El debate educativo se fortalece cuando distintas miradas dialogan con respeto, evidencia y apertura al aprendizaje. Las preguntas planteadas por Javier Alliaume Molfino sobre la educación emocional como política pública merecen ser consideradas seriamente, no para cerrarlas, sino para ampliarlas desde la investigación pedagógica, la ética del cuidado y la experiencia concreta de nuestras escuelas.
Una inquietud central es qué significa que el Estado promueva la educación emocional. Esta preocupación es legítima en toda sociedad democrática. Sin embargo, educar emocionalmente no implica decidir qué deben sentir las personas ni controlar su vida interior. Su objetivo es garantizar condiciones que favorezcan el desarrollo integral, la convivencia pacífica y el bienestar psíquico de niñas, niños y adolescentes, del mismo modo que otras áreas educativas reconocidas, como la alfabetización, la educación sexual o la educación en derechos humanos.
Se ha argumentado que la educación emocional podría trasladar problemas sociales al plano individual. La evidencia internacional reciente muestra que los programas más sólidos de aprendizaje socioemocional (SEL) fortalecen dimensiones colectivas: mejoran el clima escolar, promueven la participación, favorecen la resolución pacífica de conflictos y refuerzan el sentido de pertenencia (Cipriano et al., 2023; Ha et al., 2026; Shi & Cheung, 2024). En contextos de desigualdad, estos programas no aíslan a los estudiantes, sino que ayudan a reconstruir vínculos y comunidad dentro de la escuela.
En Uruguay, la tesis doctoral de Carmen Albana Sanz (2024) en la Universitat Ramon Llull – Blanquerna ofrece evidencia situada. Su estudio de caso en una escuela pública de Casavalle mostró mejoras en la regulación emocional, la convivencia, la asistencia y el bienestar docente y estudiantil cuando se implementaron programas con formación docente y enfoque comunitario. Esto demuestra que la educación emocional no individualiza problemas, sino que funciona como prevención social y fortalecimiento del cuidado institucional. Además, estudios recientes muestran que la formación docente en competencias emocionales potencia la eficacia de los programas SEL (Heredia Escorza, Gil Rendón & Pasquel López, 2024).
Educar emocionalmente no implica decidir qué deben sentir las personas ni controlar su vida interior. Su objetivo es garantizar condiciones que favorezcan el desarrollo integral, la convivencia pacífica y el bienestar psíquico de niñas, niños y adolescentes.
Otra preocupación frecuente es la posible moralización de la educación emocional. Toda educación transmite valores; la cuestión no es si existe una ética, sino cuáles. La educación emocional contemporánea se basa en principios compartidos: derechos humanos, cultura de paz, justicia restaurativa y cuidado mutuo, que dialogan con tradiciones pedagógicas críticas orientadas a la dignidad y la participación. Organismos internacionales como Unesco (2025) recomiendan integrar el aprendizaje socioemocional en los sistemas educativos para promover la equidad y la inclusión. También destacamos que en casi todos los países de Iberoamérica los respectivos poderes legislativos han tomado especial preocupación y han incorporado la educación emocional dentro de los marcos normativos sobre educación y enseñanza, sobre lo cual existen estudios de derecho comparado (Ettlin, 2023).
Quizá la pregunta más urgente no sea qué riesgos existen al promover la educación emocional, sino qué ocurre cuando no se atiende el sufrimiento emocional infantil. La violencia escolar, el malestar psíquico temprano y el abandono educativo son realidades presentes en América Latina. Si contamos con herramientas pedagógicas que pueden prevenir parte de ese dolor, el debate deja de ser solo técnico y se vuelve ético.
Esto no elimina la necesidad de discutir cómo diseñar políticas públicas, qué participación docente garantizar y cómo proteger la autonomía pedagógica. Ese debate es imprescindible. Pero reconocer esos desafíos no debería impedir ver el propósito central: cuidar la vida emocional de la infancia como dimensión inseparable del derecho a la educación.
La educación emocional no sustituye la justicia social ni resuelve por sí sola las desigualdades. Sin embargo, puede ampliar derechos, humanizar la experiencia escolar y abrir condiciones para transformaciones más profundas. En tiempos de creciente malestar social, lejos de ser una amenaza para la educación crítica, la educación emocional es una de sus aliadas más necesarias.
Enrique Morrone es integrante de la Comisión de Apoyo a la Ley de Educación Emocional, y Carmen Albana Sanz es coautora del mencionado proyecto de ley.
Referencias
- Cipriano, C, Strambler, M, Naples, L, Ha, C et al. (2023). The state of evidence for social and emotional learning: A contemporary meta-analysis of universal school based SEL interventions. Child Development, 94(5), 1181-1204.
- Ettlin, E (2023). Panorama sobre la educación emocional. Un estudio de derecho comparado, y sobre las necesidades de avanzar hacia una legislación en la materia en Uruguay. Doctrina & Jurisprudencia, LXIV, 73-91.
- Ha, C et al. (2026). New evidence on SEL programs and academic achievement. Review of Educational Research.
- Heredia Escorza, Y, Gil Rendón, M & Pasquel López, C (2024). Evaluación del impacto del desarrollo profesional de docentes sobre inteligencia emocional. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 18(1).
- Shi, J & Cheung, A (2024). Effective Components of Social Emotional Learning Programs: A Meta-analysis. Journal of Youth and Adolescence, 53(4), 755-771.
- Unesco (2025). Integrar el aprendizaje social y emocional en los sistemas educativos: guía de políticas.