El cambio de gobernanza en la Universidad Tecnológica (UTEC) aparenta convertirse en un hecho, luego de que la semana pasada se aprobara en la Cámara de Representantes el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo. Con los votos del oficialismo, el proyecto pasó a la Cámara de Senadores, a pesar de la visión negativa de la oposición, de distintos colectivos de la institución, de otros sindicatos de la educación terciaria y del rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim.
El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo el 29 de agosto y la aprobación en la cámara baja fue el martes 12 de octubre, luego de dos instancias de discusión en la Comisión de Educación y Cultura de Diputados. En total, fueron cuatro delegaciones las que comparecieron sobre el proyecto de ley en la comisión: el Ministerio de Educación y Cultura, autoridades de la UTEC, la Asociación de Docentes de la UTEC (Adut) y el Espacio 2.3.14.
Durante la sesión en el plenario, unánimemente los diputados que esgrimieron sus argumentos a favor y en contra del proyecto de ley refirieron al “éxito” de la UTEC y a la importancia e influencia que ha tenido en el desarrollo de la educación terciaria en el interior del país.
Miguel Irazábal, diputado por el Partido Nacional, aseguró que las modificaciones a la ley de creación de la UTEC son necesarias para “perfeccionar” la reglamentación actual y lograr un “funcionamiento más eficiente”. Por otro lado, remarcó que el nuevo proyecto “asegura más participación, más amplitud a nivel descentralizado” y “más cogobierno”.
Sin embargo, la autonomía y el cogobierno son uno de los puntos de discordia con la oposición. Contrariamente a lo planteado por Irazábal, Agustín Mazzini, representante por el Frente Amplio (FA), afirmó que el proyecto de ley “no genera más cogobierno”, porque la participación estudiantil y docente pasa a estar únicamente en “órganos consultivos, sin poder de decisión”.
En ese marco, Mazzini dijo que “las mayores y más prestigiosas universidades de nuestro continente tienen participación de sus órdenes”, así como la propia Udelar. Según el diputado, la enseñanza, la extensión e investigación y “la participación política” deben contar con “el más alto nivel de autonomía, porque el desarrollo del conocimiento académico debe tener plena libertad y no estar atado a los intereses políticos”. Nicolás Lorenzo, diputado de la misma fuerza política, enunció expresamente que “la autonomía de la UTEC está en juego” y que el proyecto de ley fue elaborado “de forma inconsulta”, sin “la opinión y sentir de los involucrados con la UTEC”.
Asimismo, para Mazzini el cambio de gobernanza “no respeta las tradiciones que llevaron a formar la UTEC” y es “contrario al espíritu de la norma constitucional” que reguló su creación. Por otro lado, desde el FA entienden que “la superación del provisoriato es poner un consejo autónomo y cogobernado tal como lo decía la ley que se votó en 2012”.
Al respecto, el diputado colorado Felipe Schipani aseguró que durante el gobierno pasado “no hubo mucha determinación sobre la necesidad de implantar el cogobierno después de esos años de transición, porque hubo varias prórrogas”. En concreto, interpretó que “las sucesivas prórrogas a la gobernanza provisoria indicaban que no se quería implantar”.
Según el colorado, con el nuevo proyecto de ley “no se está violando la autonomía porque a las autoridades las elija el Senado a propuesta del Poder Ejecutivo: nada tiene que ver la autonomía con esa forma de elección”. En resumidas cuentas, para el diputado la conducción educativa debe “caer en especialistas de la educación, gente rentada y dedicada al 100% a la gestión universitaria”.
Críticas
Marcelo Ubal, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UTEC (Situtec), dijo a la diaria que no comprende la decisión tomada por la Cámara de Diputados. Sobre aspectos de forma, dijo que el sindicato está considerando una posible inconstitucionalidad del proyecto propuesto por el gobierno, ya que podría contradecir las disposiciones de creación de órganos electivos en entes autónomos, que requieren mayorías especiales.
En términos del contenido del proyecto y su fundamentación, Ubal cuestionó el argumento del “éxito” en la gestión de la UTEC, al que apela el gobierno para fundamentar la continuidad de un modelo similar al del actual Consejo Directivo Central provisorio. Al respecto, dijo que la UTEC tiene 80% de los estudiantes con rezago y que 63% de su cuerpo docente no tiene posgrado finalizado; sin embargo, mencionó que no se destinan recursos a la formación permanente de estos últimos ni a becas para los estudiantes.
Por su parte, cuestionó el actual sistema de llamados que tiene la institución, en el que la entrevista tiene un peso de 45 puntos contra 40 de la formación y la experiencia previa sumadas. Según agregó, las propias autoridades de la UTEC reconocieron en comparecencias al Parlamento que se prioriza que se comparta el compromiso con la institución por sobre la formación académica.
En suma, el presidente de Situtec calificó de “falaces” los argumentos que sostienen que la gestión sin cogobierno es más eficiente y que es hacia donde van las universidades del mundo. Sostuvo que en la UTEC actualmente los trámites duran lo mismo que en cualquier organismo público y agregó que en otras partes del mundo las instituciones universitarias están incorporando a actores externos a los organismos de cogobierno, algo que la ley de creación de la UTEC ya prevé a través del sector productivo.
En un sentido similar se han expresado otros colectivos de la institución, como la Asociación de Estudiantes de UTEC, que junto con Situtec y un colectivo de egresados conforman el Espacio 2.3.14. La ADUT, una organización que funciona de manera independiente a Situtec, también es crítica respecto de los cambios. En un comunicado acusan al gobierno de desconocer a estudiantes y docentes y de pretender generar una universidad que forme exclusivamente para el mercado. En suma, señalan que los docentes cuentan con “pocos incentivos” para avanzar en su carrera y describen que la UTEC es en realidad un “liceo caro”.
Como también lo plantearon en la comisión de Diputados, sostienen que el proyecto va en contra del espíritu descentralizador de la universidad, ya que las decisiones se siguen tomando en un consejo directivo que funciona en Montevideo, con muy escasa participación de quienes están en las sedes del interior, que únicamente estarán representados por el director de un Instituto Tecnológico Superior. En suma, consideran que la participación es un principio fundamental en las universidades de calidad.