Tres docentes de la Universidad de la República (Udelar) publicaron un artículo académico en el que abordan algunos “mecanismos de privatización” en la educación terciaria en Uruguay. Carolina Cabrera, Avril Regueira y Virginia Fachinetti, docentes de la Comisión Sectorial de Enseñanza, se propusieron abordar algunos “mecanismos incipientes de privatización” que observaron en los últimos años en el caso de los posgrados en educación, a través de dos casos concretos.
Uno de ellos es el de la beca de posgrado Carlos Quijano, que de forma anual otorga el Ministerio de Educación y Cultura, y el otro, el de becas de posgrado promovidas por el Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) en el gobierno pasado.
Con respecto a las becas Carlos Quijano, se tomaron las asignaciones realizadas a partir de 2020, cuando empezaron a darse para posgrados en educación, ya que antes de ese año se otorgaban para el cursado de posgrados de áreas disciplinares diversas. El apoyo económico es financiado con recursos del presupuesto nacional, con el pago del Fondo de Solidaridad y con eventuales donaciones, y viene en aumento desde su creación, en 2008. Según detalla el artículo, publicado en la revista Archivos Analíticos de Políticas Educativas, ese año se otorgaron ocho becas y en 2024 se llegaron a financiar 28.
Según señalan las investigadoras, la orientación del fondo a financiar becas en el campo de la educación estuvo orientada a partir de las motivaciones de la transformación educativa que se llevó adelante en el gobierno anterior. En ese sentido, luego de la llegada de la Coalición Republicana al gobierno, también observan un cambio en la procedencia institucional de los becados. Mientras que hasta 2019 predominaban estudiantes de posgrados en universidades nacionales y públicas, en 2024, el último año analizado, más de la mitad se otorgaron para la cursada en universidades privadas.
Al respecto, afirman que las becas en el sector privado fueron 54 y 55% de los apoyos otorgados en 2023 y 2024, respectivamente, y que la proporción entre universidades privadas nacionales llegó a ser casi cuatro veces mayor a la de públicas nacionales. Según se muestra, en 2024 se financiaron tres becas para cursar posgrados en universidades públicas uruguayas y 11 para hacerlo en instituciones privadas de Uruguay –a ello hay que sumarle otras diez becas para universidades públicas en el extranjero y cuatro para universidades privadas del exterior–. Ello contrasta, por ejemplo, con 2019, cuando las becas para el sector público fueron 91% del total de apoyos –diez en total, seis en universidades nacionales y cuatro en instituciones extranjeras–.
En cuanto a las becas de posgrado que otorgan el CFE y la ANII, las autoras del artículo recuerdan que el vínculo entre ambas instituciones comenzó a gestarse en 2016, con el objetivo de que docentes del organismo puedan realizar actividades de investigación académica. Además de un fondo para que docentes del CFE puedan presentar proyectos de investigación, se explica que en 2018 se habilitó una convocatoria a becas de posgrado, financiada con recursos del fondo no ejecutados. Según se agrega, en 2023 se firmó un convenio específico para financiar becas para estudios de maestría y doctorado de docentes del CFE en áreas de interés para el organismo.
Además de la tradicional convocatoria a becas de posgrado que para todos los campos de conocimiento realiza la ANII año a año, en 2024 se realizó también una convocatoria específica para docentes del CFE. Según se detalla, en este último caso, se financiaba la cursada de determinados posgrados detallados en la convocatoria, todos ellos en universidades privadas: máster en Formación de Formadores de la Universidad ORT Uruguay, maestría en Educación de la Universidad de la Empresa y maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente de la Universidad Montevideo.
Por lo tanto, las autoras concluyen que, a través de dicha convocatoria, “se promueven con fondos estatales estudios de posgrado en educación ofrecidos solamente por instituciones privadas”.
El artículo plantea que se trata de experiencias puntuales que “pueden llegar contribuir a largo plazo o a otras escalas a procesos de privatización educativa” y sostiene que los cambios en los instrumentos generados en el gobierno anterior se enmarcan en la denominada transformación educativa. En ese sentido, se señala que pueden asociarse a un partido político y, de hecho, en el actual gobierno las autoridades del CFE definieron dejar sin efecto la convocatoria para becas en universidades privadas nacionales y optaron por la generación de un convenio con una universidad pública argentina.
Según plantean las conclusiones del artículo, estos mecanismos podrían contribuir “a generar un proceso de privatización en el nivel educativo terciario del país”. De todas formas, sostienen que ello se da todavía de forma incipiente, dado que, a diferencia de otros países de la región, Uruguay tiene una “matriz educativa pública”, en particular en la educación terciaria, donde las instituciones de ese sector concentran a la gran mayoría de la matrícula.
En ese sentido, el artículo ilustra que si bien “entre 2010 y 2018 la mayoría de los países de Latinoamérica registraron un aumento del sector privado sobre el sector público” –por ejemplo, en Perú el sector privado aumentó 12,17 % sobre el público–, en cuatro países el sector privado disminuyó su matrícula. Entre estos casos se destaca el de Uruguay, donde el sector público aumentó su matrícula 6,58% con relación al privado, lo que implica el mayor aumento de dicho sector en todo el continente.
Las autoras definen que en la literatura sobre educación superior se plantean que los mecanismos de asignación de fondos públicos al sector privado se pueden dar tanto “a través del financiamiento de la oferta (directamente a las instituciones de educación superior) o a la demanda (a través de sistemas de becas y créditos)”. Además, señalan que si bien las reformas tendientes a la privatización en muchos países se vienen dando desde hace décadas –principalmente en los 80 y 90–, a partir de la pandemia en la región “se visualizó un pasaje al financiamiento a la demanda como forma de privatización”.
En ese sentido, al referirse a los ejemplos uruguayos analizados en el artículo, se señala que “en los dos casos se trata de un direccionamiento de fondos del sector público al privado”.
Más allá de la predominancia del sector público en la educación uruguaya, el artículo recuerda que, en particular en el área educativa, “el desarrollo de los posgrados en educación en Uruguay surgió en los años 80 en las universidades privadas”. En ese sentido, se señala que recién en la primera década del siglo XXI en la Udelar se creó una maestría en Enseñanza Universitaria, una maestría en Psicología y Educación y una maestría en Química con opción Educación Química. “Estos elementos apuntan a que la investigación y la formación de posgrado en educación en Uruguay son aún incipientes por su escasa temporalidad”, se afirma, y se complementa que “la oferta de posgrados en educación en instituciones privadas ha aumentado y adicionalmente se han diversificado los actores involucrados en este tipo de formación”, que incluye a universidades públicas extranjeras.
