La semana pasada asumió el maestro técnico en carpintería Juan Pérez como integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Lo hace en representación de los trabajadores y reemplazando a Elizabeth Ivaldi, que renunció a su cargo. Pérez es maestro técnico de la UTU desde 1982, y fue secretario general y presidente de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (AFUTU); antes de asumir, hasta diciembre de 2019, ejercía como presidente del sindicato. Tanto Pérez como Óscar Pedrozo, los dos representantes electos por los trabajadores en el Codicen, permanecerán en sus cargos hasta 2021. Pedrozo asumió el cargo tras la renuncia de Robert Silva al Codicen, cuando pasó a integrar la fórmula presidencial del Partido Colorado como candidato a vicepresidente.
Pérez comentó a la diaria que si bien él es el consejero, su trabajo en el Codicen es en equipo y también junto a los otros representantes docentes en los consejos desconcentrados respaldados por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) y el PIT-CNT (Pablo Caggiani en Educación Inicial y Primaria y Carlos Rivero en Secundaria). La coyuntura actual, señaló, le genera “grandes preocupaciones”. Si bien advirtió que el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) que circula es todavía un anteproyecto, entiende que los cambios implican “un retroceso de los derechos adquiridos”. Mencionó que la participación de los docentes “se va a ver coartada” en los desconcentrados y en el Consejo de Formación en Educación, y criticó que el Ministerio de Educación y Cultura “pase a intervenir en la implementación de políticas educativas”. Agregó que las condiciones laborales “no serían iguales para todos” en caso de aprobar la coexistencia de dos estatutos docentes, y mencionó que “no está claro” cómo va a ser la representación de las asambleas técnico docentes.
Por último, cuestionó que el texto de la LUC “no hace hincapié en la educación pública” y en todos los órganos de coordinación de la educación da espacios a representantes de la educación privada, lo que, a su entender, “puede dar lugar a que la educación privada tenga una injerencia importante en las decisiones y conformación de la nueva propuesta educativa”.