Profesores sindicalizados de Montevideo denunciaron días atrás que la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) negó una solicitud de traslado a un docente denunciado por violencia de género por otra docente del mismo centro educativo, quien además es su subordinada. En un comunicado, la filial capitalina de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) señaló que, ante la denuncia, se dispusieron medidas cautelares hacia el denunciado, que implican que no se puede acercar a la profesora.
El sindicato cuestionó la forma en que la DGES resolvió la situación, ya que, en vez de acceder al traslado solicitado por la denunciante, entendió que para cumplir con la orden judicial alcanza con “acomodar los horarios” de ambos para que “no se crucen en el liceo”, pese a que hay una relación jerárquica de por medio.
ADES Montevideo entiende “que la decisión de la DGES atenta contra los derechos de la docente”, pero también del resto de los trabajadores y los estudiantes del liceo, del que no se dan detalles para preservar la identidad de los implicados. Al respecto, el sindicato cuestiona si se “pretende exponer” a estudiantes y trabajadores a tener que llamar a la Policía en el caso de que alguna de las partes incumpla su horario y advierten que “los roles docentes en múltiples oportunidades requieren flexibilidad horaria y extensión de las jornadas”, por ejemplo, para “paseos, entrevistas con familias o imprevistos de otro tipo”.
Los profesores sindicalizados entienden que “no corresponde que una docente esté bajo jerarquía de la persona a la que denunció por violencia basada en género”, y que el hecho de que esa situación se mantenga implica “una revictimización, exposición y afectación de la situación funcional”. En ese sentido, entienden que la resolución de Secundaria es “absolutamente irresponsable”, ya que “desconoce una resolución judicial” y deja “un precedente complejo” a futuro.
En diálogo con la diaria, Camila Menchaca, integrante de la directiva de ADES Montevideo, agregó que la DGES no trató el tema con la debida reserva, ya que, por ejemplo, se registraron llamadas al centro educativo para ver si los implicados están cumpliendo su horario, lo que expone la situación ante todo el equipo de administración del liceo. “Entonces, empiezan las preguntas”, manifestó.
Menchaca señaló que la DGES no trató el caso como es debido también porque demoró más de lo deseable en tomar una resolución. En suma, consideró que de esta forma “se pone en riesgo” a las víctimas y consideró que lo ocurrido es “gravísimo”.
Según dijo la dirigente sindical, desde ADES Montevideo presentaron apelaciones a nivel judicial y también una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero la situación se mantiene incambiada desde que realizaron la denuncia pública. Por su parte, Menchaca valoró que la DGES “cada vez trabaja peor” en la presentación de este tipo de denuncias y que el sindicato ya ha denunciado que “no se cumple con el debido proceso”.
El comunicado de ADES Montevideo agrega que desde hace años también se afecta a las trabajadoras “por aspectos vinculados a cuidados y maternidades”. Por ejemplo, mencionan que en 2023 “se han aplicado incorrectamente licencias maternales y no se respeta que dicha instancia es ‘hasta que el lactante lo requiera’”. En suma, plantearon que no se ha cumplido con la Ley 20.000, que establece la extensión de las licencias en casos de nacimientos prematuros, ni tampoco se ha reglamentado la Ley 20.129, “que permite horas libres para embarazadas y parejas para los controles y estudios médicos”.