El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) espera el informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) para decidir qué sanción aplicará a Martín Sambarino, profesor grado 5 de Matemática de la Facultad de Ciencias, denunciado en 2019 por acoso sexual por parte de una estudiante de posgrado. En setiembre, más de dos años después, la Dirección General de Jurídica de la Udelar manifestó que había comprobado la existencia de acoso sexual y concluyó que hay “credibilidad objetiva y verosimilitud” en la denuncia, según el sumario administrativo dado a conocer por Búsqueda.
Dos semanas después, en base a esas conclusiones, el Consejo de la Facultad de Ciencias resolvió de manera unánime pedir la destitución del académico, en vez de la alternativa, que era suspenderlo durante seis meses. La resolución final quedó en manos del CDC, que aguarda por ese informe para ver si lo que dictaminó Jurídica está ajustado a la norma como para pedir el cese del profesor, que está suspendido de forma preventiva mientras dure el proceso de sumario.
Sambarino fue denunciado por acoso sexual ante la Comisión de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación de la Udelar en junio de 2019. La denunciante, que hoy es doctora en Matemática, dijo en la denuncia que docentes del Centro de Matemática organizaban fiestas en las que participaban estudiantes, que Sambarino tenía relaciones con estudiantes jóvenes, hacía comentarios de índole sexual y que, siendo el orientador de su tesis de doctorado, una noche “se dio una situación sumamente inapropiada” mientras ambos se hospedaban en el mismo apartamento durante un viaje a Francia. La matemática dijo que lo rechazó, lo que de acuerdo con su declaración le generó como represalia que Sambarino no fuera a sus reuniones de trabajo y no le corrigiera la tesis de la que era tutor.
Finalmente, la mujer decidió dedicarse a la investigación fuera del país y renunció a su grado 2 en el Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería, por considerar que ninguna de las instituciones tenía mecanismos para ofrecerle “las mínimas garantías necesarias” para cuidar de su salud y que “se sienta segura en ese ambiente”, de acuerdo con lo que escribió en su carta, consignada por el semanario.
El informe de Jurídica afirma que se ha corroborado la “fiabilidad del testimonio de la denunciante respecto de las situaciones anteriores a los hechos de París” y que se consideran “probados” los hechos “denunciados” ocurridos en Francia. También establece que Sambarino cometió una “falta administrativa grave en tanto ha desarrollado un comportamiento inadecuado a la función docente que desempeña y su conducta debe ser sancionada”.
Las nuevas reglas
En diciembre de 2020, la Udelar aprobó una ordenanza de actuación ante casos de violencia, acoso y discriminación, que empezó a regir el 5 de abril de 2021. La ordenanza define el acoso sexual como “todo comportamiento de naturaleza sexual, realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe”.
El documento –que se basa en las definiciones de la Ley 18.561– indica que el acoso sexual puede manifestarse por medio de “requerimientos de favores sexuales” que impliquen “promesa, implícita o explícita, de un trato preferencial” o “amenazas de perjuicios”. También pueden constituir acoso sexual “acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual, indeseada y ofensiva para quien los reciba” o el “uso de expresiones (escritas u orales) o de imágenes de naturaleza sexual, que resulten humillantes u ofensivas para quien las reciba”. Según la ordenanza, “un único incidente grave puede constituir acoso sexual”.
Antes de que se concretara este protocolo, la nueva política institucional de la Udelar sobre violencia, acoso y discriminación, aprobada por el CDC en marzo de 2019, establecía en su declaración de principios que “no son admisibles actos de violencia física o psicológica, el trato denigrante, irrespetuoso o discriminatorio y todos aquellos comportamientos que por provocar humillación, ofensa injustificada, temor, daño físico o emocional puedan contribuir a crear un ambiente de trabajo o estudio intimidatorio, ofensivo u hostil, así como que tampoco tolera comportamientos de acoso sexual, laboral o en las relaciones de estudio”. También aseguraba que toda la comunidad universitaria “debe asumir un papel activo en la prevención de situaciones de violencia, acoso y discriminación, promoviendo el respeto en las relaciones, así como la vigilancia en el abuso de poder”.
En un comunicado difundido a principios de mes, previo a que el Consejo de la Facultad de Ciencias decidiera pedir la destitución de Sambarino, la Red Temática de Género de la Udelar recordó la importancia de contar con la ordenanza y la nueva política institucional, aunque aseguró que lo que establece este marco normativo “dista de varias prácticas cotidianas que continúan reproduciendo violencia de género, racismo y otros formatos de discriminación que afectan particularmente a las mujeres, poniendo en jaque el desarrollo de sus estudios y trayectorias profesionales”.
En ese entonces, la red dijo que definir una suspensión de seis meses para el docente no era “suficiente”, no estaba “a la altura del compromiso actual de la Universidad en relación a estos temas” y permitía “seguir tejiendo una red de impunidad”. “Nuestra universidad no puede tolerar de ninguna forma las situaciones de violencia, acoso y discriminación. De no aprobarse una sanción acorde con el hecho, se estaría dando una respuesta injusta ante un caso concreto de abuso de poder, estableciendo un precedente que desalienta eventuales futuras denuncias, a la vez que envía el mensaje de que el acoso es, en definitiva, algo tolerable en el ámbito de la Udelar”, decía el documento.
A la espera
Los órdenes del CDC aguardan por el informe de la Comisión Nacional de Servicio Civil, que depende de la oficina homónima, para tomar una postura en este caso. Esto se debe a que el artículo 63 de la Constitución de la República dice que es competencia de ese organismo pronunciarse sobre las destituciones de funcionarios en último término, “una vez culminada la instrucción correspondiente, antes de la resolución de la autoridad administrativa”, y que dispone para ello de un plazo de un mes a partir de la recepción del expediente por la ONSC.
En suma, este organismo es el que emitirá el último juicio para saber si lo que dice Jurídica se ajusta a las normas como para pedir la destitución de Sambarino. El expediente actualmente está en manos del área de Asesoría Letrada de la ONSC, que se encuentra haciendo una exhaustiva investigación para luego pasarlo a la comisión para tratar el tema y expedirse. Sin embargo, puede tener más tiempo porque es uno de los expedientes más largos del último tiempo.
Lo cierto es que los tres órdenes –docente, de estudiantes y de egresados– han mantenido reuniones para debatir el caso. Para definir las respectivas posiciones prefieren leer a fondo el expediente completo, que consta de aproximadamente 1.000 folios y casi 50 entrevistas, según supo la diaria. Este medio intentó acceder a esos documentos pero no tuvo éxito.
En principio, los distintos órdenes recibieron un resumen que elaboró la Dirección de Jurídica de la Udelar para que estén empapados en el tema. La idea es que el caso se “liquide” este año. Sin embargo, puede pasar para el año próximo, algo que temen algunos de los consejeros porque la Asamblea General del Claustro debe designar nuevas delegaciones al CDC. “Sería tremendo” si pasara el verano, coincidieron varios de los académicos consultados por la diaria.
En tanto, desde la Udelar se planteó la estricta reserva del caso. “Estamos todos bajo la lupa del proceso”, indicaron, y agregaron que para mantener las cosas en calma se pidió cautela respecto de la información y de lo que circula en las discusiones internas. Por eso, el Consejo de la Facultad de Ciencias también votó iniciar una investigación administrativa por las filtraciones que se produjeron de lo conversado en régimen de Comisión General –que es de carácter confidencial–, luego de haber resuelto la destitución del profesional, que podrá ser ratificada o no por el CDC.
Para que los consejeros tomen una decisión, además del informe de la ONSC, falta que lleguen los descargos de Sambarino, que ya son públicos. Por ejemplo, en su carta de defensa, de 61 páginas, el matemático, patrocinado por el abogado constitucionalista Daniel Ochs, apuntó que la denunciante “incurre en un rosario de contradicciones, falsedades y mentiras, y resulta contradicha por toda la comunidad matemática, incluso por amigos suyos”. Asimismo, Sambarino aseguró que mientras ella exhibía “excesiva confianza y cercanía”, él mismo le marcaba una “distancia adecuada” y “respeto”.
Lo que concluya la ONSC “es el insumo más importante” para decidir si destituirlo o no, consideran algunos integrantes del CDC. Hay quienes entienden que ese órgano va a tratar de acompañar lo que haya resuelto el Consejo de la Facultad de Ciencias, pero hay ciertas dudas: “Siempre pueden aparecer otros elementos por los que algunos tengan otras posiciones”.
Por otra parte, varias académicas y académicos se han pronunciado en defensa de Sambarino, en su mayoría integrantes del Centro de Matemática. Incluso, según informaron a la diaria, ha habido algunas renuncias a la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR) por la postura que tomó en el Consejo de la Facultad de Ciencias a favor de destituirlo.
Si bien no se conoce en qué fecha se tratará el tema, lo seguro es que para ratificar la medida de expulsión se requieren dos tercios del total de votos del CDC, algo que no se vislumbra con claridad en el actual panorama.
“Garantía de ser presumido inocente”
Una de las académicas que se manifestaron en defensa de Sambarino fue la doctora en Matemática Mariana Haim, docente grado 3 de la Facultad de Ciencias, quien quiso dar su testimonio a la diaria. La académica dijo que espera que el CDC no ratifique la destitución de Sambarino porque, “aun entendiendo que es muy sutil el borde de lo que se puede considerar como acoso y que las declaraciones de la denunciante tienen que ser tomadas especialmente en cuenta”, entiende que “no hay elementos que configuren el acoso”. Por lo tanto, para la docente, no debería haber ningún tipo de sanción.
Según Haim, el informe de Jurídica y el expediente del caso señalan que “el hecho probado que da lugar al acoso es un abrazo no deseado, en un contexto de amistad”, que este hecho “no fue repetido” y que “no hubo represalias de ningún tipo”. Además, agregó que la abogada instructora de Jurídica “establece que se deberá valorar la conducta anterior del funcionario al momento de aplicar la sanción”.
“Es claro que el acoso es muy difícil de demostrar, y es por esto que la jurisprudencia sugiere tener especialmente en cuenta las declaraciones de la denunciante, lo que me parece muy saludable”, señaló la matemática. “No obstante”, continuó, “el acusado debe tener la garantía de ser presumido inocente, con una investigación profunda. Es por eso vital que quienes voten en el CDC profundicen en la lectura del expediente para formar su opinión”.
Por otra parte, Haim cuestionó la “mediatización de la denuncia”, que a su entender “fue determinante en el modo en que esta fue tratada, alterando irremediablemente el curso de los hechos”. En particular, dijo que “se han expandido impunemente” las “apreciaciones de un ambiente hostil” en el Centro de Matemática, algo que es “muy lejano” al “espacio particularmente abierto al diálogo constructivo” en el que ella trabaja desde hace 25 años.
En un sentido similar, la ingeniera Eleonora Catsigeras, docente honoraria del Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería, dijo que hay elementos que muestran que hace falta “ampliar” la investigación y pidió, en una carta difundida públicamente, “que se complete” antes de tomar una definición. “En mi opinión, además de tener en cuenta el informe de la abogada sumariante, quienes deben juzgar deberían leer todo el expediente y resolver con convicción de conciencia, sin la presión ‘de las masas’”, enfatizó.
“Conductas inadmisibles”
Desde el orden de egresados de la Facultad de Ciencias se entiende que la destitución de Sambarino se debe dar porque “este tipo de conductas constatadas son inadmisibles e intolerables”. En ese sentido, adujeron que se deben brindar señales claras, tanto en el centro universitario como en la Universidad toda, de que “este tipo de comportamientos no son admisibles por las instituciones, cumpliendo con el compromiso universitario a proporcionar un ambiente de trabajo-estudio libre de violencia, acoso y discriminación”.
Por su parte, el Centro de Estudiantes de Diseño y Arquitectura (CEDA) anunció que votará “en coherencia” con el proceso que se viene realizando “dentro y fuera” de la facultad a través de la Comisión de Equidad y Género contra el Acoso y la Discriminación del CEDA. En esa misma línea, indicaron que destituir a Sambarino en el CDC “implicaría, en el plano jurídico, no poner en duda un fallo probatorio generado a través de un instrumento administrativo de nuestra propia Universidad, de lo contrario sería retroceder en el ámbito normativo en materia de derechos vinculados a la equidad de género”.
Agregaron que frente a un fallo probatorio de acoso sexual resultaría una “absurda y errónea” interpretación de la Ley Orgánica “no destituir a Sambarino”. “El docente que efectuó acoso sexual debe tener consecuencias a la altura de las circunstancias. No todas las identidades de género somos iguales ante la ley en el mundo en general y en el mundo jurisprudencial o académico en particular. Este fallo jurídico sumado a la resolución de la Facultad de Ciencias tienen la suficiente solidez para sustentar una consecuencia acorde a la comprobada falta grave cometida por el grado 5, por ende la destitución será una contundente concreción de equidad”, fustigaron. El Consejo de la Facultad de Arquitectura hizo “suya” la declaración de los estudiantes y resolvió mandatar al decano Marcelo Danza a votar a favor de la destitución del matemático en el CDC.