Ya se está al tanto: inicia un año álgido. Es el último año del actual gobierno y es también, por ende, año de campaña política, de conformación de equipos y definiciones sobre cuáles serán los grandes temas. Y la educación siempre es uno de ellos. En paralelo a la vorágine del proceso electoral, la instalación de la Transformación Educativa seguirá su curso en 2024, así como también otros cambios ya asentados.
Sin embargo, desde las filas frenteamplistas asoma una esperanza de volver a gobernar. En ese caso, lo que el Frente Amplio (FA) “no debería de hacer es decir: ‘Esta es mi Transformación Educativa’. El escenario ideal sería generar un espacio de trabajo, que contemple lo sindical, lo social y lo político”, dijo a la diaria el senador del Espacio 609 Sebastián Sabini.
Por ello, señaló que el FA está haciendo especial “hincapié en la participación”. Si bien aseguró que en un eventual nuevo gobierno frenteamplista habrá “cambios en materia curricular”, en “materia legislativa” y, sobre la marcha, irán “cumpliendo los otros objetivos de carácter presupuestal y de ampliación de oferta” educativa, admitió que el contexto actual los “deja en una situación compleja”, porque habrá que tomar decisiones. Por si fuera poco, planteó que en la educación el próximo gobierno deberá “reconstruir la confianza con actores sociales”.
El inicio de clases es catalogado por los sindicatos de la educación como “caótico”. ¿También lo ves así?
Si uno mira las elecciones de estos años y la cantidad de horas no tomadas en marzo, hay un crecimiento de las horas no asignadas, y eso es un problema de gestión. La escasez de grupos en marzo es un problema para todas las instituciones educativas y para los profesores, fundamentalmente en Secundaria. En función de la descripción de los sindicatos del contralor de las elecciones de horas, sumado a la elección de los cargos de docencia indirecta posterior a la directa, sabemos que eso va a provocar renuncias. También la situación problemática de formación docente, donde hay mucha incertidumbre de parte de los docentes en cuanto a qué asignaturas van a dar y cuántas horas van a tener, y eso genera toda una cascada.
En las gestiones frenteamplistas esto se había logrado ordenar mucho, pero volvió a ser un problema con la actual administración. No cumplieron con la promesa electoral de tener elección por tres años y, además, se dio un proceso de eliminación de materias en el que muchos profes hoy no saben qué van a hacer, qué horas van a tener, qué cursos van a dar. Las malas decisiones en materia de gestión se sumaron al apuro por hacer la Transformación Educativa contra todo.
Mencionaste distintos puntos de conflicto que repercuten en los docentes. ¿Cómo impacta en el estudiantado?
Yendo para atrás, el gobierno golpeó mucho a los docentes, hubo una intención de quebrar su moral: fueron desligitimados ante la opinión pública, con comisiones parlamentarias, con acusaciones muy graves de adoctrinamiento, de violación a la laicidad, con denuncias penales a los exdirectores de la educación media. También hubo recorte salarial, una caída en la inversión, que lleva medio punto del PIB. En ese contexto, la ley de educación fue cambiada por la ley de urgente consideración [LUC] y se aplicó la Transformación Educativa.
Evidentemente, eso iba a tener impacto en los estudiantes. Estamos viendo una emergencia de la salud mental de los chiquilines, y no tengo dudas de que eso está relacionado con la pandemia y las decisiones que se tomaron en su momento. Cuando planteamos que había que reforzar los equipos multidisciplinarios y apoyar a los estudiantes, que dejaron de ver a sus compañeros de clase y amigos, eso no se previó y hasta se desestimó. Puntualmente, Robert Silva dijo que esa no era función de la Administración Nacional de Educación Pública. Tuvimos además una caída en los aprendizajes que vinculo directamente a la desinversión y reducción de grupos en algunos casos y en otros de esperar a último momento para crearlos.
¿Desde el FA tienen pensado presentar algún proyecto de ley vinculado a la educación este año?
En general, soy bastante reacio a tocar la ley de educación. Peleamos mucho para que no se aprobara la LUC y, en particular, el capítulo de educación. Fue doloroso cambiar la ley de la Universidad Tecnológica: no hubo ningún diálogo político. Lamentablemente, para el mal de los estudiantes y del sistema educativo, la educación se ha convertido en un campo de batalla político-electoral.
En ese contexto, creo que es muy difícil generar un avance desde la oposición. En materia legislativa nosotros hemos presentado proyectos: desarchivamos el de la Universidad de la Educación al principio del período y el gobierno optó por un camino inverosímil, porque ha utilizado argumentos que no son creíbles, como que el problema de crear una Universidad es que los docentes de formación docente no podemos acceder a posgrados a nivel nacional o regional, y eso es falso; sobran ejemplos de docentes posgraduados.
¿Creés que no hubo margen de maniobra para generar algún cambio en la educación en todo el período?
Diría que fue muy poco. Logramos incidir en algunos artículos de la LUC: en formación docente, cuando se votó la elección del Consejo, logramos reincorporar que dos de los consejeros sean de representación social. Después, en términos generales, el esquema se mantuvo. En el Parlamento hemos recibido a docentes y estudiantes planteando dificultades sobre la Transformación Educativa y el relacionamiento, que muchas veces se sentían ninguneados por las autoridades. La tónica en todo momento ha sido poner a los docentes en la vereda de enfrente.
Para que sean duraderas, las transformaciones tienen que tener acuerdos amplios y la posibilidad de un diálogo, en el que confluyamos todos en un punto común. Y algunos de estos acuerdos elementales creo que están rotos. Por ejemplo, esta idea de que “no necesariamente más inversión es mejor inversión”, que creo que se la escuché decir al presidente [Luis] Lacalle [Pou]. Tenemos una brecha de inversión entre la educación privada y la pública, se redujo en los gobiernos progresistas y ahora con la caída de la inversión pública seguramente vuelva a aumentar. Si no acordamos que tenemos que invertir más en educación a mediano y largo plazo, estamos muy mal.
¿Qué debería poner el FA sobre la mesa en su campaña política y qué atacar primero en un eventual nuevo gobierno?
La pobreza infantil. Ahí tenemos un desafío, porque es uno de los grandes fracasos del gobierno: en una operación de marketing dijo que iba a invertir 50 millones de dólares en la infancia, y eso en términos relativos es muy poco. La prueba está en que hay centros CAIF construidos y cerrados. Y eso no lo podemos permitir.
El sistema educativo tiene mucho para hacer. Pero no puede solo, no podemos pedirle que resuelva todos los problemas de la sociedad. Tiene que ser parte de una estrategia más integral, en la que el Estado debería aterrizar en algunos territorios donde hoy no está o está en forma descoordinada. En conjunto con todos los dispositivos educativos que tenemos, trabajar en coordinar e ir resolviendo algunos de los problemas en materia de acceso a la alimentación, a la salud, a la salud mental y, en ese marco, algunas políticas que vienen de los gobiernos frenteamplistas han sido muy importantes. Por ejemplo: los liceos de tiempo extendido y tiempo completo. Ahí tenemos un resultado muy bueno en materia educativa, que es distinto a lo que pasa en la escuela.
¿Pensás que debería haber más?
En primaria tenemos una evolución demográfica que va a hacer que las cohortes cada vez sean más chicas y, a la vez, hay una demanda muy alta de la sociedad en materia de cuidados. En secundaria estoy convencido de que sí tenemos una razón académica de peso, porque los resultados cambian y mucho.
Siempre ha sido muy duro con los gobiernos frenteamplistas y se olvida que nosotros prácticamente logramos universalizar el ciclo básico, cuando veníamos de niveles muy bajos, y casi la universalización de tres años. Todavía queda la tarea de universalizar bachillerato, y tenemos el desafío de ampliar la cobertura en el tramo de cero a dos años. Esto implica también trabajar la comunidad urbana y los espacios públicos, donde no tenemos, sobre todo en los espacios más periféricos, una infraestructura amigable para los niños, y ni que hablar para los chiquitos. Pero sin grandes acuerdos no veo posibilidad de hacer grandes transformaciones, y esos acuerdos tienen que pasar por el plano político-partidario y por el social.
A pesar de la falta de acuerdos, se instalaron modificaciones a partir de la LUC y la reforma educativa, entre otras cosas. En caso de que el FA sea gobierno en las próximas elecciones, ¿se evalúa retroceder?
Lo que el FA no debería de hacer es decir: “Esta es mi Transformación Educativa. El escenario ideal sería generar un espacio de trabajo, que contemple lo sindical, lo social y lo político. Y después, evidentemente, el FA tendrá que decidir sobre retomar algunos ámbitos que para mí son muy importantes en la educación: la existencia de los consejos, la voz docente.
No tengo dudas de que muchas de las cosas de la LUC hay que modificarlas. No necesariamente volviendo al modelo anterior, pero sí integrando a los docentes, esclareciendo la obligatoriedad de la inscripción a los estudiantes en los centros educativos, y conformar nuevamente el sistema educativo público. Tenemos que tener niveles de coordinación macro entre las instituciones que son muy grandes. A su vez, tenemos que intentar que los estudiantes aprendan, permanezcan y culminen. Ese cambio es paradigmático. Y si bien se produjeron cambios importantes en el gobierno del Frente, quizás nos faltó más dinámica, sobre todo en acortar las brechas.
Distintos especialistas han aseverado que los cambios educativos en gobiernos del FA fueron lentos. En tanto, el secretario general de la Fenapes, Emiliano Mandacen, dijo que “el FA montó la mesa para que Robert Silva se sentara y comiera”. ¿Qué evaluación hacés del proceso del FA y cómo se relaciona con lo sucedido en este período?
Robert Silva fue consejero electo por los docentes. No sé si el FA dejó servida la mesa. Si uno analiza la inversión educativa, los procesos de democratización, de creación de carreras, de oferta educativa territorial, de reducción de brechas entre los más pobres y los más ricos, de cobertura, de aprendizaje, de la repetición, de deserción, de generación de dispositivos que antes sólo se podían acceder a través del mercado y que ahora se transformaron en bienes públicos, tuvimos transformaciones sumamente positivas.
Cuando digo que no fuimos lo suficientemente rápidos estoy hablando de que no logramos que esas brechas quedaran en cero, que la inversión educativa pública sea igual a la inversión educativa privada –a pesar de que tuvimos una reducción importante de esas brechas–, que no logramos aumentar sustantivamente la tasa de titulación docente. Esos son debes que el FA tiene, pero no comparto el análisis que hacen algunos sindicatos, en particular la Fenapes [Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria], de que el FA dejó la mesa servida para una privatización educativa. Es un error. Y creo que en algunos casos no se valoró lo que se estaba haciendo. Pero algunas de las cosas se van a valorar con el paso del tiempo, como que un director no tenga que preocuparse si se le llueve el techo del centro educativo o si tiene que arreglar la cisterna, porque tiene que enfocarse en lo pedagógico.
El sistema de participación público-privada permitió construir muchos centros educativos que de otra forma no hubieran sido posibles: nos permitió abrir más de 150 centros, entre CAIF, jardines, UTU, liceos y polideportivos, y fue la obra pública más importante en los últimos 20 años. Pregúntele al gobierno cuántos liceos hizo. Esa transformación se hizo con la mirada de enfocarse en lo educativo, y no creo que eso le haya abierto las puertas a una perspectiva privatizante de la educación.
Has reiterado la importancia de la inversión. ¿Es un punto promesa del FA?
Hay dos cuestiones que tienen que estar sobre la mesa: la presupuestal y el fortalecimiento del sistema público, más en una sociedad que cada vez valora más el conocimiento. No tengo dudas de que va a ser una de las prioridades presupuestales, porque siempre lo fue. Tenemos que discutir más presupuesto, pero también el para qué: cómo hacemos para mejorar las condiciones educativas de los centros, reducir la violencia, mejorar la vinculación con el territorio de los centros educativos. Si tenemos esos acuerdos, no se tienen por qué cumplir en cinco años, podemos pensar en una perspectiva de mediano plazo, en la que uno diga que queremos una estabilidad laboral, una carrera funcional, que se valore el tiempo dentro del sistema, la formación.
Hay que ponernos a trabajar en donde podemos tener miradas que confluyan, y eso implica un esfuerzo para todos, porque el FA, los partidos del actual gobierno y los sindicatos van a tener que estar dispuestos a ceder en algunas cosas. Pero en el contexto actual es imposible, porque nunca tuvieron intención de acordar absolutamente nada, ni con el FA ni con los sindicatos. También hay que recordar que el FA tuvo muchísimos conflictos con el sindicato. Yo valoro muy positivamente la recolección de firmas [contra 135 artículos de la LUC], porque eso nos permitió reconstruir y reconciliarnos con buena parte de nuestra base social, pero también hay que saber que no todo lo que plantean los sindicatos el FA lo puede acompañar, porque no está en condiciones de hacerlo.
¿Con qué educación se encuentra el gobierno que asuma?
Con docentes enfrentados entre sí y con buena parte de la política, con estudiantes que no saben qué materias van a tener, con docentes que no saben qué cursos tienen que dar, con una reforma que está inconclusa y que se hizo de la peor forma posible: con la tesis de shock. Y eso no había pasado nunca en Uruguay, ni siquiera con [Germán] Rama. Estoy convencido de que el gobierno se equivocó. La educación no es un campo de batalla, no alcanza con vencer, hay que convencer, y ese fue el principal error del gobierno, por eso el FA está haciendo tanto hincapié en la participación. Pero nos deja en una situación compleja, porque vamos a tener que tomar decisiones en ese escenario, y creo que va a implicar algunos cambios en materia curricular, tendrán que venir también cambios en materia legislativa, y sobre esta marcha, ir cumpliendo los otros objetivos de carácter presupuestal y de ampliación de oferta. El FA entonces tiene un desafío muy grande, porque además tiene que reconstruir la confianza con actores sociales que la perdieron. Se perdió la confianza en el FA, sobre todo después de la esencialidad, aunque no sólo, y no nos podemos permitir fallar en los organismos de participación.