“Cerro libre de acosadores y violadores”, decía una pancarta que hace poco más de un mes fue colgada a las afueras de la UTU del Cerro. “Iván Bravo fuera del Cerro”, esgrimía otra. Estos mensajes aparecieron luego de que Bravo, docente de Secundaria y de UTU, fuera denunciado por acoso sexual y violación a la laicidad por parte de estudiantes y docentes del liceo Miranda.
En ese caso, Secundaria actuó de acuerdo al protocolo para los casos de abuso y acoso, y lo separó del cargo de manera preventiva hasta que Jurídica expida una resolución. Sin embargo, en UTU continuó ejerciendo como docente, lo que fue repudiado por el núcleo sindical de la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) de Montevideo mediante un comunicado público.
“Exigimos que las autoridades cumplan con la normativa vigente, como la Ley de Violencia Basada en Género N° 19.580 (2018) y el Mapa de ruta ante situaciones de violencia hacia adolescentes de educación media de la ANEP (2023), accionando los protocolos necesarios para proteger y prevenir la vulneración de derechos de nuestr@s estudiantes”, manifestaron en el comunicado. “Construir un espacio seguro implica acciones de protección y eso exigimos. El barrio ya está atravesado por diversas violencias y desigualdades, nuestro centro educativo debe ser un lugar seguro y de refugio”, continuaron.
Excelente postura del núcleo sindical y los gurises de la UTU del cerro !!! https://t.co/d9OVn5wUuD pic.twitter.com/yUlAWaLPu7
— Maximiliano Arcieri (@MaxiArcieri) June 20, 2024
Fuentes del núcleo sindical del Cerro narraron a la diaria que, a partir de este caso y de la continuidad hasta ahora del docente a pesar de la denuncia en curso, se organizaron con otros núcleos sindicales de la zona, incluso del Polo Educativo Tecnológico Cerro, para exigir a las direcciones de los centros educativos y a la dirección general de UTU que se “protejan las infancias y adolescencias” de acuerdo a los protocolos mencionados en el comunicado.
Para los docentes sindicalizados, eso significa que a aquellos profesores que trabajan tanto en Secundaria como en UTU, que son denunciados por acoso u otras violencias en Secundaria y separados del cargo, se les aplique la misma medida en UTU, “por lo menos hasta que haya resoluciones”.
Es que, según esgrimieron, el caso de Bravo no es el único, y tienen nombre y apellido de otros docentes en la misma situación en UTU. “No son pocos los casos que sabemos de personas con denuncias o situaciones de acoso en la educación”, afirmaron. En ese contexto, y a partir de que la denuncia de Bravo se hizo pública, el grupo de profesoras y profesores entendió que, en su “rol de educadores y educadoras”, tenían que “proteger a los chiquilines”.
El reclamo continúa sin respuesta
Por otro lado, desde el sindicato denunciaron que si bien en Secundaria se activa el protocolo de acoso, “en UTU no existen dispositivos reales de protección hacia los gurises”. “Están muy frágiles frente a un docente, porque, si bien están los protocolos, no se cumplen. Hay estudiantes que tienen alguna situación con algún docente y lo que se hace es que presenta queja a dirección y ahí termina. Depende de la dirección si se deriva a otro lugar o no”, esgrimieron.
Como agregado, manifestaron que muchas veces la denuncia no prospera por “amiguismo”. En ese sentido, el núcleo sindical manifestó que en UTU “hay varios casos, no sólo de acoso sexual, sino también laboral, de profes a profes, de jefes a trabajadores, y son muy pocas las herramientas que hay dentro de la institución para enfrentar la situación. Si bien hay un Departamento del Estudiante, la realidad es que no sucede nada”.
Hasta el momento, los reclamos a las direcciones y a la dirección general no han tenido una respuesta. Según el núcleo sindical, más allá de la denuncia realizada por personas en particular, quieren que se haga “una revisión de la UTU y que se aplique en todos los casos; que las autoridades se pongan las pilas y le presten atención a este tema, porque tiene que ver con los derechos de los chiquilines. Los centros educativos necesitan ser espacios seguros y no lo estamos logrando por diferentes motivos; entonces, si se transforman en un lugar más de vulneración de derechos de los adolescentes, como docentes tenemos que denunciar y luchar contra eso porque es parte de nuestro rol”.