El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) presentó este jueves el Censo 2025 de población adolescente privada de libertad y capacidad de respuesta del instituto, realizado por Unicef y Equipos Consultores. “Contar con información sistemática y actualizada a 2026 sobre la situación de las y los adolescentes y jóvenes en situación de privación de libertad desde sus propias opiniones y percepciones, así como sobre las condiciones institucionales en las que se llevan a cabo las intervenciones, permite orientar decisiones estratégicas y priorizar acciones de mejora”, apunta el documento publicado en la web del instituto.

Según detalla el informe, la participación de las y los adolescentes en la encuesta fue voluntaria. Se obtuvieron 258 respuestas dentro de un universo total estimado de 329 adolescentes privados de libertad, lo que marca una tasa de respuesta de 78%.

El censo, que compara los resultados actuales con los del último censo de 2021, aborda las características de los jóvenes y su contexto, el proceso de detención y proceso judicial, el tiempo en celda y las actividades que realizan, los aspectos materiales de los centros, el clima de convivencia y relacionamiento, el acceso a servicios y cuidado de la salud, y el vínculo con el exterior.

El promedio de edad de los adolescentes es de 17 años, y 33% tiene 18 años o más. En términos de género, 98% de los encuestados fueron varones, lo que quiere decir que la muestra obtenida se compone de 252 varones y seis mujeres adolescentes.

Características de los adolescentes

Antes de la presentación, el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, destacó en una rueda de prensa “un dato aterrador”: 85% de los jóvenes privados de libertad no terminaron el ciclo básico. “Nosotros estamos concentrando toda la batería de políticas públicas para mejorar esta performance; no hay ninguna chance de que en la era de la inteligencia artificial los chiquilines, cuando egresen, no tengan dificultades si no mejoraron su performance educativa”.

El informe indica que, en cuanto al nivel educativo máximo alcanzado, hubo “una leve mejora en un contexto general de bajo nivel de educación formal”. “En comparación con 2021, se observa un descenso en la proporción de adolescentes privados de libertad que solo llegaron a cursar educación primaria, pero aún la amplia mayoría no había alcanzado a completar el ciclo básico de educación media antes de ingresar al Inisa”.

El censo de 2025 incorporó una serie de preguntas a los adolescentes para indagar sobre sus percepciones acerca del manejo de tecnologías de la información y comunicación. La amplia mayoría de los jóvenes dijeron que saben cómo buscar información (76%) y elegir con quién compartir información en internet (76%), y manifestaron ser conscientes de que lo que comparten en redes sociales puede tener un impacto negativo en ellos mismos o en otras personas (71%). De todas formas, solo la mitad de los adolescentes (52%) creen que pueden dar cuenta de si la información que encuentran en internet es verdadera o falsa.

Sobre con quiénes convivían antes de ingresar al centro de reclusión, la mayoría de los adolescentes (62%) responde que vivía con su madre, la mitad con hermanos o hermanas (48%) y uno de cada cuatro con su padre (23%); el 14% de los adolescentes manifestaron que vivían con su pareja y 10% lo hacían solos. Además, el 8% de los encuestados en 2025 declararon que tienen al menos un hijo o hija.

En cuanto al vínculo con experiencias de institucionalización y privación de libertad, 13% estuvieron vinculados al sistema de atención 24 horas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. A su vez, la mitad (65%) tiene actualmente algún familiar privado de libertad.

En relación con el tipo de infracciones por las que ingresaron a los centros del Inisa, entre 2018 y 2025 hubo un descenso de la proporción de adolescentes que mencionan haber cometido una rapiña (de 72% a 37%), y aumentan las infracciones como los homicidios (de 19% a 27%) o las asociadas a la comercialización de drogas (de 2% a 19%). Un 10% dijo estar privado de libertad por hurto y un 8% por violación o abuso sexual.

Tiempo en la celda y convivencia

El informe sostiene que el tiempo de encierro declarado por los adolescentes “es una de las variables más relevantes del estudio, ya que históricamente ha mostrado una correlación importante con otros indicadores vinculados a la evaluación de los centros, el consumo de medicación o el clima de convivencia en los centros.

Los datos de 2025 muestran una reducción, en promedio, de más de 30 minutos en el tiempo diario que pasan los adolescentes privados de libertad dentro de las celdas. Aun así, una cuarta parte (25%) manifestó pasar más de 18 horas encerrados. Del total, solo 16% declaró estar menos de 12 horas dentro de la celda, 32% entre 12 y 15 horas, y 26% entre 15 y 18 horas.

Cuando algo no funciona bien en los centros, la mayoría de los adolescentes considera que existen formas de plantearlo institucionalmente, lo que representa una mejora respecto del censo de 2021, al aumentar esta percepción de 75% a 85%.

En relación con la resolución de conflictos, hubo cambios positivos con respecto al censo anterior, ya que 55% de los encuestados consideró que, cuando hay un problema entre adolescentes, generalmente se resuelve hablando, y hubo una baja de 44% en 2021 a 24% en 2025 de la proporción de adolescentes que manifiestan que los conflictos en su centro se resuelven mediante peleas.