En el marco del último proyecto de Rendición de Cuentas, enviado al Parlamento esta semana, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) solicitó una reasignación de ingresos con destino a gastos relacionados a algunos de los programas educativos que lleva adelante. Entre las iniciativas priorizadas se encuentra el Plan Nacional de Alfabetización en Cárceles, para el que se solicitó una partida de 12.857.077 pesos uruguayos, monto que también se prevé distribuir hacia la apertura de nuevos Centros Educativos de Capacitación, Arte y Producción, a cargo del MEC.
Según datos reportados por el MEC, entre 2021 y 2024 este mismo organismo realizó una encuesta de alfabetización a aproximadamente 3.000 personas privadas de libertad residentes en distintas cárceles del país. Entre los resultados del estudio se constató que entre 46% y 53% de la población encuestada se encuentra en situación de analfabetismo, ya sea absoluto o funcional. A su vez, según un diagnóstico elaborado en 2015 por Fernando Filgueira para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, más del 60% de la población carcelaria en aquel momento no accedía a ninguna propuesta formal de educación. Pasada más de una década desde aquel informe, los números de la actualidad indican que la situación no se ha modificado sustancialmente. Según registros del Ministerio del Interior, a la fecha del 31 de diciembre de 2024 el número total de personas privadas de libertad en el país era 16.124. En paralelo, de esa población alcanzaron a participar en el programa de Educación en Contextos de Encierro brindado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) un total de 5.909 personas, distribuidas entre el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), según expresan datos reportados por la ANEP.
El Programa Nacional de Educación en Cárceles pertenece al área de Educación, Derecho y Territorios de la Dirección Nacional de Educación (DNE) del MEC. Creado en la ley de presupuesto de 2020-2024, lleva adelante tres ejes principales vinculados a educación y trabajo, arte y cultura, y mediación a la lengua. En el marco de este programa, los talleres proyectados por el MEC en 2026 para ser brindados en cárceles incluyen 24 propuestas educativas y culturales en 11 unidades penitenciarias distribuidas en nueve departamentos del territorio nacional. Sin embargo, según señala el organismo, las demandas del INR ascienden a 45 propuestas educativas, lo que muestra una gran diferencia entre la solicitud del sistema penitenciario y lo que el programa llega a cubrir.
Plan Nacional de Alfabetización en Cárceles
El último programa de gobierno del Frente Amplio incluyó entre sus prioridades para el período 2025-2030 una campaña nacional de alfabetización en cárceles. La meta propuesta por el gobierno aspira a alcanzar la alfabetización de al menos 3.500 personas privadas de libertad para el fin de este período. Esta campaña involucra, además de al MEC, a la ANEP y su Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA), al INR y a la Universidad de la República. La mesa de coordinación interinstitucional entre estos organismos fue constituida en julio de 2025 y, a partir de entonces, se comenzó a trabajar desde tres líneas de acción que involucran la realización de un “diagnóstico nacional del derecho a la educación en cárceles”.
Mediante un relevamiento de información, dicho diagnóstico prevé poder acceder a la situación actual de la infraestructura disponible para las prácticas educativas dentro de las cárceles, la oferta de cursos existentes y la demanda real de la población que allí reside. A su vez, el segundo eje de acción plantea generar un “muestreo de saberes de alfabetización” coordinado por la DEJA, que pueda reflejar mediante una prueba qué grado de alfabetización tienen las personas privadas de libertad de entre 18 y 60 años -en este caso, únicamente de sexo masculino-. Asimismo, esta prueba será realizada a aquellas personas que no hayan culminado con el ciclo de educación primaria. Por otra parte, y como tercer eje de acción, se plantea la incorporación de grupos de alfabetización en cárceles, los cuales se prevé que alcancen a un máximo de diez participantes privados de libertad por educador encargado del grupo.
Desde el MEC, el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, señaló en diálogo con la diaria que el acceso a la educación en contextos de encierro continúa siendo un desafío, ya que, teniendo en cuenta las cifras actuales de analfabetismo en cárceles, “no se está cumpliendo con la educación como derecho” en ese contexto. Además, remarcó que las cárceles deberían funcionar como espacios que permitan acceder a nuevas herramientas y conocimientos, con el objetivo de favorecer la reinserción social una vez recuperada la libertad.
En esa línea, explicó que el Plan Nacional de Alfabetización apunta a que el espacio de reclusión deje de ser un ámbito centrado únicamente en el control y se convierta también en un entorno pedagógico, aunque entiende que dentro del ámbito cotidiano de las cárceles “el espacio educativo muchas veces depende de una dinámica que no es la educativa”. La propuesta apunta a que las personas privadas de libertad puedan adquirir competencias vinculadas a la lectura, la escritura, la expresión artística, como así también a distintos oficios.
Quirici destacó que se enmarca dentro de un trabajo colectivo y de carácter interinstitucional, ya que son varias las organizaciones estatales que deben interceder en este contexto para que se lleven adelante las distintas propuestas proyectadas. En esa línea, resaltó el trabajo que se realiza en conjunto con el INR y el Inisa, instituciones que a partir de su experiencia con la temática, han articulado acciones para fortalecer las propuestas educativas en los contextos de encierro.
Rendición de Cuentas prevé más recursos para horas docentes en cárceles
Los equipos relacionados al trabajo en cárceles incluyen a educadores vinculados directamente con el MEC, maestros o maestras pertenecientes a la DEJA, operadores penitenciarios con vocación educativa, estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, como así también “tutores pares”, un rol que refiere a aquellas personas privadas de libertad que, luego de haber consolidado un nivel educativo adecuado para la tarea, están dispuestas a acompañar el trayecto educativo de sus pares.
En el marco de la Rendición de Cuentas, la DNE solicitó un incremento presupuestal con el objetivo de ampliar los recursos destinados a la contratación de educadores para las cárceles. Actualmente, según señaló Quirici, el programa cuenta con 30 duplas de educadores, que concurren dos veces por semana a los centros penitenciarios. Con el aumento de presupuesto solicitado, planteado a través de una redistribución de recursos a la interna del MEC, la proyección es llegar a tener alrededor de 50 duplas, lo que implicaría un incremento cercano al 75% en la cantidad de educadores. “Eso nos permitiría estar llegando a todos los penales del país o reforzando en aquellos donde sabemos que la cantidad de jóvenes analfabetos es grande”, señaló Quirici.
Entre las unidades penitenciarias que concentran la mayor cantidad de personas analfabetas destacó las de los departamentos de Montevideo, Canelones y Maldonado. A su vez, señaló que este refuerzo presupuestal para ampliar la inversión en horas educativas permitiría consolidar la campaña de las prácticas alfabetizadoras en cárceles. Además, Quirici manifestó que otro de los desafíos del plan pasa por garantizar la continuidad de los espacios educativos dentro de las cárceles y evitar que queden sujetos a las dinámicas de control propias del contexto o a las sanciones internas de los establecimientos penitenciarios. En ese sentido, explicó que los talleristas y educadores de la DNE defienden especialmente la importancia de preservar la “grupalidad” una vez conformados los espacios de trabajo. Según indicó, buscan que los grupos educativos puedan mantenerse en el tiempo y que no sean interrumpidos como consecuencia de conflictos o penalizaciones dentro de las unidades, ya que eso afecta los procesos pedagógicos y altera la dinámica construida entre los participantes.
Quirici sostuvo que estas discusiones en cuanto a las dinámicas del contexto de encierro forman parte de una acumulación de experiencias y aprendizajes sobre cómo pensar la educación en cárceles de manera progresiva y con una perspectiva centrada en derechos. Por otra parte, señaló que una de las apuestas del plan es generar experiencias piloto de alfabetización en distintos centros penitenciarios que luego permitan evaluar los resultados y dar seguimiento a las trayectorias de las personas privadas de libertad una vez que recuperan la libertad. Según indicó, el objetivo es que estas prácticas no se limiten únicamente al período de reclusión, sino que también contribuyan a construir procesos de reintegración social sostenidos en el tiempo.
El director nacional de Educación consideró además que el impulso dado a la educación en cárceles representa “un posible punto de partida diferente” en materia de políticas educativas en contextos de encierro. En ese sentido, vinculó la propuesta con la prioridad que el Poder Ejecutivo ha planteado para incrementar la inversión en infancia y educación durante este período, incluyendo específicamente a la educación en cárceles. Según sostuvo, el objetivo no pasa por repetir experiencias anteriores, sino por profundizar y consolidar procesos que se vienen desarrollando en los últimos años. En esa línea, señaló que existe una “acumulación positiva” de aprendizajes y prácticas sobre educación en contextos de encierro que hoy permite proyectar una política de mayor alcance.
Quirici adelantó además que, una vez aprobada la Rendición de Cuentas y definido el panorama de inversión en horas docentes y equipos de coordinación, la DNE prevé presentar el diseño de la política de prácticas alfabetizadoras en cárceles, en conjunto con el INR y la ANEP. La iniciativa buscará dar a conocer a la ciudadanía el funcionamiento de las duplas alfabetizadoras que trabajarán en las cárceles, como así también otras estrategias previstas dentro del plan, además de detallar en qué unidades penitenciarias se implementarán y cuáles serán los resultados esperados.
