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Marco Antonio Rodrígues.

Foto: Federico Gutiérrez

La Universidad debe “estimular a quienes actúan en el campo social”

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El brasileño Marco Antonio Rodrigues advirtió que a nivel mundial se busca eliminar el concepto de universidad como “bien público”

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“La universidad latinoamericana al servicio de la gente: ideas para tiempos difíciles” fue el título de la conferencia que dio Marco Antonio Rodrigues días atrás, en la apertura de las Jornadas Nacionales de Extensión organizadas por la Universidad de la República. En el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación, el consultor en educación superior habló sobre los cambios que puede implicar la aplicación de políticas neoliberales en la región en materia educativa, sobre el movimiento mundial por “eliminar el concepto de universidad como bien público” y sobre la situación de su país, Brasil.

Rodrigues fue prorrector de Extensión de la Universidad de Brasilia en la década de los 70 y consultor de la UNESCO entre 1981 y 1999, organización en la que continuó actuando hasta 2009. Fue, además, periodista. Hizo referencia a los “tiempos difíciles” del título de su conferencia al mencionar que en los últimos años “los gobiernos de la región han hecho una opción radical por las políticas neoliberales”, y se mostró afectado por la situación que vive su país. “A mi generación no hay que preguntarle lo que hay que hacer, hay que preguntarle en qué le erramos”, aseguró, y reflexionó que si “adeptos de regímenes dictatoriales pudieron volver a través del voto popular, fue porque le erramos”.

Habló sobre la evolución que tuvo en estas décadas el concepto de extensión universitaria, una actividad que nació “con un pecado original”, porque “fue creada para que los profesionales que tienen el saber transmitan al pueblo, en general ignorante, un conocimiento, una manera de hacer las cosas”. Dijo que en sus inicios podía considerarse una actividad “de carácter más o menos demagógico”, vinculada a la caridad, y que tenía un carácter marginal en las universidades, ya que no estaba fuertemente vinculada con las tareas docentes y de investigación. Rodrigues apuntó que se llevó una sorpresa positiva en la Conferencia Regional de Educación Superior, que este año se reunió en Córdoba, en la que estos conceptos que de alguna manera marcaron el origen de la extensión no estuvieron presentes.

Cuestionó, visiblemente entristecido, que el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, haya planteado que busca un ministro de Educación que “tenga autoridad” y pueda “erradicar la filosofía de Paulo Freire”, mundialmente conocido por su Pedagogía del Oprimido y nombrado hace algunos años patrón de la educación brasileña. “No basta con que la gente aprenda a leer, tiene que aprender a leer y aprender a reflexionar sobre su situación, y a organizarse para luchar para acabar con la dominación y dejar de ser oprimido”, parafraseó Rodrigues al educador brasileño, y reafirmó que en la actualidad sigue pensando que la función de la extensión “es esta: estimular a quienes actúan en el campo social”.

“Bien público global”

Hablando sobre la educación superior, Rodrigues señaló que en los últimos tiempo surgió “un movimiento muy grande en el mundo entero por eliminar el concepto de universidad como bien público”. Mencionó que desde su creación, la UNESCO defendió la idea de que la universidad tiene que ser un bien público, accesible para todos, y que tiene responder a las necesidades de la sociedad, pero aseguró que hoy “se busca eliminar esto”. “En el Banco Mundial [BM] se pasó a hablar de ‘bien público global’, que es para que todas las instituciones se adapten a modelos que son de algunos pocos, que son los países que darían la escala de lo que tienen que hacer las universidades”, en referencia a las europeas, las de Estados Unidos, Canadá, Israel y Australia. Vinculó este cambio con la intención de organizaciones como el BM o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de que la educación superior “sea reglamentada por los nuevos formatos de acuerdos comerciales de servicios”, de forma que sea “un producto comercial, que no sea para todos y que no defienda los principios humanistas”. Uruguay, apuntó, “es de los pocos países que están reaccionando contra esto”.

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