El último censo presentado durante el mes de abril por el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) arrojó datos sobre la población privada de libertad a cargo del instituto y su capacidad de respuesta durante el año 2025. El censo reveló que 85% de los jóvenes bajo la responsabilidad del instituto no culminó ciclo básico. Dentro del Inisa, la práctica educativa convive con trayectorias interrumpidas, tiempos fragmentados y condiciones que desafían la idea misma de la continuidad pedagógica.
El Inisa es el organismo encargado de ejecutar las medidas socioeducativas dispuestas por la Justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal. Estas pueden implicar tanto la privación de libertad –medidas llevadas adelante en centros de reclusión– como medidas no privativas, lo que termina configurando escenarios muy distintos para el desarrollo de propuestas educativas.
“Si la pregunta central es si yo veo que de ahí los estudiantes se pueden rehabilitar, te tengo que responder que es difícil”, responde Romina, tallerista en el centro Inisa CIAM. Este centro tiene la característica de ser la puerta de ingreso para los jóvenes que acceden a este sistema y, por lo tanto, su permanencia en él puede extenderse de 30 a 150 días. Después de ese tiempo, los adolescentes son derivados a otro centro con una orientación específica para cumplir con su pena. Según datos compartidos por el instituto, hasta 2024 la población total en el centro CIAM era de aproximadamente 75 jóvenes e iba en aumento.
Romina es tallerista de gastronomía; su trabajo depende de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA), que está a cargo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Ella comenzó trabajando en el Inisa a partir de 2024 y este año eligió nuevamente horas allí, donde comenzó con su tarea educativa a partir de marzo. A los talleres de Romina asisten cuatro jóvenes por encuentro, porque el espacio de trabajo se desarrolla en una pequeña cocina que hay en el lugar y, además, porque por “cuestiones de seguridad” se decide brindar el taller en tandas acotadas. A su vez, ella cuenta que quienes asisten lo hacen como mérito de una buena conducta.
Una de las mayores dificultades que presentan las trayectorias educativas en Inisa tiene que ver con su constante interrupción. Porque los plazos de la vida, cuando se habla de encierro, no tienen nada que ver con los de afuera. “Si las penas son de cinco a ocho meses, las cumplen ahí mismo, generalmente. Si las penas son mayores a seis u ocho meses, [los adolescentes] son trasladados”, explica Romina con respecto al centro donde trabaja. Ese escenario genera que la propia población de estudiantes cambie constantemente, o que muchos, incluso, salgan en libertad por buena conducta o porque así se lo sentencia, según su particular situación.
Romina trabajó durante todo 2024 en Inisa CIAM con diez horas semanales, yendo tres veces a la semana, tres horas cada día. Durante ese período, cuenta que planificó su curso en módulos de tres meses para poder entregar certificados de conceptos básicos sobre panadería y repostería. Sin embargo, no pudo entregar esos certificados a casi ninguno de sus estudiantes porque no llegaba a compartir tres meses con ellos. La mayoría de los estudiantes se iban antes, ya sea porque eran liberados por haber cometido delitos leves o por buena conducta, o porque eran trasladados a otros centros cuando se definían finalmente sus condenas.
Romina recuerda haber logrado dar clases continuas por tres meses con solo dos estudiantes, mientras que con el resto la conformación del grupo siempre fue cambiante.
¿Qué desafíos enfrenta el sistema educativo para garantizar la continuidad de los estudios de los adolescentes privados de libertad?
A las dificultades de la educación interrumpida se les suman otros factores. Sandra Gardella es la coordinadora general del área encargada de Educación en Contexto de Encierro de ANEP, particularmente de articular el actual convenio entre la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) con el Inisa. Gardella cuenta que en la mayoría de los centros el horario educativo se concentra en un solo turno, a excepción del centro Cufré, ubicado en Montevideo, en donde sí hay turno educativo en la mañana y en la tarde. Esto, dice, deviene en un tiempo educativo limitado, lo que a su vez genera que en los momentos en que existen otras actividades en paralelo, a veces faltar a clases termina siendo una opción.
Por otro lado, Gardella cuenta que en una situación de encierro los adolescentes pueden ser trasladados entre los distintos centros de privación de libertad debido a cuestiones de convivencia. De todas formas, aclara que en esos casos se les hace un seguimiento y trasladan con ellos sus materiales de estudio, por lo que los equipos de gestión de cada lugar comunican el proceso del estudiante entre sí para continuar con su seguimiento.
Más allá de las limitaciones logísticas y estructurales propias del sistema, aparecen otras dificultades menos visibles pero igual de determinantes. El contexto de encierro también impacta en el plano emocional de los adolescentes, lo que incide directamente en su vínculo con la educación. La ansiedad, la baja autoestima, la pérdida de hábitos de estudio y la falta de motivación forman parte de un escenario que complejiza aún más la posibilidad de sostener procesos educativos.
En ese contexto, el rol docente adquiere una dimensión que va más allá de la transmisión de contenidos. “Hay días en que están muy desmotivados o súper bajoneados, otros días están mucho más violentos porque tuvieron requisas antes o porque tuvieron una pelea con otro compañero, entonces vienen y hablan de forma agresiva, están agresivos y hay que ver cómo bajarlos”, describe Romina. De su parte, estas situaciones requieren implementar herramientas para mediar en los conflictos y volver a generar un espacio adecuado para seguir adelante con el taller.
La tallerista explica que, al intervenir en estas situaciones, plantea dos alternativas claras: permanecer en la clase o retirarse. A la vez, advierte a quienes opten por no participar que difícilmente vuelvan a ser convocados a la actividad, porque su espacio en el taller será tomado por otro estudiante del centro.
Desde la coordinación de Secundaria, Gardella cuenta: “Por suerte contamos con varios profesores que trabajan hace años, muy comprometidos y que año tras año también motivan a los profes nuevos”. “Cuando uno entra y toma horas acá, también tiene que lidiar con entrar a un lugar en donde podés quedar encerrado y, además, es multinivel. Entonces, es mucha cuestión compleja para la manera en que venimos preparados desde la formación docente”.
Sobre esto último, Gardella señala que la formación docente se presenta como un aspecto fundamental a fortalecer. La posibilidad de realizar prácticas de observación en contextos de encierro antes de egresar, así como la creación de instancias de especialización, permitiría no solo mejorar las herramientas pedagógicas, sino también reducir los prejuicios con los que muchos docentes llegan a estos espacios, explica.
Ausentismo en el aula
Según el Censo 2025, solo el 11% de los 258 estudiantes encuestados indicó no asistir a clases con maestros o algún profesor de secundaria Por otro lado, un 89% de esa población asiste a al menos una actividad o taller propuesto en cada centro. Sin embargo, en la práctica, docentes y talleristas advierten que la asistencia no siempre es regular y que sostener la continuidad en el aula representa otro de los principales desafíos.
Al respecto, Gardella señala que, como cualquier adolescente, a veces los estudiantes no quieren ir a clase. En ese marco, cuenta que este año se comenzó a implementar una estrategia para sostener la asistencia, incluso cuando el docente no puede concurrir, ya sea por cuestiones de enfermedad o por multiempleo, según menciona. En esos casos, los estudiantes igual asisten al aula y son acompañados por referentes que trabajan con actividades previamente planificadas. “La idea es que no sea: faltó el profesor, entonces yo no voy”, señala.
Sin embargo, también reconoce que se trata de un proceso en construcción y de un “cambio cultural” que no se da de la misma manera en todos los centros. Por eso, además del trabajo en el aula, se apuesta por el diálogo con los estudiantes, donde en cada situación se refuerza la importancia de sostener la participación. En ese sentido, subraya que la tarea también implica un gran trabajo de coordinación entre equipos, para acompañar la implementación de estos acuerdos y buscar alternativas cuando surgen dificultades.
Otro factor que se señala como incidente en la asistencia a clase son los traslados hacia los espacios educativos, especialmente en el caso de Colonia Berro, explica Gardella, donde funcionan siete centros. Allí hay dos espacios educativos, uno llamado la “Escuelita” y otro que funciona como anexo, a los que los estudiantes deben ser trasladados en camioneta. Esto implica que Inisa deba enviar la locomoción para llevarlos a la escuela y luego ir a buscarlos, algo que a veces no sucede.
Sobre este aspecto, Jaime Saavedra, presidente de la institución, mencionó que estas dificultades en la Colonia Berro se deben a que los sistemas de transporte en algunos de los centros están “muy tensionados”. En la práctica, esto implica que, si una camioneta debe trasladar a un adolescente a clase, pero surge una citación judicial urgente para otro, el traslado judicial tiene prioridad, lo que puede retrasar, o incluso impedir, la llegada a las actividades educativas. De todas formas, sostiene que se trata de una “dificultad menor” y que actualmente están en proceso de discusión con el sindicato y el área de transporte para revisar acuerdos antiguos y encontrar fórmulas alternativas más aggiornadas a las demandas actuales.
La necesidad ¿urgente? de una reformulación de la currícula
Saavedra señaló que la reformulación de la currícula es uno de los ejes centrales en discusión y que actualmente se trabaja en coordinación con la ANEP para que esto pueda ocurrir a partir del año siguiente. Según explicó, el objetivo es avanzar hacia una propuesta más ajustada a las características de la población en los distintos centros, a partir de los resultados de evaluaciones de aprendizaje –que se implementarán gracias al último convenio firmado con ANEP y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa–, que permitirán conocer con mayor precisión el nivel educativo real que manejan los adolescentes.
A partir de ese diagnóstico, explicó, la intención es construir un marco curricular más flexible y adaptado que contemple tanto a quienes se encuentran en privación de libertad como a aquellos que cumplen medidas no privativas. La necesidad de esta reformulación radica en la diversidad de situaciones que atraviesan los jóvenes, que no solo difieren en el tipo de delito cometido o en el tiempo de permanencia en el sistema, sino también en su nivel educativo real, más allá de lo formalmente acreditado hasta el momento. Aunque también mencionó que el apoyo familiar y el desarrollo de habilidades básicas, como la lectura y la escritura, representan otro factor fundamental.
El presidente del Inisa recordó que ante estos factores de carácter dinámico de la población del instituto hay que responder con una propuesta educativa que presente “mucha flexibilidad y mucha capacidad de dar respuesta rápida”.
Pero, más allá de las dificultades, Saavedra se muestra optimista en cuanto a estos cambios y menciona que todas las líneas programáticas están en curso, incluyendo las presentadas en el Parlamento el año pasado.
Al ser consultado sobre qué ocurre con los procesos educativos una vez que los jóvenes egresan del sistema del Inisa, respondió que uno de los objetivos es fortalecer ese momento a través de una “ruta de salida” personalizada para cada adolescente. La idea es que, al finalizar su pasaje por el sistema, cuenten con un plan de acción claro que oriente sus próximos pasos en materia educativa, laboral y social. “Ellos van tomando decisiones también, no están acá de casualidad, se han mandado macanas y algunas macanas que son muy graves. Entonces, ellos tienen también que poner lo suyo”.
Aunque no existe una obligación jurídica de seguimiento una vez que egresan, Saavedra explica que la institución busca ofrecer recomendaciones concretas tanto a los jóvenes como a su entorno más cercano, vinculándolos a opciones específicas como centros educativos o alternativas para la inserción laboral.
Este acompañamiento, del cual los jóvenes participan de forma voluntaria, también contempla la posibilidad de brindar respaldo en caso de que surjan dificultades en el proceso. Según indicó, el objetivo es que los adolescentes egresen con un conjunto de herramientas o una “mochila” de apoyo que incluya la continuidad educativa, el acceso a posibilidades de trabajo y el abordaje de otras dimensiones como los vínculos familiares, el consumo problemático de sustancias o, incluso, la situación habitacional.