Después de una sesión extraordinaria en la que no se pudo llegar a una resolución, y de varias postergaciones, en la noche de este martes el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) tomó postura sobre el pedido de destitución para el matemático y grado 5 de la Facultad de Ciencias (Fcien) Martín Sambarino, quien fue denunciado por acoso sexual ante la Comisión de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación de la institución hace casi tres años. A diferencia de lo que resolvió por unanimidad el Consejo de la Fcien meses atrás, en el CDC de la Udelar no estuvieron los dos tercios de los votos necesarios para destituirlo. Cuando esa moción se puso sobre la mesa, sólo estuvieron los tres votos del Orden Estudiantil, dos de los egresados y uno del Orden Docente. De todas formas, por amplia mayoría, el CDC entendió que del resultado del sumario se desprende que Sambarino tuvo una “conducta inapropiada” a la que se catalogó como “grave” y “pasible de sanción”. Precisamente, la normativa marca que el tema debe volver a la Fcien, que tendrá que pronunciarse sobre si aplica otro castigo, en particular, una suspensión por seis meses.
La denunciante, que hoy es doctora en Matemática, dijo en la denuncia que Sambarino tenía relaciones con estudiantes jóvenes, que hacía comentarios de índole sexual y que, siendo el orientador de su tesis de doctorado, una noche “se dio una situación sumamente inapropiada” mientras ambos se hospedaban en el mismo apartamento durante un viaje a Francia. En particular, mencionó que el docente quiso abrazarla y que ella lo rechazó, lo que generó como represalia que Sambarino no fuera a sus reuniones de trabajo y no le corrigiera la tesis de la que era tutor, según su declaración.
Esa denuncia, que fue difundida por el semanario Búsqueda, trajo consigo un largo proceso interno, que culminó en setiembre del año pasado con un informe de Jurídica de la Udelar en el que se concluía que el académico había cometido una “falta administrativa grave, en tanto ha desarrollado un comportamiento inadecuado a la función docente que desempeña y su conducta debe ser sancionada”.
No obstante, la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), organismo del Estado que debe pronunciarse sobre los pedidos de destitución de funcionarios públicos, opinó lo contrario: “No se ha acreditado la configuración de los presupuestos de hecho y de derecho para proceder a la destitución propuesta”, planteó su informe. En la resolución de la ONSC se manifestaba que “no se ha comprobado en estos obrados que los hechos de la denuncia que diera motivo al procedimiento disciplinario resulten calificables como ilegítimos a la luz de la normativa vigente ni tampoco la culpabilidad de aquel a quien se le imputa la comisión de una falta administrativa, la cual debe ser probada de manera efectiva, lo que es carga de la Administración pues de otro modo se avasallaría la presunción de inocencia”.
En discusión
Si bien la sesión extraordinaria del 13 de mayo funcionó mayormente bajo el régimen de comisión general, por lo que lo discutido se mantiene en reserva, en la sesión del martes la discusión fue pública. Allí se hizo mención a distintas “presiones” que sufrieron los consejeros en las últimas semanas, por ejemplo, a través de cartas públicas de docentes universitarios y publicaciones anónimas en busca de incidir en el resultado de la votación del CDC. También se lamentó el proceso de “filtraciones” de información constantes a la prensa, lo que está siendo investigado por la Udelar. Por ejemplo, la propia decana de la Fcien, Mónica Marín, se refirió a este punto y lamentó que esas filtraciones “desincentivan” la presentación de denuncias, ya que exponen al denunciado, pero también a la denunciante. Si bien el pedido de destitución en la Fcien fue resuelto por unanimidad, anoche la decana se desmarcó de esa postura y dijo que “personalmente” no comparte que haya existido acoso sexual por parte del docente, aunque, de todas formas, señaló que en su facultad “todos actuaron de buena fe” para resolver la compleja situación.
Por su parte, el rector Rodrigo Arim destacó la posibilidad de que una institución como la Udelar discuta los temas relativos a su gestión de forma pública, más allá de los “recaudos” que se tomaron para que no se expusiera información sensible referente a este caso. Además, reconoció especialmente el “difícil trabajo” de los funcionarios que trabajaron en el proceso de sumario y destacó su “profesionalidad”. Arim, quien no acompañó el pedido de destitución por considerar que no había elementos suficientes para ello, consideró que del expediente a estudio del CDC se desprende que “hay conductas impropias”, porque se trataba de “una relación de poder” entre un docente grado 5 y su tutoreada. En ese sentido, indicó que este tipo de casos se están discutiendo a nivel internacional, debido a que ya no se admiten muchas prácticas “que se normalizaban 20 años atrás”. Según el rector, ninguna resolución que tomara el CDC sería perfecta, pero consideró que la que se tomó anoche es “la más parsimoniosa” a la que se podía llegar.
“Carencias éticas”
Mediante una carta dirigida a los consejeros docentes, Sambarino los acusó de incurrir en “una manipulación de la información vergonzosa”. Según dio a conocer Montevideo Portal, sostuvo que la posición de los consejeros por el orden docente tiene “carencias éticas elementales muy difíciles de digerir, más aún teniendo en cuenta la investidura de quienes lo han elaborado”.
A su vez, planteó que hicieron “un manoseo inescrupuloso” de su persona, al adjudicarle “actitudes sin conocimiento de causa”. En tanto, fustigó que divulgan “calumnias” sobre él y, asimismo, que violaron la reserva del expediente. “Han de saber que para condenarme por la falta de la que se me acusa, no alcanza con ‘llegar a la convicción’ de que tal falta ocurrió: las pruebas que la administración tenga sobre la ocurrencia de la misma, deben ir más allá de toda duda razonable”, añadió.