Sindicatos y familias de la educación pública coinciden en que medidas del gobierno son “injustificadas”

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El gobierno decidió suspender la obligatoriedad de la educación hasta el 5 de abril como una de las medidas en el contexto de aumento de casos de coronavirus. Rápidamente llegaron repercusiones desde todos los sectores involucrados criticando la decisión, al alegar que, entre otros aspectos, se aleja de lo propuesto por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que pidió “proteger” el sistema educativo.

Además, resolvió suspender las clases presenciales en educación media en Rivera y habilitó a los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) a pedirle a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que haga lo propio en otras zonas del país. Así lo hizo el Cecoed de Artigas, que ya elevó el pedido que ahora es analizado por las autoridades educativas y sanitarias; antes de que se conocieran las medidas, en Cerro Largo y en Río Negro ya se había pedido considerar la opción de suspender la presencialidad.

Para la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), Elbia Pereira, eliminar la obligatoriedad de la enseñanza es un mensaje “totalmente contradictorio” del gobierno a la población, ya que por un lado “dicen que es necesario que los niños estén en las escuelas, y los estudios dan cuenta de cómo repercute en un niño no ir, y por otro lado se les dice que no es obligatorio”. La docente sostuvo que esas contradicciones “son muy difíciles de manejar; para nosotros los que se van a perjudicar directamente son los niños de contexto vulnerable, los que no tengan contención familiar, que son niños pequeños y no tienen autonomía para seguir sus cursos”.

Pereira aseguró a la diaria que la medida es “desacertada” y que, tomando como antecedente lo que pasó en 2020, “va a profundizar la brecha educativa entre unos niños y otros, lamentablemente en la educación pública, y el vínculo se ve dañado”. “No llegamos a comprender a cabalidad cuáles fueron los elementos que hicieron que el gobierno tomara esta medida de la no obligatoriedad para los niños”, mencionó, y aclaró que la FUM-TEP “no plantea cerrar las escuelas”.

A su vez, si se debe pasar a la educación a distancia, Pereira advirtió que “no hay nada previsto en cuanto a que las familias tengan los dispositivos adecuados, las conexiones a internet, lo mismo que los docentes”. Por otra parte, cuestionó que cuando se habla de la doble modalidad no se plantea “que si el maestro está en clase presencial, ¿quién va a atender a los niños que optaron por que no vayan a la escuela?”.

Para la secretaria general de la federación, en estas dos semanas “se van a afectar los aprendizajes de los chiquilines”, y las soluciones deberían ir por otros carriles: “Prever ambientes seguros, en la dirección de lo que recomienda el GACH, que no es lo que está sucediendo en todas las escuelas”, consideró. Añadió que “se sugiere intensificar la limpieza, pero se necesita personal para eso, y 30 millones de pesos para dos meses para atender esta circunstancia parece ser sumamente poco”.

Apuntó que hay 1.420 grupos de primaria con 30 niños o más, y que “no está previsto contratar a más docentes para desdoblar esos grupos”. Además, advirtió que hacen falta 300 locales para poder desdoblar “mínimamente los grupos, que en su momento se habló de aulas prefabricadas que se iban a adquirir y no están; dijeron que se iba a crear 60 cargos, pero, a pesar de ser insuficientes, ni eso, no están”.

“Algo que debería haberse previsto con tiempo, además de haber escuchado las propuestas para empezar con otras condiciones, no se hizo ni se está haciendo ahora”, afirmó Pereira.

En Fenapes vinculan decisión con condiciones de inicio de clases

Al igual que Pereira, para Alejandro Sosa, integrante de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), la eliminación de la obligatoriedad es un mensaje “confuso”, que no todas las familias interpretan de la misma forma. Según dijo a la diaria, ya el año pasado, durante el retorno a la presencialidad, fue algo difícil de implementar, ya que implicó cambios de las reglas de juego para salvar el año.

Para Sosa, la “marcha atrás” del gobierno con la presencialidad está directamente relacionada con las condiciones de inicio de cursos. En particular, mencionó que para este año debe priorizarse la recuperación de aprendizajes no logrados en 2020 por los estudiantes, para lo que se necesitaría más presupuesto, pero el gobierno hizo “todo lo contrario” y, además de los insuficientes recursos votados en el presupuesto quinquenal, ni siquiera se generaron partidas extraordinarias para 2021. Según agregó, la ANEP prometió ir por el camino de la presencialidad plena y para cumplirlo “puso en tensión la aplicación de los protocolos sanitarios”. Por ejemplo, mencionó que disminuyó la distancia mínima entre estudiantes en algunos niveles respecto de lo que ocurría el año pasado y también se eliminaron los ingresos escalonados de grupos, que generó aglomeraciones en las puertas ante cambios de turno.

El integrante de Fenapes también mostró incertidumbre sobre cómo se resolverán las situaciones en las que en un mismo grupo haya estudiantes que asistan presencialmente y otros estén conectados en forma virtual. Según dijo, desde la ANEP se apela a la autonomía de los centros educativos para resolver esas situaciones, pero lamentó que “cuando hay colectivos docentes que quieren tomar decisiones para mejorar lo que sucede en el liceo, desde la inspección se responde por orden de la Dirección General de Secundaria que eso no se puede hacer”. Sosa entiende que “en la práctica hay una estructura vertical” en la que las comunidades educativas sólo resuelven lo que la directora general “no sabe cómo hacer”.

Familias de estudiantes piden rever la medida y que “el Estado sea garante”

Para los colectivos de Familias de la Escuela Pública y del Liceo Público la medida anunciada por el presidente fue una sorpresa. “Es darle un golpe a la educación pública. Los niños y adolescentes tienen derecho a ir a estudiar, y se establece en el artículo 70 de la Constitución. Esa es la garantía del derecho a la educación”, opinó en diálogo con la diaria Natalia Cámara, del colectivo escolar.

Las familias de los liceales en particular veían venir la posibilidad de que se cerraran los centros en algún departamento con muchos casos, como Rivera, pero no se esperaban que se eliminara la obligatoriedad en la educación, explicó a la diaria Mariana País, del colectivo de familias de liceales.

“¿Si falto al liceo nadie te va a llamar?”, le preguntó su hija a País, y esa alarma es la que se despertó en muchos otros padres de adolescentes que no sólo ven preocupante que la decisión de ir o no a estudiar quede en manos de las familias, sino que alertan que la independencia de los adolescentes y jóvenes también puede ir en detrimento de la presencialidad si no hay controles por parte del sistema.

“Quitar la obligatoriedad es grave. Nos preocupa mucho que el Estado no sea el garante del derecho a la educación y que todo quede librado a las decisiones personales de las familias; es algo que creemos se tiene que rever, es muy preocupante porque se vulneran los derechos de los estudiantes, y ya sabemos que la población más vulnerable termina desvinculándose”, agregó País.

Suspensión de la obligatoriedad es una medida “injustificada”

Los colectivos consideran que “la medida no tiene justificación si se toman los datos que dijo el presidente: sólo 2,5% de los contagios se dan en centros educativos, el liceo es un lugar de protección de la salud integral de los estudiantes, tanto mental como física”, señaló País y acordó Cámara.

Asimismo, ambas madres recordaron que en el informe presentado por el GACH este martes se establece específicamente “la necesidad de proteger el sistema educativo”.

Para Cámara, la decisión del gobierno va en la línea “opuesta” a lo planteado por el GACH: “La suspensión de la obligatoriedad para nosotros es una señal de no protección a los más débiles, a las familias que más necesitan de la escuela. No entendemos el sentido de la suspensión, si el Poder Ejecutivo propone no cerrar escuelas, pero de la mano propone la suspensión de la obligatoriedad no tiene el sentido”.

“Es importante tener presente que el Estado tiene que garantizar la educación pública de calidad. El mensaje del gobierno no debería haber sido el miedo y la inseguridad, sino todo lo contrario: hacer como dice el GACH, trasladar información a las familias y reforzar las medidas sanitarias, aprender a gestionar el riesgo, que es un concepto que hemos repetido en la campaña de volver a clase”, señaló Cámara, quien opinó que esta medida es un retroceso con respecto al año pasado y “se debería haber aprendido algo” de esa experiencia.

Campaña contraria de actores de la educación

El presidente de la ANEP reaccionó ayer ante los cuestionamientos a la medida. En su cuenta de Twitter, y mientras atraviesa la covid-19, escribió: “La campaña contraria y militante de algunos actores de la educación es increíble. Tengo la certeza de que nuevamente, como pasó en cada oportunidad del año pasado, los hechos futuros hablarán por sí mismos y estos fenómenos volverán a sumirse en su atronador silencio!”.

Por otra parte, la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, dijo que “permitir la no obligatoriedad de la presencialidad implica que si una familia entiende que si en una determinada localidad no está dada la seguridad para que su hijo vaya con tranquilidad al liceo no lo envíe”. En diálogo con No toquen nada agregó que en los departamentos que alcancen un nivel rojo en el índice de Harvard “habrá que tener menos presencialidad y tal vez un sistema mixto con virtualidad”, pero en el resto del país “la presencialidad no tiene por qué verse afectada si no hay casos que determinen que sean alarmantes”.

Aseguró que “apela a la responsabilidad social de las familias” y confía en que haya un rápido pasaje a la virtualidad que será resuelto por “cada equipo directivo resuelva con el inspector de institutos”; asimismo, afirmó que como se mantiene el calendario de exámenes seguirán trabajando con los alumnos que tenían tutorías, “poniendo el foco en ayudarlos a salvar, en la preparación de los exámenes”.

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