Ya con aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados, el Senado discutió ayer la modificación del régimen de aportación y funcionamiento del Fondo de Solidaridad, el organismo que con aportes de egresados de carreras universitarias en ejercicio independiente financia la trayectoria de algunos estudiantes mediante becas. Los cambios incluyen la reducción a más de la mitad del salario del máximo jerarca, la modificación de la disponibilidad de gastos de orden administrativo y la precisión del cese de la causal de aporte.
Los cambios introducidos a la Ley 16.524, impulsada por Luis Alberto Lacalle durante su ejercicio como senador y promulgada cuando ofició de presidente en 1994, fueron tratados con mayor profundidad durante el debate en la Cámara de Diputados.
Un primer artículo modifica la causal para cese de aporte al Fondo –acceder a una jubilación– y agrega que esta sea otorgada por la Caja de Profesionales, la Caja Notarial o el Banco de Previsión Social. “Era una generalización muy grande, y por esto se venían cometiendo una serie de inequidades que se está intentando solucionar”, explicó el senador oficialista Rubén Martínez Huelmo, quien actuó como miembro informante de la cámara. “Parece correcto que cese el aporte cuando se accede a una jubilación de la profesión por la cual se obtuvo el título, pero no que tenga que seguir aportando si tiene otro tipo de actividad remunerada –sea un quiosco o manejar un taxi–. Esto choca con las normas de la lógica”, opinó. A partir de estos cambios, la persona aportará mientras mantenga una actividad laboral vinculada a la profesión, independientemente de otras actividades laborales por las cuales perciba un ingreso.
Sobre este asunto se pronunció el legislador nacionalista Luis Alberto Heber, quien cuestionó lo que sucede en el caso de los que ejercen la docencia universitaria una vez jubilados. “Me lo han preguntado y no supe qué responder”, reconoció, a lo que el independiente Pablo Mieres respondió que “la docencia universitaria no es una carrera y, por tanto, no implica estar sometido a aportes del Fondo”.
El segundo artículo votado refiere a un asunto que fue objeto de polémica durante la discusión y que “no está saldado”, según varios opositores al partido de gobierno: las posibilidades de gastos del Fondo. La ley preveía que los gastos de administración y funcionamiento no podían insumir más de 7% de los ingresos brutos del ejercicio inmediato anterior, actualizado por el Índice de Precios al Consumo. Lo sancionado ayer establece una baja gradual, pasando a 6% a partir del 1º de enero, a 5,5% un año después, para culminar con 5% a principios de 2020. En este sentido, Heber sostuvo que la modificación sólo implicará un adicional de “70 millones de pesos, según el Fondo de Solidaridad”, y que habría que modificar la cantidad de funcionarios –actualmente, 50–, ya que el organismo “no requiere tanta burocracia”.
Uno de los cambios “elementales”, según Martínez Huelmo, es el relativo a la remuneración mensual que percibe el funcionario de mayor jerarquía, anteriormente ligada a la remuneración mensual del prorrector de la Universidad de la República (Udelar). La nueva legislación establece que no podrá ser superior a la remuneración nominal mensual que por todo concepto perciba el cargo de director de unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). “Esto pone un tope salarial que está en línea con el artículo anterior. La razón del cambio es pasar de una remuneración de índole administrativa a una de índole legal, precisamente para que no se dispare el aumento”, dijo el frenteamplista. Actualmente, el administrador del Fondo percibe unos 280.000 pesos mensuales, que mantendrá hasta su cese en el cargo, ya que cuenta con los derechos adquiridos, pero el próximo jerarca recibirá 120.000. Martínez Huelmo sostuvo que “no se trata de un cambio sustancial”, pero “va en el sentido que reclaman todas las organizaciones de profesionales universitarios y también el propio rector de la Udelar”.
Para finalizar, el senador oficialista dijo que “nadie duda de la vigencia de este fondo, ni de los beneficios que ha dado al país”, que ejemplificó en cifras: más de 100.000 becas otorgadas, de un promedio de 7.200 pesos, que totalizaron 464 millones de pesos en 2016. También acotó que “17 de cada 100 egresados reciben becas del fondo, sobre todo en los hogares más humildes”.
La legislación se aprobó finalmente por unanimidad de 24 senadores. En representación del Partido Nacional, Heber sostuvo que su bancada partidaria acompañó la votación porque “son mejoras en el sentido correcto”, pero afirmó que el proyecto “se ha ido desnaturalizando mucho”. En este sentido, puntualizó sobre el aporte adicional que se votó durante la crisis de 2002, que volcaba fondos a la Udelar, y consideró que “pasada la crisis, no me parece justo” que se mantenga. También se refirió al mínimo de aporte establecido –ocho bases de prestaciones y contribuciones–, que, sostuvo, le parece “bajo”, porque “agarra salarios que no son los que buscaba el proyecto, que eran aquellos de quienes tienen éxito”, y propuso pasarlo a diez. El nacionalista además cuestionó que el Fondo sea una persona pública no estatal y sugirió pasarlo a la órbita del MEC para “poder controlar mejor lo que pasa allí”. “Hay más temas para hablar, seguramente volvamos a hacerlo”, culminó.
Mieres, por su parte, dijo que se trata de un proyecto “oportuno y justo, en una situación rotundamente negativa” en cuanto a la administración. El legislador independiente dijo que “lo más importante” de la reforma votada es que se construirá un fondo de reserva que se servirá de los sobrantes anuales para destinarlos a becas en los próximos ejercicios. Según dijo, “la redacción anterior tenía un incentivo a no ejecutar” y repartir entre los funcionarios el excedente anual, lo que consideró “perverso”. También propuso iniciar “una investigación al respecto, porque ha habido un abuso de parte de esos funcionarios”.