Junto a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el embajador de Corea del Sur, Eun-chul Lee, y la subdirectora técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación, Lourdes Salinas, la directora del Programa Aprender Siempre (PAS), Andrea Gil, presentó el proyecto Tomar la palabra. La iniciativa apunta a “contribuir al conjunto de acciones desarrolladas por el Estado para reducir los índices de analfabetismo en la población adulta privada de libertad”. El programa forma parte del proceso de diseño e implementación del Plan Nacional de Educación para las Cárceles.
El proyecto es desarrollado por el PAS en conjunto con el programa Puente Sejong de Unesco Corea. Según se especifica en ese programa, para 2030 se buscará “eliminar las disparidades de género en la educación” y garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles de educación y formación profesional para las personas “vulnerables, incluyendo personas con discapacidad, pueblos indígenas y niños en situación de vulnerabilidad”.
El director de Educación, Gonzalo Baroni, lamentó que entre la población que está privada de su libertad “se concentren altos índices de analfabetismo”. Baroni sostuvo que los medios de prensa normalmente suelen informar cuando hay una muerte o se lastima un recluso y que, sin embargo, este programa “propone mostrar la cara más linda” que hay en los centros penitenciarios. “Muestra al Uruguay de las posibilidades”, añadió.
Por su parte, el titular del MEC, Pablo da Silveira, dijo que si bien puede decirse que el analfabetismo “no es un gran problema” en Uruguay, puesto que 98,7% de la población está alfabetizada según Unesco, advirtió: “Que estemos mejor que otros no significa que estemos suficientemente bien”. En ese sentido, dijo que “hay tendencias preocupantes” y que “estamos menos bien de lo que estábamos hace unos años”. En los niños, ejemplificó, “hoy empezamos a tener indicios de que hay niveles de analfabetismo funcional preocupantes, cosa que no pasaba hace 30 o 40 años”.
En particular, mencionó a las personas privadas de libertad como uno de los grupos en los que el analfabetismo tiene una mayor incidencia. “Es gente que está privada de libertad por razones legítimas para la sociedad en general, pero que como todos merece segundas y terceras oportunidades. Acceder a la escritura y lectura es una condición esencial para mejorar su bienestar”, estableció.
Como objetivos, el programa Tomar la palabra plantea desarrollar un dispositivo para diagnosticar analfabetismo en las personas que ingresan al sistema penitenciario, y se estima que culminará en marzo de 2022. En suma, apuesta por transversalizar la propuesta del PAS sobre mediación a nivel de lectura y escritura en todos los talleres que desarrolla en cárceles y desarrollar una perspectiva multimodal y comunitaria de las bibliotecas instaladas en las unidades piloto.
“La reinserción social de quienes han cometido delitos será exitosa en la medida que los riesgos asociados a la conducta delictiva sean mitigados a través de factores de protección frente a dichos riesgos. En este sentido, la superación del analfabetismo es condición indispensable para la generación de un proyecto de vida digno. Sin embargo, esta condición no es suficiente en sí misma. Por tal motivo, esta propuesta ha sido concebida como parte integrante del elenco de acciones estatales relacionadas con el trato humano que deben recibir las privadas de libertad”, señala la fundamentación del programa.
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