Como informó la diaria el miércoles, en el Frente Amplio (FA) toma fuerza a nivel del Parlamento la posibilidad de reflotar iniciativas que castiguen “el negacionismo del terrorismo de Estado”. En concreto, el diputado Sebastián Valdomir aseguró que propondrá que se desarchive o se vuelva a presentar una iniciativa que ya estuvo sobre la mesa en la legislatura pasada, que prevé que quienes cometan conductas de este tipo deberán “corregir el sentido de sus afirmaciones, retractándose en el mismo espacio público en que hayan sido vertidas, reivindicando el valor de la información recabada científicamente y reparando el daño a la memoria histórica de las víctimas de dichos crímenes”. Ante la negativa a “corregir sus afirmaciones”, la persona en cuestión será “castigada con siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario, abocado específicamente a tareas de señalización, reparación y mantenimiento en Sitios de Memoria Histórica”.
Según reconoció el propio Valdomir, su preocupación por este tema tuvo como detonante los dichos realizados en los últimos días por los senadores nacionalistas Graciela Bianchi y Sergio Botana. La legisladora dijo en un evento en el Parlamento que solo “quedan cuatro” desaparecidos y que los militares no tuvieron “voluntad de exterminio”, sino que hubo “desviaciones”.
Este tipo de expresiones no solo provocó la respuesta de Valdomir, sino que movió la interna orgánica del FA. En concreto, la Comisión de Derechos Humanos de la coalición de izquierda decidió retomar un proyecto de ley de 2023. La iniciativa busca modificar la Ley 18.026 –que crea la figura de crímenes de lesa humanidad– agregándole dos artículos.
Según explicó a la diaria la encargada de la Comisión de Derechos Humanos del FA, Adriana Barros, la propuesta se empezó a trabajar en el marco de los 50 años del golpe de Estado. Se remitió al Parlamento, pero no se trató. Ahora, en un nuevo contexto, como fuerza oficialista y ante expresiones que generan alerta, la dirigente remarcó que se busca que la propuesta sea puesta nuevamente en consideración.
El proyecto de ley que prevé “prisión” y “agravantes”
El proyecto, originado en la Comisión de Derechos Humanos del FA, en su exposición de motivos hace referencia a la existencia de un discurso que promueve un “intento de equiparación entre las víctimas del terrorismo de Estado y aquellas producto del accionar de las organizaciones políticos armadas”. Se cuestiona, en ese sentido, la “reivindicación de la represión ilegal en la etapa predictadura y posdictadura”, subrayando que “el deber del Estado de perseguir y juzgar violaciones a los derechos humanos” es lo que debe primar en el escenario actual.
Con ese punto de partida, se propone agregar dos artículos en el capítulo de “delitos especiales” de la Ley 18.026. Estos sugieren la creación de la figura del “negacionismo del accionar ilegítimo del Estado y del terrorismo de Estado”. Se detalla que se vería comprendido en este delito quien negara “públicamente” la existencia del “accionar ilegítimo y del terrorismo de Estado que implementó el Estado uruguayo”, tanto en el período que va del 13 de junio de 1968 al 26 de junio de 1973, como en el que va del 27 de junio de 1973 al 28 de febrero de 1985.
El primer artículo de los dos que se pretende agregar sostiene que quienes con esa actitud “menoscaben la dignidad de las víctimas o de sus familiares” serán castigados con tres a 14 meses de prisión. El otro artículo prevé circunstancias “agravantes” de esta pena, que será de “12 meses de prisión a tres años de penitenciaría cuando quien lo cometiere fuera docente, periodista o agente del Estado o que, por el lugar que ocupa en la sociedad, tuviera influencia en la ciudadanía”.
“Un ciudadano común no va a tener tanto peso como alguien que ocupa un cargo estatal o es un docente o un periodista”, destacó Barros al ser consultada sobre las circunstancias “agravantes” consideradas en el proyecto. “Entendemos la memoria como una herramienta de formación continua y de formación ciudadana, y de prevención de futuras violencias estatales”, argumentó. Sin embargo, más allá de los tiempos de pena establecidos, subrayó que lo importante es brindar una “base concreta” y “transmitir la idea” para que el Parlamento pueda “discutir sobre los efectos sociales del negacionismo”.
Agregó que, más allá de los dichos de Botana y Bianchi, también preocupan las expresiones del director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Marcos Israel, quien rechazó que haya habido un “quiebre institucional” en 1968 y apuntó que es una referencia que se hace como “una cortina de humo” para “tapar” el accionar del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.
El camino a seguir y la libertad de expresión
la diaria consultó a Valdomir su opinión sobre este último proyecto, que parece ir en paralelo al que él había puesto sobre la mesa. El diputado comentó que ambas iniciativas tienen “bastantes puntos de contacto” en cuanto a su “espíritu”. El dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) planteó que lo que se busca es “generar una discusión en la bancada” para presentar una nueva iniciativa que haga que “no vuelvan a pasar” acciones negacionistas.
De todas formas, Valdomir reconoció la necesidad de tener “cuidado” con las tensiones generadas entre la libertad de expresión y el espíritu que se plantea en ambos proyectos.
“Nosotros no queremos que vaya gente presa, pero sí queremos que no siga sucediendo esto; esa es la discusión que queremos dar”, remarcó. “Uno puede, amparándose en la libertad de expresión, andar diciendo cualquier cosa”, consideró de todas formas. Por último, agregó que le “llamó la atención” el planteo de agravantes y consideró que es algo cuya inclusión se puede “pensar”.
Constanza Moreira, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y legisladora del FA, comentó a la diaria la posibilidad de que el proyecto impulsado por la Comisión de Derechos Humanos del FA sea presentado nuevamente y aseguró la existencia de un proceso de discusión en la interna parlamentaria del oficialismo sobre cómo encarar el tema. “La preocupación del Frente [Amplio] es que esta escalada de la ultraderecha, como ya vimos en Argentina, muy extrema en sus modos y en su sustancia, empiece a reproducirse en Uruguay como una práctica sistemática de negacionismo histórico”, reconoció la senadora.
Por último, Moreira también hizo referencia a la importancia de que todo esto se lleve adelante “sin menoscabar la libertad de expresión”. Puntualizó, sin embargo, que le extraña que en algunos casos quienes cuestionan y siguen con atención ciertas expresiones evaluadas como de antisemitismo, “casi al mismo tiempo”, llevan adelante “una negación histórica de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en nuestro país”.