Desde hace varios meses la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tiene en su poder el resultado de dos encuestas que miden el grado de inseguridad alimentaria en niños y adolescentes uruguayos. Según informó el semanario Brecha a partir de un pedido de acceso a la información pública, el organismo avaló la realización de encuestas por parte del Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República.
Una primera encuesta a hogares con adolescentes fue realizada a fines de 2020 y arrojó que en 24% de los casos se declaró algún tipo de inseguridad alimentaria. Según informa el semanario, en 19,1% de los hogares se registró una inseguridad alimentaria moderada y en 5,1% una grave. El informe establece que la inseguridad alimentaria moderada se genera cuando la familia no tiene “dinero o recursos para llevar una dieta saludable”, tiene “incertidumbre acerca de su capacidad de poder adquirir alimentos” o posiblemente tuvieron que “saltearse alguna comida” o se quedaron “sin alimentos de forma ocasional”. Por su parte, la inseguridad alimentaria grave implica que los hogares se quedaron “sin alimentos o que alguna persona del hogar estuvo todo un día sin comer en más de una oportunidad” en los meses previos a la realización de la encuesta.
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En suma, el informe sostuvo que la inseguridad alimentaria de los adolescentes que concurren a centros privados fue de 5,1% y 0,5% se manifestó en forma grave, mientras que la de quienes concurren a centros educativos públicos fue de 43,5%; en esa población la inseguridad grave ascendió a 9,7%.
Por su parte, un año después, las autoridades de la ANEP accedieron a información de la situación de niños y niñas. En ese caso, la inseguridad alimentaria en el año previo a la fecha de realización de la encuesta fue de 39% en total: 28% de inseguridad moderada y 11% grave. En suma, la encuesta reveló que una cifra mayor a 70% de los hogares con inseguridad alimentaria moderada y casi 90% de los que presentaron inseguridad alimentaria grave eran del “nivel socioeconómico bajo”.
El semanario informó que las autoridades de la ANEP no autorizaban la difusión de los resultados del estudio, con el argumento de que se trataba de informes técnicos de uso interno.