El colectivo de Docentes Jubilados de la Enseñanza Pública apuntaron que la “persecución sindical” por parte de las autoridades de la educación “no cesa” y que las denuncias de los núcleos liceales “se multiplican”. En un comunicado, al que tuvo acceso la diaria, indicaron que desde la Dirección General de Educación Secundaria, que dirige Jenifer Cherro, llegaron al “extremo” de “violar la propia normativa que la rige”.
En ese sentido, citaron al acta 90, que es del 13 de diciembre de 2006. Según establece dicho documento, “se reconoce el derecho de reunión, de propaganda y de afiliación sindical dentro de la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] y en horarios de trabajo o fuera de él siempre que ello no interfiera en el desempeño de la labor docente y no docente”.
Por otra parte, expresaron que los “estragos” del “recorte” presupuestal implantado desde 2020 en la educación “hace[n] sentir sus efectos negativos materializados en: supresión de grupos, grupos superpoblados, carencia de adscriptos y personal administrativo, falta de equipos multidisciplinarios, inexistencia de porteros”. Para la organización, “estas y otras tantas carencias comprometen seriamente los procesos de enseñanza-aprendizaje”.
Asimismo, consideraron que la ANEP hace el “intento de imponer” la reforma educativa “sin propiciar los ámbitos, ni el tiempo necesario para que los aportes de los docentes tengan la gravitación que en ella deben tener”.
Por último, expresaron que hay una “gravísima” situación socioeconómica que se traduce en “hambre en alumnos que viven en zonas carenciadas”, y apuntaron que la “violencia creciente” en la sociedad cerca de los centros de estudio “penetra en ellos quebrantando la tranquilidad que debe reinar”. “Ni el hambre de los adolescentes ni la violencia que los acecha obtienen respuesta de las autoridades”, denunciaron.