“Más que nunca denunciamos que la Universidad no nos cuida y nos destruye!”, manifestó la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) en un comunicado en el que convocó a movilizarse en la explanada de la Facultad de Derecho y parar en la mañana del lunes. De manera similar lo vienen haciendo los últimos tres lunes, dado que sus planteos no han sido atendidos por el cogobierno que dirige a la institución.
Marcos González, miembro del ejecutivo de AFFUR, explicó a la diaria que los hechos que motivaron estas medidas comenzaron hace cuatro lunes, ya que en el Consejo Delegado de Gestión (CDG) se presentaron dos sumarios que concluyeron con un pedido de destitución de funcionarios de la Universidad de la República (Udelar).
González explicó que uno de los funcionarios fue removido por motivo de “faltas acumuladas en 2022 y 2023, con sanciones por eso”. Sin embargo, explicó que las faltas se debieron “a un problema familiar de salud mental” y lamentó que “la Universidad se deslindó del tema y no atendió” la situación del funcionario.
Para el sindicato, “hay situaciones particulares que vivió el compañero que tendrían que ser atenuantes”; “entendemos que la falta es grave, pero no es que no quería ir a trabajar, sino que tenía que atender una situación familiar y también una situación suya”, manifestó González. De acuerdo con su lectura, “ante una situación de salud mental, las autoridades no hacen otra cosa que ir directamente a lo normativo, la destitución, sin atender la situación de salud mental”.
En cuanto al segundo caso de destitución, González narró que se trata de una técnica de Bienestar Universitario que, sin tener mayor “preparación” para trabajar con el celular, compartió como estado de Whatsapp un mail de una persona que se había comunicado con ese servicio.
Para el sindicato, la sanción fue “desmedida”, ya que trabaja como funcionaria desde hace 29 años y no tenía ninguna sanción en el legajo. A pesar de que la resolución inicial planteaba una destitución, González manifestó que el sindicato logró que no la destituyeran. En su caso, finalmente se resolvió una suspensión de seis meses sin goce de sueldo, que era lo que recomendaba la Oficina de Nacional Servicio Civil a la Udelar, ya que también consideraba “desmedida” la resolución de destituirla.
Sin embargo, reiteró que no lograron que se reduzca la sanción al otro funcionario y, por esa razón, presentarán recursos jerárquicos ante el Consejo Directivo Central con el fin de que la destitución sea anulada. En caso de que su intención no prospere, González dijo que llegarán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En tanto, Luis Leopold, prorrector de Gestión de la Udelar, aclaró a la diaria que, en el caso del funcionario destituido, la representante de los funcionarios propuso una modificación en el CDG pero no obtuvo los votos necesarios. Asimismo, señaló que en ambos casos las resoluciones no se centran “en un solo aspecto puntual”.
“No estamos hablando de que estas sean situaciones felices. Lo que ocurre es que existen unas reglas de juego, procedimientos, y existe también el cuidado de bienes y responsabilidades muy importantes, como el trabajo directamente con la atención a estudiantes, el cumplimiento de las tareas en función del cuidado de una dimensión colectiva, que tiene que ver con que se esté de acuerdo o no con las sanciones que finalmente aprueba la organización”, ya que “el no cumplimiento afecta el desarrollo del funcionamiento colectivo de los equipos de trabajo”, agregó.
En cuanto a lo planteado por el sindicato sobre la falta de atención de la Udelar a la salud mental, Leopold señaló que “el país vive serias dificultades con la situación de la salud mental y sobre las necesidades que el país tiene respecto a políticas” en dicha área. Aun así, remarcó que la Udelar tiene “varias acciones” para atenderla.