En las elecciones presidenciales de 2019 varios colectivos profesionales expresaron públicamente su apoyo a los candidatos del Frente Amplio, Daniel Martínez y Graciela Villar; entre ellos estuvieron algunos inspectores y coordinadores del Consejo de Educación Secundaria (CES). En su momento la declaración generó polémica por entrar en contradicción con el estatuto docente y la Constitución, y las anteriores autoridades del CES impusieron una suspensión a los involucrados; sin embargo, el expediente sigue abierto y las autoridades lo revisan para determinar si es necesario tomar otras medidas.
Este lunes jerarcas del CES y del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) comparecieron en la comisión de Educación y Cultura del Senado por este tema, a pedido de la legisladora nacionalista Graciela Bianchi. La senadora explicó a la diaria que como había seguido el tema el año pasado quería saber cómo se había procedido desde entonces, y la respuesta, según comentó, la dejó “muy tranquila”.
“Yo trabajé 42 años en la ANEP, y sacando de lado la dictadura, porque eso no es parámetro de comparación, nunca vi algo igual a lo que hicieron estos inspectores, no pensé que fueran capaces de hacer esto. La Constitución prohíbe exactamente lo que hicieron, es como si se hubieran sentado a redactar algo en contra del artículo 58 de la Constitución”, opinó Bianchi.
El artículo al que hace referencia la senadora explicita que “los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes”.
En la carta de apoyo a la fórmula frenteamplista, que estaba firmada con el nombre y el cargo de cada uno, se leía: “Los inspectores y coordinadores del Consejo de Educación Secundaria [CES] constituimos el cuerpo técnico nacional de mayor jerarquía en nuestra institución. Somos profesores de carrera y hemos accedido a nuestros puestos de trabajo por llamado o concurso de oposición y méritos. En tanto mediadores de políticas públicas, hemos resuelto apoyar la fórmula Martínez-Villar”.
En marzo de este año los inspectores recibieron la sanción de suspensión, según una resolución de las anteriores autoridades del CES, que entendían que el comunicado no debería haber sido firmado con los cargos que ocupan en la institución, informó El País. Los que habían firmado el comunicado de apoyo y lo divulgaron en redes sociales recibieron cinco días de suspensión, y los que sólo lo habían firmado tuvieron tres días de suspensión, con el correspondiente descuento del sueldo.
La senadora frenteamplista Liliam Kechichian opinó en diálogo con la diaria que “la investigación administrativa que se hizo en su momento para establecer la suspensión demostró que los funcionarios no violaron la laicidad. No hicieron ninguna actividad en ningún lugar de enseñanza ni en su horario de trabajo, y no se constató presión de ningún tipo”.
Suspensión vs. sumario
En la resolución que tomaron las anteriores autoridades del CES se “desoyó la recomendación hecha por Jurídica de Secundaria, que entendía que como se había violado el estatuto docente y la Constitución y había evidencia de ello correspondía abrir un sumario”, comentó Bianchi.
Ante esa resolución del CES que imponía una suspensión a los inspectores, el consejero electo por los docentes en el Codicen, Óscar Pedrozo, interpuso un recurso de revocación porque entendía que el comunicado de apoyo a la fórmula presidencial violaba la laicidad y era “una falta gravísima que ameritaba abrir un sumario y estudiar la destitución”, según afirmó Bianchi. Por lo tanto, el tema volvió a la órbita del CES, que debe tomar una decisión y comunicarla al Codicen. Según aclaró a la diaria la directora general del CES, Jenifer Cherro, el tema debe entrar al consejo próximamente y aún no lo ha hecho, porque este año “han surgido emergentes” que resolver antes.
Kechichian puntualizó que tanto ella como la senadora Lucía Topolansky, también del Frente Amplio, creen que los inspectores “ya tuvieron su sanción por firmar de esa forma” y que “sancionar dos veces por el mismo tema no corresponde”, aunque aclaró que la decisión la debe tomar el Codicen.
Actualmente de los 25 inspectores que firmaron el apoyo a la fórmula presidencial, 11 siguen en sus cargos interinos como inspectores; los demás se jubilaron, tienen licencia médica o renunciaron a sus cargos, según aclaró la senadora.