Los exjerarcas del Consejo de Educación Secundaria (CES) Celsa Puente -directora general entre 2014 y 2018- y Javier Landoni -consejero del organismo de 2015 a 2020- presentaron este lunes un escrito para iniciar un juicio civil contra la actual titular de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), Jenifer Cherro, la exdirectora del liceo 1 de San José, Miriam Arnejo, y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Bajo el patrocinio de Óscar López Goldaracena, los denunciantes entienden que sufrieron daños y perjuicios morales a raíz de “acusaciones falsas y opiniones denostativas, difamantes y agraviantes” que Cherro y Arnejo expusieron públicamente “de forma reiterada, intencional y contumaz”, según el escrito, al que accedió la diaria.
Puente y Landoni entienden que las declaraciones que la jerarca y la exdirectora hicieron a la prensa sobre licencias sindicales supuestamente concedidas durante su gestión en el CES no se ajustan a la verdad: “Jamás justificamos licencias sindicales al amparo del artículo 70.10 del Estatuto del Funcionario Docente” de la ANEP, afirman. En el marco de dichas acusaciones, Cherro dispuso la apertura de una investigación administrativa y, en paralelo, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora para estudiar el tema, a la que, tras jubilarse de su cargo de inspectora en Secundaria, Puente concurrió semanas atrás.
En diálogo con la diaria, Puente dijo que en la demanda civil resaltaron especialmente que los dichos públicos de Cherro sobre el tema, realizados en julio de este año en varios medios periodísticos, representan una “violación del artículo 171 de la Ordenanza 10 de la ANEP”. Dicho artículo plantea que la actuación de este tipo de investigaciones administrativas es reservada y que la violación de esa disposición implica una “falta grave”. Precisamente, Puente señaló que al divulgar detalles y opiniones sobre el caso “con nombre y apellido” de los implicados, la jerarca no sólo afectó la imagen y el honor de los exjerarcas, sino que, además, violó el mencionado artículo. Al respecto, Puente indicó que el objetivo de esa disposición es prevenir posibles presiones al instructor de la investigación y, por lo tanto, proteger su imparcialidad.
Además, señaló que la jerarca sólo nombró a Puente y Landoni, los consejeros designados por el gobierno de la época, y omitió el nombre de la representante docente en el organismo. “Somos docentes de carrera que hemos trabajado siempre con convicción, dedicación y compromiso con el bien común. Sin embargo, estamos siendo sometidos a una notoria campaña de desprestigio y a una fabulación que ha dañado seriamente nuestros derechos. Hemos asistido al espectáculo doloroso dado en la prensa cada día y vemos como nuestras familias han sufrido las consecuencias de la injusta exposición y acoso a la que se nos somete permanentemente”, plantea al respecto el escrito. Además, los denunciantes sostienen que la ANEP tiene responsabilidad por no haber sancionado la “impactante” violación de reserva de la investigación, dijo Puente, quien entiende que el Consejo Directivo Central del organismo debió haber actuado.
Otra particularidad del caso es que en el momento en que Cherro habló con nombre y apellido de Puente y Landoni y mencionó la existencia de un “modus operandi” para la supuesta justificación de inasistencias, los acusados se desempeñaban como inspectores en la DGES, cargo en el que no pueden realizar declaraciones de tipo político sin la autorización expresa de Cherro. Si bien Puente se jubiló semanas atrás, Landoni se sigue desempeñando como inspector.
La exdirectora de Secundaria dijo que en las últimas semanas los demandantes estuvieron analizando el caso y se definieron por iniciar acciones civiles, por las que piden una indemnización de 50.000 dólares cada uno. También están analizando iniciar acciones penales.