El colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública envió una nota al Parlamento en la que plantea su preocupación por el artículo 17 del proyecto de ley de urgente consideración (LUC), que establece multas de hasta 80 unidades reajustables por “hostigar, insultar, atacar físicamente o verbalmente, maltratar, menospreciar o perturbar emocional e intelectualmente” a los trabajadores de la educación y de la salud. En la nota argumentan que el carácter punitivo y económico no es el camino, que el artículo no da garantías a los involucrados y que invisibiliza a los niños. El artículo, que pasó a ser el 16, fue aprobado por unanimidad en la Comisión Especial del Senado que analizó la LUC.
“La respuesta punitiva frente al conflicto le resta oportunidad a la comunidad educativa para el encuentro de espacios del diálogo, para tramitar acuerdo de partes”, señala el colectivo, integrado por padres y madres que conforman comisiones de fomento en varias escuelas públicas del país. “Es imperiosa la necesidad de construir respuestas alternativas que fortalezcan vínculos, que reparen lazos dañados, una respuesta que explore caminos de entendimiento, una respuesta educativa que involucre a las partes y promueva aprendizajes para niños, niñas, familias y docentes”, dicen, y mencionan que las agresiones a docentes están “lejos de ser una constante”, surgen por “situaciones de malestar desatadas por una mala tramitación del conflicto” y que ante estos casos “toda la caja de herramientas debería estar al servicio de lo educativo y no de lo punitivo”.
Pagar una multa de hasta 80 UR, unos 100.000 pesos, “puede ser ejemplificante pero no modifica el problema de fondo”, aseguran, y advierten que las familias que no las puedan pagar estarían “en posición de deuda económica con el centro educativo”.
Aseguran, además, que el artículo no da garantías a los involucrados: “¿Quién determina el hostigamiento, maltrato, la perturbación emocional o intelectual hacia el docente? ¿Quién determinaría la gravedad del conflicto en el disenso de partes? Existen en nuestro Código Penal leyes que ya pueden operar sobre algunas faltas o delitos (17.726, art. 3), sin necesidad de crear uno nuevo”. Advierten, además, que el artículo invisibiliza a los niños: ¿Dónde quedan ellos y ellas en el conflicto adulto y la forma que estos deciden resolverlo? ¿Cómo queda ese referente adulto en el vínculo con la escuela de su hija o hijo? ¿Cómo queda ese niño en el vínculo de su familia con la Escuela?”, preguntan.
En la carta aseguran que si bien hay otros temas del capítulo Educación con los que no están de acuerdo, entienden que esos puntos “han sido abordados de forma suficiente por otros colectivos” y, “dada la urgencia y el poco tiempo para el tratamiento” del proyecto, resolvieron pronunciarse sólo sobre este artículo del capítulo Seguridad Pública. El artículo se desglosó y fue de los últimos en votarse ayer en la Comisión Especial del Senado que estudia el texto, con el apoyo de la coalición de gobierno, que agregó también a los trabajadores del transporte como colectivo a resguardar. El texto fue acompañado por el Frente Amplio.