Es marzo de 2022 en una escuela pública de tiempo completo de Montevideo. Cuando la clase está en el recreo, tres niños y una niña de entre 7 y 8 años vuelven al salón a buscar algo. Cuando llega la maestra, ve que están bailando y encuentra a uno de los niños realizando un movimiento pélvico atrás de la niña. De acuerdo con el relato del niño, ella era su novia y antes había querido darle un beso. La niña, que tiempo antes había motivado una intervención por haber besado a algunos compañeros en la misma escuela, no se sintió cómoda y la maestra debió intervenir.
En lo que se entendió como un episodio sexualizado, pero dentro de lo normal para niños de esa edad, el centro educativo consideró oportuno intervenir por medio del programa Escuelas Disfrutables de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), de forma de problematizar la situación. Ese día fue al centro educativo a buscar a la niña un hombre que se presentó como su “abuelo del corazón”, que convivía con ella y su madre. En la escuela le plantearon que el lunes debía concurrir la mamá de la niña para hablar de lo sucedido.
La familia de la niña no quedó conforme con la intervención y semanas después hizo distintos escraches al niño, a quien acusó de abusador. Uno de ellos fue en la propia escuela, con carteles y pancartas. La madre de la niña también apeló a las redes sociales, en las que difundió la cara del niño, que en ese momento estaba a punto de cumplir 8 años.
No conforme con eso, a fines de marzo también presentaron una denuncia policial alegando que en el episodio del salón de clases existió abuso sexual. En un principio, dos fiscales, uno de adolescentes y otro de delitos sexuales, consideraron que por tratarse de niños de 8 años no era posible una intervención y derivaron el caso a un juzgado de familia. La jueza que tomó el caso, Julia Staricco, entendió que correspondía ordenar medidas cautelares al niño denunciado, en el sentido de lo que establece la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, que no establece una edad límite para ello.
En concreto, dispuso que el niño no podía estar a menos de 300 metros de distancia, lo que, obviamente, implicó que no podía seguir yendo a la escuela, ya que la niña era su compañera de clase. Además, se estableció que debían borrarse las publicaciones de redes sociales y que los padres del niño debían asegurar que la medida no se incumpliera, ya que por la edad el niño no podía ser responsable ante un eventual incumplimiento, explicó a la diaria Mariana da Silva, docente de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que un año después accedió al caso. En ese momento, ante la falta de un abogado de oficio, la familia del niño tuvo que contratar un defensor privado, que le cobró 65.000 pesos por acompañarla a un par de audiencias. La madre trabaja como empleada doméstica y para afrontar el gasto se vio obligada a sacar un préstamo.
En 2022 Staricco dijo a la diaria que “cuando hay una denuncia de abuso, sea la víctima niña o mayor [de edad]”, las medidas cautelares “siempre se imponen”. Según supo la diaria con base en fuentes del Poder Judicial, el principal aspecto que llevó a la jueza a imponer las medidas cautelares fue que la niña quedó con miedo de concurrir a la escuela y, de hecho, registró varias inasistencias en las semanas siguientes al episodio.
Lejos de parecer algo normal, en el sistema educativo la situación causó una importante sorpresa. En 2022 la inspectora de la escuela a la que asistía el niño estaba bajo la jurisdicción de Ana Sosa, que se desempeñaba como inspectora departamental en Montevideo. Ahora jubilada, Sosa dijo a la diaria que ese fue el primer caso por el que vio que a un niño de esa edad se le impusieran medidas cautelares. No obstante, lamentó que después de ese año se enteró de otros dos casos.
Entre los escraches organizados por la familia de la niña y la disposición de la jueza, el niño, que en su trayectoria escolar no había presentado mayores problemas de conducta, estuvo un mes sin poder ir a la escuela. A partir de ese día de marzo de 2022 comenzaron meses que fueron un verdadero infierno para él y su familia, que ahora reclama que todo el accionar judicial sea anulado y denuncia “perfilamiento racial y adultificación institucional en la actuación policial y judicial”.
Segregación, escraches y la ruptura del vínculo educativo
El niño denunciado es afrodescendiente. Su madre, que ahora vive con tres hijos en otro barrio de Montevideo, cuenta que hay días en que puede hablar del tema y otros en los que no, porque todavía el llanto se vuelve incontenible al relatar el periplo.
Entrevistada por la diaria, contó que se enteró de lo sucedido un día que fue a buscar a su hijo a la escuela y estaba todo lleno de pancartas en su contra, el día de uno de los escraches. Si bien Ana Sosa habló de problemas de relacionamiento entre ambas familias, la madre del niño contó que nunca había tenido ningún altercado con la mamá de la niña. De hecho, hasta el día de hoy intenta entender por qué tanto ensañamiento con su hijo.
No conforme con que el niño ya no concurra a la escuela, la madre de la niña se encargó de esparcir el rumor en el barrio, en el que estaba instalada buena parte de su familia, y en la nueva escuela a la que fue derivado. Al respecto, la madre del escolar denunciado recordó la dificultad para que ambos niños no se cruzaran en el barrio, ya que vivían a pocas cuadras y, por ejemplo, concurrían al mismo supermercado a hacer las compras. Da Silva, por su parte, contó que el niño también tuvo que dejar de concurrir a su cuadro de baby fútbol porque la madre de la niña alegó que su hija lo veía practicar desde la ventana de su casa.
Entre medio, la mamá recuerda con rabia que su hijo de 8 años recibía insultos en la calle: “negro violador, negro de mierda, negro esto, negro lo otro”. En ese contexto, el niño, que tenía algunas dificultades de aprendizaje, no entendía lo que estaba pasando y comenzó a tener importantes problemas de salud mental. Desde ese momento se le contabilizan tres intentos de autoeliminación y múltiples ataques de pánico, sobre todo cuando se enfrentaba al relacionamiento con mujeres y niñas que no eran de su entorno familiar.
Por eso, el proceso para volver a la escuela fue extremadamente complejo. Primero, no fue sencilla la derivación a un nuevo centro educativo alejado de la zona en la que se movía la niña y que no fuera a trasmano para la familia. Además, el traslado se produjo a mitad del año lectivo.
Según dijo Sosa, si bien desde la DGEIP tenían que acatar la disposición judicial, no entendían cómo un niño de 8 años podía estar catalogado como abusador sexual, rótulo que su madre vio en una comisaría cuando un policía giró un monitor para mostrarle el avance de la denuncia. La exinspectora recordó que en primera instancia desde la escuela donde ocurrió el episodio fueron “muy autocríticos” para analizar por qué los niños quedaron solos en el salón de clases. De todas formas, dijo que en las escuelas –y en particular en las de tiempo completo– es común que en algunos momentos puntuales los escolares deambulen por distintos espacios del local.
Las dificultades para volver a la escuela
La sentencia de Staricco, que llegó a mitad de 2022, mandató también a la Administración Nacional de Educación Pública a tomar las medidas correspondientes para que el niño mantuviera su escolarización. Sin embargo, el margen de acción de la DGEIP era acotado. Sosa recordó que, en una primera instancia, le entregó una computadora a la familia, que había perdido la suya, para que el niño pudiera estar en contacto con su maestra de forma virtual. De todas formas, señala que el niño quedó “emocionalmente muy dolido” y “la maestra sola no podía”.
Enseguida se pusieron a buscar una nueva escuela, con la complejidad de que ya había transcurrido más de la mitad del año lectivo. Primero se le consiguió una escuela de práctica, pero quedaba a más de 40 cuadras de su casa, por lo que a la familia se le dificultaba llevarlo. Su madre comenzó a faltar al trabajo y la echaron de una de las casas en las que trabajaba, lo que representó un duro golpe a la economía familiar.
Sosa recuerda que en la nueva escuela no encontraron mucho apoyo ni del equipo directivo ni del equipo docente para incluir al niño, que quedó marcado por lo que había vivido en su escuela anterior. “El niño no tuvo un año lectivo normal. Faltó mucho, fue muy discriminado, no quería jugar con nadie, en particular con las niñas. Después la maestra trató de integrarlo, cuando en realidad el niño tendría que haberse integrado de una”, lamentó.
La madre recordó que en esa etapa ella debía entrar a la escuela para que el niño aceptara ingresar o, de lo contrario, tenía que esperar afuera durante las cuatro horas del turno escolar por si había algún problema. “Fue como pasar a tener un niño con discapacidad de un momento al otro”, dijo.
Llegó un momento en el que la vida en el barrio se volvió insostenible, y la familia logró una resolución judicial que establecía que el Estado debía otorgarle una vivienda en otra zona. La mudanza implicó empezar de cero en una zona desconocida y con un contexto socioeconómico que tampoco es el mejor. Además, el proceso no fue tomado a bien por los hermanos del niño, que también debieron cambiar de entorno de un día para el otro. De hecho, la madre contó que uno de sus hijos culpabilizó a su hermano menor de todo lo vivido.
En ese momento, Sosa intervino para conseguirles lugar en una escuela de tiempo completo en el barrio a ambos hermanos, que estaban en etapa escolar. “Ya que me cagaron la vida, por lo menos consíganme lugar en esta escuela”, le pidió la madre.
Más allá de que de a poco el niño pudo quedarse en la escuela sin la presencia de su madre, siguió medicado y con atención psiquiátrica. Comenzó a rezagarse en los aprendizajes, ya que sus dificultades iniciales se profundizaron. Ahora está cursando sexto grado, pero no sabe leer ni escribir.
Su madre está desesperada por las herramientas con las que su hijo enfrentará la etapa liceal y su etapa adolescente, con un particular temor a que la falta de oportunidades lo lleve a cometer algún delito.
Intento de reparación y no repetición
A fines de 2022, la familia del niño tomó contacto con la Organización Social Salvador, que ofrece servicios de atención a personas afrodescendientes. Además de apoyar a la familia económicamente, llevó adelante distintos procesos de acompañamiento, uno de los cuales fue la asistencia jurídica.
En diálogo con la diaria, Orlando Rivero, integrante de la organización, apuntó contra la jueza que dispuso inicialmente las medidas cautelares hacia el niño y la culpa de haberles arruinado la vida al niño y su familia. Además, responsabilizó de igual forma a distintos organismos del Estado que no dieron ninguna respuesta adecuada a la familia ni al niño. Por ejemplo, cuestionó el casi nulo accionar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y también la forma en que se procesó la mudanza a la vivienda actual. Según dijo, no se dio ningún tipo de apoyo a una familia que tenía dificultades económicas y ninguna red en el nuevo barrio. Además, cuestionó que haya sido el Estado el que dispuso dónde debían rehacer su vida, sin ningún margen de elección.
Rivero afirmó que la familia no conocía sus derechos en el plano judicial, lo que explica, entre otros aspectos, que no hayan recurrido formalmente a la disposición de medidas cautelares inicialmente.
En 2023, la organización social que acompaña a la familia se puso en contacto con la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho, pero ya había poco margen de acción para revertir el daño, lamentó Da Silva. Por el contrario, la apuesta de Salvador y también de los docentes y estudiantes universitarios es, por un lado, lograr algún tipo de reparación para que al menos el niño pueda leer dentro de unos años una sentencia que reconozca el daño causado. Por el otro, se intenta evitar que un caso como este se repita.
Por eso, la organización presentó el caso ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en una denuncia que, además de plantear que a sus 8 años el niño fue tratado por el sistema judicial como un adulto, afirma que existió discriminación por motivos raciales. En particular, la denuncia apunta que en el episodio de presunto abuso que desencadenó todo también intervinieron otros dos niños que no son afrodescendientes, pero el accionar judicial los excluyó del caso.
Precisamente, la denuncia sostiene que la adultificación de niños y adolescentes afrodescendientes es un típico rasgo de una lógica de “intervención policial y judicial de excepción y con claros atisbos raciales”.
Otro de los aspectos cuestionados es que se ignoraron informes técnicos, como el elaborado por profesionales del programa Escuelas Disfrutables de la DGEIP, que establecían que lo ocurrido fue un episodio sexualizado, pero que no podía catalogarse como abuso sexual. Al respecto, Sosa, que además de maestra es psicóloga, dijo que la infancia está acompañada de un proceso de “descubrimiento” de los niños, muchas veces influido por cosas que imitan del mundo adulto. En ese sentido, dijo que cuando una situación “se pasa del límite” aceptable, hay que intervenir y consultar con los actores que correspondan, pero es deseable trabajarlo dentro de la escuela.
Sobre el caso de 2022, la exinspectora afirmó que se quedó con la sensación de que la jueza estaba “más alineada a la familia de la niña” y que el niño “quedó desamparado y con un rótulo que no corresponde” para esa edad.
En un sentido similar y más allá de que entendió que la intervención para asegurar los derechos de la niña era necesaria, Da Silva señaló que los derechos del niño fueron totalmente vulnerados. Además de que se afectó totalmente el derecho a la educación, la abogada y docente fue enfática en que un menor de 13 años es inimputable, ya que no es consciente de los delitos que puede cometer. Más allá de que a finales de 2022 las medidas cautelares quedaron sin efecto y el caso se archivó, para Da Silva todo el accionar se puede resumir con la palabra injusticia.
Informe de la SCJ
En el marco del caso que aún está a su estudio, la INDDHH solicitó un informe sobre el accionar del Poder Judicial a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Según pudo saber la diaria, se remitió un informe similar que el que se había enviado en 2023 al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, ya que el organismo había sido consultado en esa instancia sobre el caso.
Si bien no fue una sentencia unánime de la SCJ, ya que se aprobó con un voto en contra, el informe respaldó el accionar de la jueza Staricco, en el entendido de que se preocupó por la situación de la niña y de que dispuso la intervención de otros actores del Estado para asegurar que no se vulneraran los derechos del niño.
Según valoró Da Silva, la resolución del organismo no fue la esperada, ya que se pronunció sobre el cumplimiento de aspectos procedimentales del proceso judicial y no sobre el asunto de fondo: si corresponde o no imponer medidas cautelares a un niño de 8 años. Además, dijo que el informe del órgano no consideró algunos aspectos del procedimiento, como la demora para asignarles un abogado de oficio, lo que ocurrió 43 días después de que se le impusieran las medidas cautelares al niño.
Con relación al planteo de perfilamiento racial, el informe de la SCJ descarta que eso haya ocurrido y sostiene que la individualización se basa en que la denuncia fue inicialmente contra el niño afrodescendiente, según indicaron fuentes del Poder Judicial a la diaria.