no fue voluntaria, sino forzada. Rivero consideró que la educación debería ser un elemento para revertir esas violencias y desigualdades, pero en los hechos termina siendo “negativo o neutro”, es decir, que no genera modificaciones en la vida de las personas negras.
En cuanto a acciones que el sistema educativo debería tomar, Rivero planteó en la comisión la necesidad de formar a los docentes en temas étnico-raciales y también valoró la aplicación del nuevo sistema de Becas Butiá, que en un 17% están dirigidas a adolescentes afrodescendientes. “Se necesita también la intervención de equipos especializados que trabajen en la reducción de la violencia racial dentro del sistema educativo”, concluyó.