La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) emitió una declaración en la que muestra su preocupación por la forma en que la laicidad está siendo entendida por parte de integrantes del gobierno, en especial en el contexto del referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). Según el sindicato, los encargados de la campaña del No “han centrado su estrategia en evitar la discusión”. Al respecto, señalan que es “coherente” con el propio proceso de aprobación de la norma, ya que “si algo implicó la LUC fue la tramitación, sin discusión ni consulta, de reformas de leyes de enorme importancia para nuestra sociedad”.
En el caso de la educación, el sindicato entiende que “la estrategia de evitar a toda costa la discusión se lleva adelante en nombre de la laicidad”, a partir de “una interpretación forzada” del artículo 58 de la Constitución de la República. Según se analiza, de esa forma “se procura transformar a la laicidad en lo que no es: un instrumento de control político, censura y persecución de educadores, de claros tintes totalitarios”.
La declaración plantea que esa estrategia “no es nueva”, ya que se había dado en Uruguay en las décadas del 60 y 70 del siglo pasado. En concreto, señalan que los gobiernos de esa época cambiaron el sentido de la laicidad de las leyes del batllismo, que la concebían en alusión a “la secularización de la iglesia y el Estado” y “como marco positivo para una educación antidogmática”. En cambio, entienden que en esos años el término ha sido interpretado en un sentido “negativo”, es decir, como “neutralidad y abstención de abordar determinados temas”. Lamentan que se haya instalado “la idea de que la laicidad era una suerte de objeto frágil bajo amenaza permanente de ser violentada por un enemigo difuso: los docentes adoctrinadores”. “Esta concepción de la laicidad tiene poco que ver con la educación y mucho que ver con el control social”, dice la declaración.
Según ADUR, bajo esa noción de laicidad la última dictadura uruguaya “persiguió a educadores” y también fue tomada por el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien “hace lo mismo”. En particular, el sindicato mostró “preocupación” por “un giro bolsonarista en la interpretación de la laicidad en Uruguay” y también “alarma” por “una ofensiva de actores gubernamentales, parlamentarios y políticos” uruguayos, quienes “abusan del principio de laicidad con objetivos de censura y control político”.
Al respecto, ponen varios ejemplos, como el caso de los 14 profesores del Liceo 1 de San José sumariados e investigados por tomarse fotos en contra de la reforma Vivir sin Miedo en 2019, quienes según el gremio fueron parte de una campaña “ciudadana” y “no proselitista”. Otro de los ejemplos es el de la apertura de un expediente a cuatro funcionarios de Primaria por repartir un boletín sindical que invitaba a votar el Sí en el referéndum contra la LUC, y también mencionan una situación por la que pasó ADUR recientemente, cuando el coordinador de la campaña por el No por el Partido Nacional, Alejo Umpiérrez, pidió que no se realice una charla a favor del Sí en un local universitario en Rocha. Para el sindicato, estos y otros casos son la demostración de que “hoy en nuestro país existe persecución sindical en la educación” y también entienden que “la libertad de cátedra está en entredicho”. En ese sentido, expresaron que “la posibilidad de expresarse y protestar debe sortear censuras previas y persecuciones posteriores, todo lo cual provoca un clima de miedo e inestabilidad que cada vez con más frecuencia lleva a la autocensura”.
Además, ADUR considera que esta situación se da en “un contexto general en que las condiciones de información y discusión pública están también deterioradas”. “El debate público puede y debe ser algo más rico que la palabra amplificada y monocorde de comentaristas al paso, traducidos por tecleadores de enunciados de 280 caracteres”, dicen, en alusión al intercambio que suele darse en la red social Twitter.
El sindicato docente afirma que “bajo ningún concepto” el artículo 58 de la Constitución “se puede utilizar para prohibir la libre expresión de los gremios en los más amplios temas”, ya que esa libertad se consagra en el artículo 57 de la propia carta magna. “El artículo 57 de la Constitución garantiza los derechos sindicales de todas y todos los trabajadores. Si eso no alcanzara, en la misma Constitución (el artículo 29), en las convenciones internacionales suscritas por el país, y también en la concepción universal de los derechos humanos, se protege la libertad de expresión del pensamiento, sin cortapisas”, se añade.
Por su parte, ADUR llama a defender la laicidad “de la concepción autoritaria que a fuerza de repetición mediática tiende a consolidarse como interpretación dominante”. “Laicidad implica antidogmatismo para abordar cualquier tema. Si lo que provoca es silencio, no se trata de laicidad, se trata de censura”, concluye la declaración.