Este lunes estaba previsto el retorno de la presencialidad plena en la educación, gracias a una disposición del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que eliminó la obligatoriedad del distanciamiento físico en las aulas. No obstante, una agresión el viernes a una maestra de la escuela 179 de Punta de Rieles causó una medida de paro en las escuelas de Montevideo, como siempre en esos casos a partir de lo resuelto por la filial capitalina de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu).
En declaraciones a la radio M24 el presidente del Codicen, Robert Silva, dijo sentir “preocupación” porque el paro coincidió con un día en que 96 escuelas retornaban a la presencialidad plena. Además, el jerarca dijo que la agresión constituye un “hecho aislado” pero que demuestra una “situación compleja” que debe abordar el sistema educativo. Silva planteó que no comparte la “suspensión de la presencialidad” que implicó el paro resuelto por Ademu Montevideo y llamó a buscar “medidas alternativas” para combatir las agresiones a docentes. Respecto del caso particular de la escuela de Punta de Rieles, solicitó que “el peso de la ley” caiga sobre quien cometió la agresión.
Por su parte, la directora general de Primaria de la ANEP, Graciela Fabeyro, dijo en una rueda de prensa que una agresión de ese tipo repercute en el sistema educativo y “desvaloriza” el aporte de docentes y funcionarios. Al igual que Silva, apuntó contra la medida de paro y dijo que “afecta al alumnado” y también a servicios como el de alimentación escolar. Al respecto, explicó que como la medida fue anunciada el viernes, con el fin de semana mediante no se pudo diseñar una estrategia alternativa para que pudieran comer los niños de las escuelas que tienen la alimentación a su cargo y permanecieron cerradas por el paro.
Daysi Iglesias, secretaria general de Ademu Montevideo, dijo a la diaria que este martes el sindicato se reunirá para evaluar el paro del lunes y las acciones a seguir para combatir las agresiones a maestras. Entre las acciones que están en agenda mencionó la realización de una campaña de bien público, como había surgido de una mesa de trabajo instalada en 2018 con el entonces gobierno de Tabaré Vázquez, que no llegó a concretarse. Además, Iglesias indicó que existe la idea de llevar a cabo una campaña de acción formativa junto con el Ministerio de Salud Pública para hacer un abordaje integral de la situación, que abarque las repercusiones de la violencia en los adultos pero también en la niñez.
Sobre cómo espera que el caso siga su curso judicial, Iglesias recordó que la ley de urgente consideración establece una penalización económica de 80 unidades reajustables o de prisión para quienes agredan a docentes. La dirigente sindical señaló que desde el gremio siempre entendieron que la pena para este tipo de casos debería ser el trabajo comunitario, porque esto favorecería que la persona implicada cambiara su accionar. Según valoró, “lo punible desde un punto de vista económico no es muy aleccionante; si tienes el dinero pagas y pronto”, señaló, y consideró que tampoco es necesario que un caso de esta naturaleza termine con la prisión física.
Respecto de las declaraciones de las autoridades de la educación sobre el paro, Iglesias señaló que no es algo nuevo y que siempre los jerarcas critican ese tipo de medidas. De todas formas, consideró que cuando un discurso de una autoridad o de la prensa pone como figura central el paro y no la agresión, en realidad “se está discutiendo el paro”, y opinó que “es hora de invertir el telón de fondo” y que la figura central sean las agresiones que sufren los docentes. “Hay que poner por delante lo que va delante”, resumió.
Por su parte, Iglesias señaló que la violencia excede a la educación. Como ejemplo mencionó que este lunes también ocurrió una agresión a una trabajadora del Hospital Maciel, que desembocó en un paro en ese centro de salud.