Desde la mañana de este viernes hasta la tarde se llevó a cabo un encuentro de las consejerías electas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) del período de 2010 hasta la actualidad. Los 25 participantes -de 30 convocados- ocuparon cargos de representación docente a través de las elecciones propuestas por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) y la Asamblea Técnico Docente (ATD).
Durante la extensa jornada de análisis, organizada por el equipo del consejero docente Julián Mazzoni y por el exconsejero Néstor Pereira, se trabajaron tres ejes: un balance de los 14 años de representación docente en los distintos subsistemas y en el Consejo Directivo Central (Codicen), el “estado actual de la participación docente en la ANEP” y las “prospectivas en el contexto de debate social sobre educación pública”.
Al finalizar el encuentro, emitieron una declaración sobre cuatro temáticas: “Sobre la participación”, “sobre la autonomía”, “sobre el presupuesto de la educación” y “perspectivas” de futuro.
Acerca del primer punto, aseguraron que luego de la promulgación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) “se ha constatado el debilitamiento en el proceso de participación en la ANEP”. Para ejemplificar, subrayaron “la pérdida del carácter colegiado de los consejos de Educación Inicial y Primaria, de Educación Secundaria y Educación Técnico Profesional (UTU)”.
Según explicaron, “la sustitución de dichos consejos por direcciones unipersonales propone figuras más próximas a cargos gerenciales del ámbito privado, situación que no ha mejorado la gestión y que muchas veces ha operado en sentido contrario”. Una de las consecuencias que identificaron por la “pérdida de los consejos” es “la eliminación de los consejeros electos en la conducción de los subsistemas mencionados”. La preocupación radica en que su figura “permite aportar la mirada pedagógica y técnica, relacionándose fluidamente con los colectivos representativos de los docentes, además de tener un rol de cercanías en el territorio con los centros educativos”.
Por otro lado, se refirieron a que durante este período de gobierno los planes y los programas fueron creados en el ámbito de la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas del Codicen, “en detrimento de la especificidad técnica de los subsistemas, y relegando además a las ATD a un mero rol de emitir opinión sobre planes ya prediseñados, instalando un clima de pseudo-participación”.
Con relación a la participación, reafirmaron la constatación de “un rechazo categórico de las ATD de todos los subsistemas a la transformación educativa propuesta” y, por otro lado, señalaron que las autoridades de la educación no convocaron al Congreso Nacional de Educación durante todo el quinquenio, a pesar de ser la “máxima expresión de participación ciudadana en cuanto a que modelo de educación aspiramos como país”.
Sobre la autonomía, manifestaron que Uruguay “se distingue en el mundo por tener un sistema de educación estructurado sobre la base de entes autónomos”. En relación, recordaron el artículo 202 de la Constitución de la República: “La Educación Pública está regida por ‘uno o más Consejos Directivos Autónomos’ que no tienen relación de dependencia respecto al Ministerio de Educación y Cultura (MEC)”. Sin embargo, aseguraron que como consecuencia de la LUC “este principio se ha visto debilitado, debido a que el MEC “pasa a tener potestades sobre el ente autónomo ANEP”.
Foto: Ernesto Ryan
Educación y más educación
El presupuesto para la educación siempre ha sido un eje de reivindicación. En el análisis entre las consejerías, aseguraron, sin embargo, que en este quinquenio “ha existido una significativa caída del presupuesto en el área educación y, en particular, en la ANEP”.
Además, esgrimieron que no es que “solamente se han asignado menos recursos para la ANEP, sino que los porcentajes de ejecución han decrecido, lo que implica que dineros disponibles no se han utilizado”. Una de las consecuencias que visualizaron es “la pérdida salarial de más de 60 mil trabajadores del ente, lo que significó que cada funcionario haya resignado un porcentaje de su salario en el quinquenio”.
También identificaron otros cambios negativos vinculados: “El rubro inversiones en obras nuevas, ampliaciones y mantenimiento ha descendido respecto del periodo anterior de gobierno” y, “si bien la matrícula descendió en los últimos años como consecuencia de la baja de la tasa de natalidad, paradojalmente la inversión por alumno ha empeorado en ese período”.
De acuerdo a los consejeros docentes electos, los efectos de las distintas áreas en donde cayó el presupuesto han “significado una reducción sustantiva de grupos y superpoblación de estudiantes en cientos de ellos, recorte de horas de clase y, en consecuencia, desocupación total o parcial para docentes. La mala gestión ha provocado grupos sin docentes y docentes sin grupos”. Asimismo, identificaron que “se han suprimido miles de horas de coordinación en educación secundaria y en los primeros años reducción de horas de apoyo, tutorías y becas”, así como también registraron “un número insuficiente de funcionarios administrativos, auxiliares de servicio, porteros y grupos multidisciplinarios de apoyo”.
Un futuro urgente
Este año es el último con las actuales autoridades de la ANEP. De cara al nuevo gobierno que iniciará en 2025, los consejeros acordaron, bajo el título “Perspectivas”, que ratifican “en todos sus términos el principio de autonomía y proponemos la instauración de una conducción democrática de la ANEP que apueste al diálogo con docentes, estudiantes y familias”.
En ese marco, se refirieron también a la Transformación Educativa llevada adelante por la ANEP, y opinaron que es “un grave retroceso en la educación pública, que implica un ataque al derecho de la educación en todas sus dimensiones”. Enfatizaron en “su carácter inconsulto” y, por tanto, en la necesidad de “devolver el carácter protagónico a los docentes en tanto profesionales de la educación, particularmente en lo referido a evaluación y elaboración de planes y programas, considerándose especialmente los pronunciamientos de las ATD”.
Exigieron, así, “la reinstalación inmediata de los consejos de educación desconcentrados, y, en consecuencia, la convocatoria en el menor tiempo posible a elecciones para consejeros docentes en esos subsistemas”.
A su vez, manifestaron que “será adecuado” que en los primeros años del nuevo gobierno se convoque al Congreso Nacional de Educación “para delinear los principales acuerdos que la ciudadanía en general proponga, de modo de impulsar los grandes ejes que otorguen dirección a una educación pública sinérgica con un proyecto de país con justicia social, de modo de avanzar en políticas de estado que trasciendan ciclos electorales”.
Con base en “los niveles de pobreza que impactan sobre infancias y adolescencias”, esbozaron como “urgente instrumentar políticas integrales para que todo el estudiantado concurra a los centros educativos con sus necesidades básicas satisfechas”, y, para lograrlo, aseguraron que “es necesario coordinar con otros organismos estatales”.
En cuanto al presupuesto, reiteraron que la asignación necesaria es el 6% del Producto Interno Bruto más 1% para ciencia e investigación, ya que, de esta forma, se “posibilitaría instaurar un número adecuado de estudiantes por grupo, mejorar la ratio docente-estudiante, aumentar el otorgamiento de becas, horas de tutorías y acompañamientos, posibilitar la presencia en los centros educativos de equipos multidisciplinarios, así como un número adecuado de auxiliares de servicio, administrativos y porteros”.
Se refirieron también a otra necesidad: “Potenciar la educación rural de modo de dar mayores oportunidades en el territorio a niños y jóvenes de ese medio”. Por otro lado, específicamente sobre la formación en educación, propusieron “que se desarrolle en una institucionalidad universitaria con las funciones características de la educación superior: docencia, investigación y extensión” y, por esa razón, sugirieron “la creación de una Universidad Nacional de Educación, pública, estatal, autónoma y cogobernada”.
Para finalizar, los consejeros estuvieron de acuerdo en la necesidad de derogar ciertos artículos de la LUC: los que “comprometan la autonomía de la ANEP subordinando el ente autónomo al MEC”; aquellos que “posibiliten la mercantilización del sistema educativo”; los que “signifiquen la pérdida del carácter colegiado de los consejos desconcentrados, así como la eliminación de los cargos de consejeros electos”. También reclaman derogar los artículos que “supriman el carácter público del Sistema Nacional de Educación (SNEP) y del Sistema Nacional de Educación Terciaria”, que “habiliten al procedimiento voluntario de reconocimiento del carácter universitario de carreras de formación en educación”, que “vulneren conceptos de laicidad y libertad de cátedra”, que “reduzcan exigencias para ocupar cargos directivos en el Codicen de la ANEP” y, por último, los que “precaricen y flexibilicen condiciones laborales de los docentes”.