Fueron varias las veces que el liceo Zorrilla fue ocupado por el gremio estudiantil durante la actual administración de gobierno. El año pasado, en particular, la ocupación casi termina en un desalojo por la fuerza, después de que los estudiantes se negaran a desocupar sin que las autoridades de la educación les confirmaran una instancia de negociación para atender sus planteos. Si bien fueron recibidos por algunos integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), no recibieron soluciones concretas a sus planteos y poco después se volvió a tomar la medida de ocupación.
En ese marco, este jueves el gremio estudiantil volvió a ocupar el liceo. Más allá de los reclamos planteados a las autoridades el año pasado, en los últimos días se registraron problemas de infraestructura adicionales. De hecho, este lunes y martes la dirección del centro educativo debió suspender las clases en algunos turnos por varios apagones, causados por fallas en la llave general.
Si bien la luz fue restablecida, los estudiantes entienden que el problema de fondo –lo antiguo y obsoleto de la instalación eléctrica– no está resuelto y, por lo tanto, corre riesgo la integridad de los alumnos y de los funcionarios del centro educativo. Además, marcaron que no se están pudiendo encender los equipos de aire acondicionado que fueron comprados con dinero de la asociación de padres, lo que sería necesario en días con muy bajas temperaturas.
Foto: Mara Quintero
La ocupación de este jueves comenzó a las 7.30 y sobre el mediodía el gremio recibió la primera intimación policial para proceder al desalojo. A las 13.30 ya estaba montado el dispositivo que creó este gobierno para proceder al desalojo de centros educativos: dos camiones blindados y cerca de una veintena de efectivos de la Guardia Republicana que esperan órdenes para actuar en caso de que el desalojo no se dé por la vía pacífica.
Micaela Melgar.
Foto: Camilo dos Santos
Al igual que en la ocupación de octubre del año pasado, quien intermedió entre los estudiantes y la Policía fue la diputada del Partido Comunista del Uruguay Micaela Melgar, quien recién había arribado al liceo para monitorear cómo se daban los hechos. Además de Melgar, también estuvieron observando lo ocurrido y dialogando con los estudiantes el consejero docente en el Codicen, Julián Mazzoni, y el senador socialista José Nunes.
Después de leer su proclama, los estudiantes procedieron al desalojo pacífico y se dirigieron a la sede de la Asociación de Funcionarios de UTU, donde realizaron una asamblea en la que descartaron volver a ocupar el liceo y convocaron a una conferencia de prensa, en la que plantearon su preocupación tanto por el operativo policial desplegado como por la falta de instancias de negociación con la directora general de Educación Secundaria, Jenifer Cherro.
Reclamos y falta de respuestas
Ezequiel Díaz, Josefina Delgado y Felipe Zarazola, voceros del gremio estudiantil, manifestaron a la prensa su preocupación porque el centro educativo no cuenta con habilitación de Bomberos, lo que implica que ante un eventual incendio no hay condiciones adecuadas para evacuar a estudiantes y docentes. Sobre los problemas con la luz eléctrica, señalaron que antes de que se quemara la llave general, cuando sí se actuó rápidamente, en los anteriores apagones el centro educativo no recibía respuestas a tiempo de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES).
Si bien plantearon que mantienen un buen diálogo con la dirección del liceo, los voceros lamentaron que desde ese espacio no cuentan con suficiente autonomía para resolver los problemas planteados. En ese sentido, lamentaron que, tras enviar distintas notas a Cherro con la intención de tener una instancia de negociación, se las han negado. Ante la falta de respuestas, el gremio tomó la decisión de ocupar, medida que no fue la primera opción, según aseguran. Lamentaron que la DGES no los tome en cuenta como interlocutores válidos, cuando son quienes habitan el liceo siete horas por día y lo único que están haciendo es reclamar condiciones dignas de estudio.
Sobre el accionar policial para el desalojo, los voceros aseguraron que se dio con un diálogo “súper hostil” y que el oficial a cargo del operativo les respondió que él “no estaba en condiciones de negociar nada”. Al igual que en ocupaciones anteriores, desde el gremio solicitaron que se presentara en el liceo el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (MI), Matías Terra, quien también se negó a concurrir si el liceo estaba ocupado. Finalmente, lograron una respuesta afirmativa luego de enviar un oficio al MI por intermedio de un abogado, y desde el gremio lamentaron que les pidieron un celular para concretar la reunión, pero nunca los contactaron.