Los diputados oficialistas de la comisión que investiga faltas de 2017 de dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) acusaron a los exjerarcas del Consejo de Educación Secundaria (CES), Celsa Puente y Javier Landoni, de tener “omisiones” y “conductas con apariencia delictiva”. También hicieron lo mismo contra los sindicalistas José Olivera, actual presidente de Fenapes, y Ana Pescetto, Marcel Slamovitz, Alejandra Vespa, Virginia García Montecoral y Graciela Almeida, quienes han ocupado distintos cargos en el sindicato y sus filiales. Para eso, los acusados tendrán un mes para “presentar sus descargos”, dijo en conferencia de prensa el nacionalista Alfonso Lereté, presidente de la comisión investigadora.
Felipe Schipani, diputado colorado y miembro denunciante, señaló que la coalición de gobierno les dio “vista a aquellas personas en las que puede recaer responsabilidad penal para que presenten sus descargos”. La comisión, sostuvo, ahora se abocará a la elaboración de sus respectivos informes -oficialista y de oposición-, que en junio serán considerados en el plenario de la Cámara de Representantes para luego, eventualmente, elevar la denuncia. Según sostuvieron miembros de la comisión parlamentaria a la diaria, “es un hecho” que la coalición multicolor elevará la documentación a la Fiscalía para que estudie los pormenores del caso.
Los representantes oficialistas indicaron que de lo trabajado en casi un año de citaciones surgen delitos como fraude, falsificación, estafa, omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos, abuso de funciones y encubrimiento.
“Nos sentimos enormemente tranquilos de las cosas que establecimos cuando presentamos la denuncia. Todos los extremos que se invocaban en la denuncia se han confirmado, quedó absolutamente probado que estamos ante una práctica generalizada de más de 130 dirigentes de la cúpula de Fenapes que presentaban certificados falsos en más de 70 liceos del país”, insistió Schipani.
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Para el colorado, “hay millones de pesos” que se pagaron por horas docentes que no se trabajaron. En ese marco, apuntó que hubo una segunda consecuencia: que estudiantes se quedaran sin clase “en todo el país”, porque “estas horas no se reponían y los dirigentes avisaban el mismo día que iban a faltar”. En ese sentido, valoró que “quedó absolutamente demostrado” que los certificados que presentaban los sindicalistas para justificar las faltas “eran falsos”, puesto que invocaban un convenio entre la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU) y el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Garantías en cuestión
Del otro lado, el coordinador de bancada de diputados del Frente Amplio (FA), Gustavo Olmos, sostuvo que la comisión creada “se toma atribuciones que son claramente de la Fiscalía”, que es el único organismo que puede imputar delitos, así como acusar. “Se extralimita de las potestades que tienen las comisiones investigadoras, porque no sólo investiga sino que acusa a quienes tienen responsabilidades políticas o a funcionarios públicos”, agregó en una conferencia de prensa brindada luego de la que hizo el oficialismo.
El legislador señaló que la Fiscalía y la ANEP vieron sus potestades “avasalladas”, ya que “se trasladaron al ámbito legislativo”. Sobre la propuesta de citar a los exjerarcas y sindicalistas para que realicen descargos en el próximo mes, Olmos criticó que la coalición “presenta primero delitos” asociados a “un conjunto de personas” y “nadie sabe de qué se tiene que defender”, por lo cual eso haría “inviable” el proceso que plantean.
Según afirmó el frenteamplista, desde la colectividad política no defienden “ninguna irregularidad”: “Todas las sanciones que correspondan en el marco de eventuales irregularidades tienen la vía administrativa y, eventualmente, la judicial. No es el Poder Legislativo quien debe tomar esas competencias”, insistió.
Lilián Galán, diputada del FA e integrante de la comisión investigadora, dijo que sus compañeros de delegación de la oposición están “sumamente indignados” y que “es un escándalo” lo planteado por sus pares oficialistas. “Un tratamiento de este tipo a cuestiones puramente administrativas no fue visto en la historia de las comisiones parlamentarias”, consideró, y agregó que durante los diez meses de actuación de la comisión sólo se investigaron “faltas de docentes, y se les imputan delitos como nunca, porque la comisión no tiene esas prerrogativas”.
“Esto es un circo para entretener a la población mientras están pasando cosas graves”, dijo, y enumeró los últimos datos que el Ministerio de Desarrollo Social brindó a El País sobre niños y adolescentes que están en situación de calle. “Esto se llama persecución sindical y política a las exautoridades”, afirmó.
Gracias a la LUC
Eduardo Lust, diputado por Cabildo Abierto, dijo que el trabajo en la comisión dejó una “enseñanza”. En ese sentido, sostuvo que la “causa” de todo esto “fue haberle entregado a los dirigentes sindicales la enseñanza de nuestros alumnos, hijos”; en suma, para el representante cabildante la ley de urgente consideración “resolvió el tema desde el punto de vista institucional” porque “ahora hay personas con actitud para que estèn al frente de esas direcciones”.
El legislador dijo que cada uno “ahora está en su lugar” puesto que “en algún momento estaban de ambos lados del mostrador”, por lo que a veces “se permitían esta serie de conductas”. Asimismo, advirtió que no sólo está lo penal, sino que hay irregularidades administrativas, por lo tanto el Codicen puede tomar resoluciones administrativas, disciplinarias e investigativas “respecto a estos docentes”.