Quienes asumen como autoridades políticas en cada quinquenio lo hacen con el compromiso de poner en acción un programa de gobierno que anuncian. En el caso de las actuales autoridades, la Universidad de la Educación y un presupuesto digno son algunas de las promesas electorales contraídas con la ciudadanía uruguaya. Del mismo modo, el principio de participación de los órdenes docentes, estudiantes y egresados fue proclamado como estructurante del modelo de esta gestión.
En la Formación en Educación hemos atravesado un duro desmantelamiento que afectó las dimensiones institucional y académica: ambas venían proyectándose desde lógicas universitarizantes y pasaron a estar subsumidas a las directivas del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) o a las directivas de un Marco Curricular Nacional con lógicas tecnocráticas durante el último quinquenio. Ante este triste escenario, el cambio de autoridades políticas prometía cambios. Vale decir que se abrió un clima de esperanza transformadora cuando las autoridades político-partidarias asumieron sus cargos. Saber que se designarían a docentes como autoridades educativas produjo la razonable ilusión de que la mirada docente no se pierde al cambiar de lugar en el organigrama.
Desde el comienzo de la gestión el orden docente exigió a las autoridades políticas una política educativa propia de Formación en Educación acorde a la educación superior y una agenda planificada para comenzar a producir los cambios necesarios. La Consejería Docente representativa de la mayoría de los docentes de todos los centros e institutos viene señalando con mucha preocupación no haber concretado la instalación plena de todos los espacios de participación para pensar juntos la salida ante tal desinstitucionalización.
El actual conflicto se enmarca en una secuencia de procesos que aún no logran laudarse con celeridad. Permanece el cuestionado Plan 2023 y aún no se han conformado las estructuras académicas que se requieren para pensar las formaciones de las distintas carreras.
Esta movilización de estudiantes y docentes de la mayoría de los institutos y centros del país produce un antes y un después. Una decisión de ajuste presupuestal a pocos días de la elección de horas, con un fuerte recorte de grupos y cursos, no es una actitud seria.
El déficit del Consejo de Formación en Educación, generado a través de muchos años, por no haber sido acompañado con propuestas presupuestales acordes al proceso de expansión de las carreras ofrecidas por la demanda de formación de jóvenes y adultos que eligen la profesión docente como oportunidad de educación superior y además como opción laboral a lo largo de todo el país, es una deuda histórica de toda la clase política gobernante.
Es sabido que el cambio de las condiciones laborales previamente debe contar con las máximas garantías para entablar formas de negociación colectiva. Esto ha sido fuertemente reclamado por el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe), lo cual no ocurrió, además de no poder contar con la información sobre toda la oferta educativa para el año lectivo 2026.
El déficit del Consejo de Formación en Educación, generado a través de muchos años, por no haber sido acompañado con propuestas presupuestales acordes al proceso de expansión de las carreras ofrecidas por la demanda de formación de jóvenes y adultos que eligen la profesión docente como oportunidad de educación superior y además como opción laboral a lo largo de todo el país, es una deuda histórica de toda la clase política gobernante.
A esto se suma el modelo de la denominada transformación educativa y otras decisiones que incrementaron exponencialmente el gasto con administradores poco responsables con el uso y distribución de los recursos económicos, que desviaron los dineros públicos en beneficio de instituciones privadas o dentro del propio sistema público de forma discrecional. Estas decisiones fueron señaladas por los colectivos docentes organizados como poco acertadas (Salas Nacionales de Departamentos Académicos, Asamblea Técnico Docente, Sidfe).
Estimadas autoridades de la educación: apelamos a que este conflicto, no generado por docentes y estudiantes, sea resuelto con procedimientos democráticos que integren la voz de los órdenes docente y estudiantil. La negociación requiere al menos tres condiciones: crear un espacio público para la discusión de un tema integrando las partes interesadas, la puesta en conocimiento de la información completa para crear posiciones fundadas y la capacidad de diálogo para generar consensos.
La educación y los compromisos no se negocian. La recuperación de la cultura universitarizante y la concreción de la Universidad de la Educación no pueden quedar sujetos a los parámetros de la economía o de quienes la dirigen.
Estimadas autoridades políticas: este no es el camino; exhortamos a cumplir con los compromisos asumidos y a crear los mecanismos para garantizar que la Formación en Educación ofrezca los recursos necesarios para que la apertura de los grupos y cursos de todos los centros e institutos no se vea lesionada.
La educación pública es una cuestión de principios de justicia, igualdad y equidad. La protección del derecho a la educación de las infancias, adolescencias y adulteces es una responsabilidad ética y política de los gobernantes.
La educación no es un gasto, ni tampoco un botín de negociación.
Nirian Carbajal es consejera del Orden Docente en el Consejo de Formación en Educación.