Mientras que en Brasil el gobierno de Jair Bolsonaro transforma la educación en su enemiga primordial, con denuncias de bloqueo de fondos, en México son tiempos de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que en los últimos meses protagonizó una fuerte discusión política, jurídica y legislativa orientada a revertir la reforma educativa impuesta por el ex presidente Enrique Peña Nieto. Para analizar lo que implicó la reforma de 2013, poner en perspectiva las similitudes existentes en la región y en Uruguay y repensar los desafíos actuales en materia educativa en América Latina, la diaria dialogó con Agustín Cano, doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del Núcleo Educación y Territorio del Programa Integral Metropolitano de la Universidad de la República.
¿Que implicó la “reforma educativa” impulsada en 2013 por el gobierno de Peña Nieto?
Se la declaró “mal llamada” porque la reforma de Peña, más que “educativa”, fue sobre todo una reforma laboral, concretada por medio de tres leyes aprobadas entre 2013 y 2014: una ley referida al ordenamiento de la información educativa, otra al sistema de evaluación docente y una tercera que creaba el Servicio Profesional Docente. Fue una reforma realizada de modo impuesto, autoritario, con mucha represión, con presos, con muertos, que enfrentó la resistencia del magisterio independiente y que tuvo la impronta del abecé educativo del capital humano, que es el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que México integra.
Fue una reforma impulsada por Mexicanos Primero, un “frente civil empresarial” con una fuerte capacidad de propaganda mediática y presión política, y con una intensa actividad de organización de foros y simposios sobre “innovación pedagógica”. En su concepción los problemas sociales son causa de la educación, en particular de la educación pública, más en concreto de los educadores, a quienes se debe controlar, premiar, castigar. Entonces la “evaluación” es el medio por el que se organiza la competencia en un casi-mercado educativo y se gestionan sus “recursos humanos”. Por eso en este modelo la evaluación es tan importante, y en la reforma de Peña se llegó al extremo de reformar el artículo 3º de la Constitución mexicana para introducir, junto a principios como el de la laicidad o el de la gratuidad, la palabra “evaluación”. No conozco otro país en el mundo que tenga en su Constitución algo tan instrumental como que hay que evaluar lo que se hace. Esto pone de relieve hasta qué punto lo que es instrumental se transforma en principio para esta ideología educativa. Mediante la evaluación atacaron al magisterio para imponer un modelo educativo, avanzar en la mercantilización del sistema y concretar una reforma laboral precarizadora. Al final del mandato de Peña Nieto, México gastaba más en evaluar a sus maestros que en formarlos.
¿Cómo se instrumentó la represión ante la resistencia a la mal llamada “reforma”?
Tuvo diferentes momentos e instrumentos, y algunos episodios más graves, como fue la masacre de Nochixtlán, en Oaxaca, donde la Policía disparó a una manifestación que reclamaba la liberación de los dirigentes magisteriales presos y mató a 11 manifestantes e hirió a muchos más. Allí, en Oaxaca, está la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación [CNTE], una de las más combativas y una de las más golpeadas. Hay una imagen que sirve más que mil palabras para describir el talante de la reforma de Peña: la de los jeeps camuflados del Ejército ingresando a los funcionarios a las escuelas para hacer las “evaluaciones” docentes. ¿Puede haber una definición más cruda de autoritarismo que la imagen de un gobierno que necesita soldados para entrar a una escuela?
Hay una concepción educativa neoconservadora que tiene que ver con la alianza entre el neoliberalismo pedagógico y los sectores conservadores de la sociedad. Hoy la expresión más clara de esta alianza es lo que está pasando en Brasil, donde el neoliberalismo pedagógico –y su programa de privatización, mercantilización, pedagogía de las competencias orientadas al mercado– avanza aliado a Escola sem Partido, movimiento conservador y oscurantista que está llevando adelante una caza de brujas en escuelas y universidades, elimina a Paulo Freire de los textos escolares, suprime la educación sexual y cualquier contenido que pueda ubicar en lo que llaman “ideología de género” y, en general, reacciona contra la agenda de derechos. Michael Apple y otros, estudiando casos como el de la Inglaterra de Margaret Thatcher, llamaron a esta alianza “neoconservadurismo pedagógico”. Es decir, el neoliberalismo educativo, con su presentación de aparente asepsia política, sus referencias a la libertad y su perfil tecnocrático, rápidamente acude al autoritarismo si las circunstancias lo requieren.
Ambos sectores de la alianza tienen una organización transnacional que hay que mapear. Es un poco más sencillo en el caso del neoliberalismo pedagógico, ideológicamente hegemónico, en el que las propias organizaciones financieras se vuelven “educativas”. La OCDE, que produce las pruebas PISA, es una de las mayores usinas de elaboración pedagógica para los requerimientos de la globalización capitalista y fue la artífice teórica de los contenidos que había que aplicar en México, como parte de un paquete de reformas más amplio. El Pacto por México, que firmaron el PRI [Partido Revolucionario Institucional], el PAN [Partido Acción Nacional] y el PRD [Partido de la Revolución Democrático] al inicio del gobierno de Peña Nieto, incluía también otros acuerdos, como la reforma energética privatizadora. Estamos hablando de un intento de transformación estructural, que hizo de México un laboratorio. Y en particular en el caso de la reforma educativa, hay muchas cosas que sucedieron que se replican, con variantes, en otras partes. La estrategia de deslegitimación docente para quebrar a la organización magisterial es una de ellas. En películas como De panzazo [Carlos Loret de Mola, Juan Carlos Rufo, 2012], financiada por Mexicanos Primero, Waiting for Superman [Davis Guggenheim, 2010] y La educación prohibida [Germán Doin, 2012] puede verse cómo el neoliberalismo pedagógico se apropia de la crítica a los elementos cristalizados, burocratizados, caducos, de los sistemas educativos, pero presentando los problemas como propios de la educación pública, ubicando las alternativas en el sector privado y presentando al magisterio como el responsable de todas las dificultades.
¿Podría pensarse un paralelismo entre las estrategias que impulsó Mexicanos Primero y el caso de Eduy21?
Hay muchas diferencias entre ambos casos, por supuesto, pero también hay similitudes. Ya desde su conformación tienen las mismas características: son frentes civiles empresariales, financiados por cámaras y apoyados por medios de comunicación ligados a esos mismos grupos económicos. En Uruguay, Eduy21, en parte por las propias circunstancias en que surgió, ha logrado disimular más este costado de frente empresarial y mostrarse como un espacio meramente técnico. Sin embargo, los grupos que lo financian están a la vista, y allí aparecen la Confederación de Cámaras Empresariales, la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay, el Banco Itaú́ y la zona franca Zonamérica, entre otros.
También hay similitudes a nivel del discurso, que explota la idea de que la educación está en crisis, que estamos atrasados respecto del resto del mundo, y que esto se resuelve aplicando un programa de medidas en contra de las organizaciones docentes que serían las responsables de que no cambie nada. Existen similitudes en el programa, en la estrategia, en la metodología, que consiste en la propaganda de su Libro Abierto mediante la recolección de adhesiones en redes sociales y mucho cabildeo, sobre todo en este año electoral.
Estamos ante un frente civil-empresarial que se pone al hombro una reforma educativa desde fuera de las instituciones, sin participación de las organizaciones docentes ni de las comunidades educativas, con un mesianismo tecnocrático alarmante. Sin embargo, no alarma porque Eduy21 ha logrado, con una exitosa ofensiva mediática, presentarse como una organización “no política” e instalar la idea de que sólo hay dos caminos: o todo sigue como está o se aplica su programa. La situación actual de la educación, que está llena de dificultades, sin dudas, es abordada por ellos desde una visión muy reduccionista, ahistórica y parcial, porque lo que hay de fondo no es un intento de comprender la complejidad de los problemas, sino justificar un programa que ya está hecho y que procura el avance, en la escala de lo posible hoy en Uruguay, de una nueva arquitectura educativa de cara a la generación de un sistema mixto estatal-privado en competencia por recursos públicos.
Se ha dicho que se quiere cambiar “el ADN de la educación”, pero ¿cómo se logra? ¿Cómo trascender las posturas maniqueas? ¿Cuáles son las alternativas?
Ese es el gran tema. Y es un problema que tiene dos partes. Por un lado, la pregunta así formulada tiene su trampa, porque la verdad es que no existe una alternativa en los términos mesiánicos como la que formula Eduy21. Eso es una ilusión tecnocrática. Los cambios en educación son de largo aliento y sólo pueden suceder y afirmarse si parten de las potencias ya existentes, y esas potencias son las comunidades educativas, los y las educadores. Lo voy a decir con unas palabras del maestro Miguel Soler que escuché en la apertura del Congreso de la FUM: “Necesitamos un magisterio bien formado, bien retribuido y bien organizado”. Generar las condiciones para un magisterio y un profesorado bien formado, retribuido y organizado, generar los espacios de trabajo y elaboración donde dialoguen mejor las diferentes disciplinas de la investigación educativa con los saberes pedagógicos específicos y las experiencias de los docentes, generar articulaciones en torno a proyectos de largo plazo entre las instituciones que componen el sistema educativo. En fin, este tipo de ideas sobre cuáles son las bases para la transformación educativa no tienen tanta prensa ni tanto atractivo como decir: “Yo tengo el Libro Abierto para cambiarle el ADN a la educación y que Uruguay entre al siglo XXI”.
La segunda parte del problema es que la posición de resistencia, por sí sola, se agota. Desde el sindicalismo docente hemos tenido que sostener por tanto tiempo una posición de resistencia –a la privatización, a la precarización, a la mercantilización– que por momentos parece que nos hemos quedado fijados en esa posición y tenemos dificultades para formular alternativas. Por “alternativas”, reitero, no me refiero al conejo de la galera ni a los últimos descubrimientos tecnodidácticos que pusieron a Singapur al tope del PISA, sino a un programa de transformación educativa concebido como espacio de diálogo y construcción de respuestas a los problemas realmente existentes en nuestra educación pública. Y no sólo me refiero a aquello que está por hacerse, sino también al conjunto de experiencias ya en curso que son la base sobre la cual apoyar transformaciones estructurales. Porque la reforma educativa es una tarea permanente.
En todo esto hay un asunto de fondo que es hasta dónde se le puede pedir a la educación que resuelva los problemas sociales. Para el neoconservadurismo pedagógico, la “crisis de la educación” es, precisamente, de la educación, y se debe a la disfuncionalidad de los sistemas educativos modernos para los requerimientos del capitalismo toyotista o de la sociedad del conocimiento. Se trata de un diagnóstico funcional a un determinado programa de reforma. Pero hay otras caracterizaciones de la tan mentada crisis. Para Adriana Puiggrós, la crisis orgánica de los sistemas educativos modernos representa en realidad la crisis de los propios estados modernos para integrar plenamente a los ciudadanos. Vivimos en sociedades cada vez más fragmentadas, más desiguales. Eso estalla en la educación, cuando se masifica el acceso y se establece el mandato de la universalización en el nivel medio.