La Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP) organizó este jueves un encuentro con varios de los representantes docentes en los consejos de la Administración Nacional de Educación Pública en los últimos diez años. “Una década de participación y compromiso” se denominó la convocatoria, ya que fue en 2010 que asumieron los primeros delegados. Esta participación de docentes se limitará a partir del 4 de febrero, cuando cesen los representantes en los consejos desconcentrados en aplicación de la ley de urgente consideración (LUC) de 2020.
Elbia Pereira, secretaria general de FUM-TEP, aseguró que los cambios “imponen retrocesos en la participación del magisterio”, y recalcó que los representantes de la federación trabajaron con “seriedad y compromiso”. En el encuentro estuvieron los maestros que representaron a los docentes en estos diez años en distintos cargos: Teresita Capurro y Elizabeth Ivaldi en el Consejo Directivo Central (Codicen), e Irupé Buzzetti, Darby Paz, Pablo Caggiani y Gabriela Verde en el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), el espacio de representación que dejará de existir.
Capurro se remontó a la discusión que hubo en torno a la votación de la Ley General de Educación de 2008, que creó la representación docente en los consejos, y dijo que esa norma “nos posicionó de otra manera”, cambio que ahora “han barrido, lo han tirado. Nos están despojando, y la sociedad uruguaya no se está dando cuenta de que estamos perdiendo ese espacio tan importante para los protagonistas, para la sociedad, pero sobre todo para los chiquilines”.
Recordó que durante el ejercicio del cargo la guio la premisa de que “los intereses generales están sobre los particulares”, y comentó que “hubo que soportar y aguantar cómo compañeros docentes” pintaron su nombre en las veredas del Codicen, “compañeros que no entendían que al ocupar ese cargo nosotros quedábamos desprendidos del sindicato”. “Los reclamos justos, siempre; la forma es la que a veces no compartimos”. Capurro renunció al cargo después de que en 2015 el entonces presidente, Tabaré Vázquez, según la docente, “mal informado”, decretara la esencialidad en la educación.
Buzzetti señaló que la situación actual es “difícil” y opinó que “se está jugando una política de Estado” en materia de la participación en la educación, a la vez que consideró que en la dirección de Educación Inicial y Primaria hay “personas que estuvieron alejadas de la realidad del territorio, sin conocer lo que está pasando en las aulas”. Habló del trabajo recorriendo escuelas de todo el país, mediando en conflictos, y en particular destacó la articulación con Ceibal en los inicios del plan, cuando entre las maestras había distintas visiones sobre el tema.
Calificó la eliminación de la participación como “un abuso, porque acá no hay improvisación. Es una de las cosas por las que tenemos que luchar contra la LUC; indudablemente, a mi juicio, es una desconfianza hacia lo que puede hacer un maestro o maestra representando en un consejo”. La FUM-TEP, finalizó, “no es un sindicato para la barricada, para obstaculizar, sino que piensa siempre en la profesionalidad de cada maestro y maestra”.
Ivaldi aseguró que no están de acuerdo “con la concentración de poder y autoridad en el Codicen”, y opinó que “por más que se diga que va a quedar ahí el representante de los docentes, lo que enriquece es el trabajo en equipo” con representantes en todos los consejos. Remarcó que “ninguna reforma de la educación ha tenido nunca éxito contra el profesorado”, y aseguró que se debe “revertir” el cambio impuesto en la LUC, para que la participación de los docentes “no quede en una representación figurativa en un cargo o dos en el Codicen”.
Para Caggiani, lo aprobado en la LUC “es un accidente, es una especie de ‘alto de Viera’ del siglo XXI respecto de lo que ha sido el ensanche de derechos y de participación de la sociedad”, que se da, a su entender, tras “diez años de machaque de que el problema de la educación son los docentes”. Dijo además que esta “tesis que han probado de ‘ordeno y mando’, ‘si concentro el poder las cosas van a funcionar bien en las aulas’ fue la tesis de la ley de Sanguinetti [en referencia a la ley de 1972], y no hay una persona en Uruguay que pueda animarse a decir en voz alta que esos años fueron buenos para la educación pública”.
Señaló que se deberá “evaluar lo que hicimos, cuáles fueron las debilidades que nos hicieron llegar a esto, y estableceremos los mecanismos que permitan retomarlo”, y remarcó que “ninguna política educativa que entienda que el problema son los docentes va a buen puerto”.
Consideró que en el escenario actual hay “mejor inversión pública en educación pública. Algo que nadie se animaba a decir, que había que recortar en salarios docentes o en gastos de funcionamiento, pasadas las elecciones han tomado esto como un cheque en blanco y lo que están haciendo es bajar salario a docentes, recortar derechos a trabajadores, dejar a las infancias a la intemperie, que es lo que se ha hecho en la pandemia con nuestras infancias”.