Recientemente, los docentes nos despertamos con la noticia de la aprobación del Plan de Egreso y Titulación para Docentes en Ejercicio por parte de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La medida ha generado una intensa discusión dentro del sistema educativo. Mientras algunos la defienden como una forma de atender una deuda histórica con los docentes en ejercicio, una parte importante del colectivo docente la considera una respuesta equivocada a un problema real.
No está en discusión la necesidad de aumentar la cantidad de docentes titulados. Ese ha sido un objetivo compartido durante décadas. Lo que sí merece un profundo debate es el camino elegido para alcanzarlo.
En primer lugar, este plan parece responder más a la necesidad de incrementar rápidamente el número de docentes titulados que a fortalecer verdaderamente la formación docente. Si el objetivo es que más educadores obtengan su título, el Estado debería invertir en políticas que faciliten ese proceso mediante becas, licencias especiales para estudiar, mayores apoyos económicos y una oferta formativa más accesible, sin disminuir las exigencias académicas que históricamente han caracterizado a la profesión.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta propuesta es el mensaje que transmite respecto al valor del título docente. Miles de profesores hemos dedicado años de estudio para obtener nuestra titulación. Muchos lo hicimos mientras trabajábamos, sosteníamos una familia o incluso ejercíamos la docencia en forma interina. Ese esfuerzo personal constituye parte del prestigio de la profesión y no debería verse relativizado por mecanismos extraordinarios que reducen significativamente los requisitos para acceder al mismo reconocimiento académico.
La preocupación no termina allí. Muchos docentes continuamos formándonos mediante diplomados, especializaciones, maestrías e incluso doctorados. Resulta legítimo preguntarse qué lugar ocupa el título de formación docente dentro de ese recorrido académico si su obtención deja de responder a un proceso formativo completo. Esta discusión adquiere aún mayor relevancia cuando la propia formación docente continúa sin contar con una universidad propia, a pesar de tratarse de un reclamo histórico del sistema educativo uruguayo.
Quienes defienden esta medida suelen recordar que el Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET) desarrolló años atrás programas especiales de titulación. Sin embargo, esa comparación resulta incompleta. Aquellos programas estaban dirigidos a profesionales universitarios o técnicos superiores que ya contaban con una sólida formación disciplinar y debían complementar específicamente su preparación pedagógica. El plan recientemente aprobado amplía considerablemente ese criterio y habilita la obtención del título en situaciones muy diferentes, incluyendo docentes que aún no han culminado su formación.
También es cierto que la modificación del artículo 69 de la Ley General de Educación, incorporada por la Ley de Urgente Consideración, encomendó a la ANEP desarrollar mecanismos para que los docentes en ejercicio pudieran obtener el título habilitante. Sin embargo, esa disposición legal no establecía de qué manera debía concretarse ese objetivo. Cumplir con la ley no implica necesariamente optar por el camino más flexible.
También podría haberse avanzado fortaleciendo la formación docente mediante mayores recursos, buscando la construcción sólida de la tan deseada universidad de la educación y aprovechando la infraestructura ya existente de los Centros Regionales de Profesores, los Institutos de Formación Docente y las modalidades semipresenciales que funcionan desde hace varios años, las cuales permiten a los docentes que aún no egresan cursar las asignaturas.
Otro aspecto que merece ser analizado es la forma en que se aprobó esta resolución. Los representantes docentes en el Consejo Directivo Central de ANEP, que votaron favorablemente esta iniciativa, nunca plantearon durante la campaña electoral que impulsarían un mecanismo de estas características. Por el contrario, muchas de sus propuestas se centraban en cuestionar diversas políticas impulsadas por la administración anterior. Resulta llamativo que hoy recurran precisamente a una disposición incorporada por aquella normativa para justificar esta decisión. A ello se suma la escasa difusión previa del proyecto y la rapidez con que fue aprobado, lo que redujo significativamente las posibilidades de un debate amplio dentro del colectivo docente.
Es indiscutible que la educación media uruguaya se sostiene, en buena medida, gracias al trabajo de miles de docentes que aún no poseen título habilitante. Muchos de ellos cuentan con títulos universitarios o terciarios y realizan un valioso aporte al sistema educativo. Esa realidad merece ser reconocida y atendida.
Si durante años el sistema no generó condiciones suficientes para que miles de docentes culminaran su formación, la respuesta no debería ser flexibilizar los requisitos para obtener un título, sino crear las condiciones necesarias para alcanzarlo.
Sin embargo, reconocer esa trayectoria no implica renunciar a la exigencia de una formación docente completa. Del mismo modo que un profesor de educación media no puede ejercer la docencia universitaria sin cumplir los requisitos académicos correspondientes, quienes provienen de otras profesiones también deberían completar la formación pedagógica necesaria para obtener el título docente. El Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que ello sea posible, pero sin reducir los estándares académicos. Debemos recordar que esta medida también afectará a los docentes no titulados, los cuales no cuentan con ningún tipo de acreditación, más allá de algunas materias aprobadas de la carrera. Si a estos docentes se les flexibiliza este camino, la situación se vuelve completamente injusta para los docentes que sí se titularon y deja muy mal parada a la formación docente frente a la opinión pública.
La discusión de fondo no es si los docentes en ejercicio merecen oportunidades para titularse. Sin duda las merecen. El verdadero debate consiste en decidir qué modelo de profesionalización queremos construir para la educación pública uruguaya.
Si durante años el sistema no generó condiciones suficientes para que miles de docentes culminaran su formación, la respuesta no debería ser flexibilizar los requisitos para obtener un título, sino crear las condiciones necesarias para alcanzarlo. Profesionalizar no significa facilitar la llegada al título; significa facilitar el camino para obtenerlo mediante una formación rigurosa y de calidad.
La educación pública necesita más docentes titulados, pero también necesita que esos títulos continúen representando una sólida preparación académica y profesional. Resolver una deuda histórica no puede hacerse generando una nueva. Si realmente aspiramos a fortalecer la educación uruguaya, el camino no consiste en reducir las exigencias de la formación docente, sino en garantizar que todos puedan alcanzarlas.
Reynaldo Carrero es docente efectivos de Historia. Cursa la maestría en Historia política y cultural en la Universidad de Montevideo.